Caracas, 30 de abril de 2025.- El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), presentó este miércoles la edición 36° de su Informe Anual sobre la Situación de Derechos Humanos en Venezuela correspondiente al período enero – diciembre 2024, en el que se registran los principales avances, retrocesos, obstáculos y amenazas para la realización de 14 derechos humanos en el país.

Venezuela: un pueblo resuelto a vivir con dignidad y a vivir en la verdad
Los venezolanos depositaron sus esfuerzos y convicciones democráticas en un proceso electoral que, como afirmamos en julio pasado, debía servir para abrir el camino a la superación de la crisis, el restablecimiento de la institucionalidad y el rescate del Estado de Derecho.
Desde el principio, la ruta hacia las elecciones del 28 de julio fue minada por el gobierno de Maduro. El desconocimiento de los Acuerdos de Barbados, la ratificación de la inconstitucional inhabilitación contra la candidata ganadora de las primarias opositoras celebradas en 2023, María Corina Machado, la ausencia de garantías electorales y la negativa a aceptar la inscripción ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) de la candidata opositora Corina Yoris, sustituta de Machado, se produjeron en medio de un ascenso sin precedentes de la represión y la persecución política atizadas luego del relanzamiento del plan “Furia Bolivariana” en enero de 2024.
Pese a la escalada represiva, la ruta electoral fue defendida a pulso por la gente y reivindicada el 28 de julio. Millones se movilizaron durante los comicios para ejercer y defender el derecho al voto como un instrumento de cambio pacífico y democrático. Pero tras los apresurados y opacos anuncios del CNE que declararon ganador a Nicolás Maduro, fue claro el secuestro de la voluntad popular que luego fue aplastada mediante la represión ejercida hacia las masivas protestas realizadas a nivel nacional exigiendo transparencia y verdad electoral.
La decisión de Maduro de aferrarse al poder, sin validación de los resultados electorales conforme a la legislación nacional, configuró un punto máximo de la destrucción de la democracia y la demolición deliberada del diseño y práctica democrática de la soberanía popular.
Un modelo económico opaco y violador de Derechos Humanos
El cierre creciente de los espacios democráticos, incluyendo la expresión popular expresada en el voto, genera un profundo impacto en la satisfacción de otros derechos que están estrechamente vinculados con el desarrollo humano y la justicia social.
Diversos indicadores nos muestran que la situación social sigue siendo crítica. De acuerdo a la más reciente Encuesta de Hogares de la plataforma HUM Venezuela, en 2024 cerca del 86,9% de la población se encontraba en pobreza por ingresos y 70,6% en pobreza extrema. Siguen existiendo importantes barreras para el acceso económico a los alimentos: el bajo poder adquisitivo de los hogares se asocia con el estancamiento del salario mínimo en un contexto en el que Venezuela está entre los diez países del mundo con mayor inflación en alimentos, según el Banco Mundial.

En materia de derechos laborales, el gobierno pulverizó importantes conquistas de los trabajadores: prestaciones sociales, salario, cajas de ahorro, convenciones colectivas. Estas violaciones también afectan a jubilados y pensionados, cuyos ingresos también están anclados al valor de un salario mínimo de hambre. Sigue sin haber procesos significativos de diálogo social para que las políticas laborales y de seguridad social se basen en las demandas de la población trabajadora.
Provea documentó un aumento en la persecución política hacia trabajadores en Venezuela, con casos de hostigamiento, despidos y arrestos en el marco de los comicios del 28 de julio. Las represalias afectaron a empleados de instituciones públicas que podrían sumar 395 trabajadores afectados, quienes fueron despedidos por expresar opiniones opositoras o rechazar los resultados electorales. Muchos enfrentaron intimidación, renuncias forzadas y detenciones arbitrarias, bajo acusaciones infundadas de terrorismo.
En materia de derecho a la salud, el panorama en 2024 continuó mostrando el grave colapso estructural del sistema sanitario público, que sigue en más de 80% inhabilitado para prestar servicios a la mayoría de la población, principalmente por el retiro de tres cuartas partes del personal médico y de enfermería capacitado; un pronunciado desabastecimiento de insumos y materiales básicos, y una infraestructura sanitaria sin condiciones aptas para una atención gratuita, suficiente y adecuada, principalmente por falta de suministro de agua y electricidad.

Escalada de abusos
El 23 de enero de 2024 fue relanzado el plan “Furia Bolivariana”, con el cual el Ejecutivo y el resto de poderes públicos cooptados por este, dejaron claro el patrón represivo dirigido a sofocar la crítica, agravando la situación de erosión democrática y la vulneración de los derechos humanos. Se intensificó la persecución política contra toda la ciudadanía con el uso extendido de la legislación antiterrorista y la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, para procesar e imputar a cientos de detenidos.
La abierta asunción de prácticas de terror de Estado por parte de las autoridades –a todos los niveles de gobierno–, mediante la institucionalización de la desaparición forzada, las constantes amenazas de voceros oficiales a través de las redes sociales y el sistema nacional de medios públicos, y los masivos dispositivos de cerco policial y militar en comunidades pobres, afectaron la rutina diaria de buena parte de la población, una situación que se hizo evidente con la lenta recuperación de la dinámica laboral y comercial de las principales ciudades del país.
Entre enero y diciembre, Provea registró 209 denuncias de violaciones al derecho a la integridad personal –con igual número de casos–, que incluyeron a 2.808 víctimas.
2.224 personas fueron víctimas de tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes durante 2024, lo que representa un aumento de 88,1% respecto a la cifra registrada en 2023, y al menos 60 personas denunciaron haber sido víctimas de torturas. La cifra de personas heridas se elevó considerablemente en comparación con los últimos tres años.
Provea registró un total de 2.635 violaciones al derecho a la libertad personal, lo que representa un aumento de 1.347,8% respecto al año anterior y las desapariciones forzadas aumentaron 671,42% con respecto a 2023. Se observa un patrón generalizado que implica detenciones arbitrarias, desaparición forzada y vulneración al derecho de acceso a la justicia y el debido proceso, lo cual incluye impedir la defensa con abogados de confianza.
La violencia institucional policial y militar se mantuvo en 2024 causando 522 personas asesinadas en distintas circunstancias. El deliberado uso excesivo de la letalidad se traduce en graves violaciones al derecho a la vida que pudiesen constituir crímenes de lesa humanidad. En los últimos cinco años policías y militares han asesinado a 6.414 personas. En casi la totalidad de los hechos, los jefes policiales y militares han justificado los asesinatos argumentando que ocurrieron en el marco de enfrentamientos.

Perspectivas 2025
Este año plantea grandes retos para la sociedad civil venezolana debido al ascenso de la represión, el cierre del espacio cívico y la emergencia humanitaria compleja que no deja de lesionar severamente la garantía para los derechos sociales de la población. El escenario actual y la previsible agudización de la crisis económica y política podrían impulsar nuevos ciclos de conflictividad que, si son respondidos desde el autoritarismo, generará nuevas violaciones de Derechos Humanos.
Por ello, contar con un movimiento de Derechos Humanos fortalecido y capaz de responder a las difíciles circunstancias actuales, es una tarea de primer orden. Para quienes, desde diferentes ámbitos, preservan espacios plurales y fomentan la reconstrucción del tejido social no debe ser una opción ignorar las violaciones de los derechos humanos ni aceptar la impunidad.
Las instituciones están llamadas a reforzar la justicia y reivindicar la verdad. Sólo de esta manera podemos alcanzar la convivencia de todos los sectores sostenida sobre la base del Estado de derecho, la protección social y la garantía de la dignidad humana.
Un país que sufre la injusticia con instituciones de espaldas a la gente enfrenta un ciclo vicioso que perpetúa el sufrimiento de sus ciudadanos. La recuperación de la justicia y de la verdad requiere un esfuerzo conjunto de la sociedad civil y de la mayor presión ciudadana para exigir a las instituciones para que cumplan con su mandato constitucional. La movilización social y la educación son fundamentales para romper este ciclo y construir un horizonte de país compartido.
Pese a la complejidad del momento, es oportuno reiterar el llamado a seguir juntos y al lado de un pueblo resuelto a vivir con dignidad y a vivir en la verdad. El atrincheramiento de la coalición gobernante solo beneficia a grupos y sectores privilegiados. La discusión sobre los grandes temas de interés general como la educación, la salud y el progreso económico de las familias más vulnerables ha quedado suspendida. Solo en democracia, podemos recuperar los derechos sociales de la gente.
Prensa Provea