El contexto postelectoral revela una nueva fase del éxodo más grande de la región. En este reportaje especial, se explora cómo la precarización del trabajo, la pulverización del bolívar y la falta de perspectivas ante la continuidad de un régimen autoritario, impulsan la masiva migración forzada de jóvenes. También se examinan los nuevos obstáculos que enfrentan los trabajadores venezolanos ante políticas anti-migrantes de la región. Un llamado urgente a proteger el derecho al trabajo digno dentro y fuera del país.
Por Carlos Patiño | Especial para Provea
Maiquetía parece hoy la respuesta silente a la crisis laboral. Antes que meter currículo o esperar frente al portón de la obra, los trabajadores colman el aeropuerto con maletas apiladas, carpetas de documentos y tarjetas de embarque.
No es una escena nueva, pero sí cada vez más frecuente: en Venezuela, la intención de emigrar entre los jóvenes en edad de trabajar se ha disparado nuevamente tras el ciclo electoral de 2024 y la toma de posesión de 2025, ante la forzada consolidación de un régimen autoritario que vulnera sistemáticamente los derechos humanos y la institucionalidad democrática.
Gabriel Wald, director del Observatorio de Empleabilidad y Procesos Formativos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), confirmó recientemente que, a pesar de ciertos avances en el mercado laboral interno, la percepción de futuro sigue siendo tan sombría, sin perspectivas de mejora, que miles de jóvenes optan por preparar su partida. “La empresa venezolana se ha vuelto más atractiva, pero no suficiente: el contexto macroeconómico y la falta de garantías de derechos laborales básicos impulsan la migración”, explicó Wald en entrevista para El Nacional el 21 de abril de 2025.
Mientras tanto, el bolívar, ese devaluado símbolo del poder adquisitivo de la clase trabajadora, continúa su lenta pulverización. Solo en el primer trimestre de 2025, la moneda perdió 24,6% de su valor frente al dólar estadounidense, consolidando el escenario de dolarización informal y profundizando la brecha entre quienes pueden acceder a divisas y quienes sobreviven en bolívares.
Una generación condenada al éxodo
Venezuela ya ha visto partir a más de 7,7 millones de ciudadanos según datos actualizados de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V), pero ahora, el flujo de salida parece renovarse con especial intensidad en sectores jóvenes y técnicos, marcando otro capítulo doloroso en la sangrante crisis de movilidad humana que vive el país. Profesionales en salud, educación, tecnología, industria petrolera y construcción buscan mejores oportunidades en el exterior, enfrentándose ahora no solo a las dificultades propias del desarraigo, sino también a un clima internacional cada vez más hostil.
Anaís Méndez, de 27 años, técnica radiológica recién graduada, relató en entrevista para El Nacional en febrero de 2025 su desgarradora decisión: “Intenté quedarme, luché. Pero trabajar en un hospital público ganando menos de 50 dólares mensuales me obligaba a hacer guardias triples y aun así no podía costear ni mis medicamentos. No es una vida digna”.
Historias como la de Anaís son cada vez más comunes. Según el último informe del Observatorio Venezolano de Migración (OVM-UCAB), el 68% de los jóvenes profesionales menores de 30 años considera la migración como su principal proyecto de vida. Según la ENCOVI 2024, la migración venezolana sigue siendo mayoritariamente masculina (55%), pero ha cambiado su perfil: mientras en 2017 el 57% de los migrantes tenía entre 15 y 29 años, en 2024 este grupo representa solo el 40%. Ahora predomina el rango de 30 a 49 años (46%).
Además, ha disminuido el nivel educativo promedio: en 2017, el 52% de los migrantes eran técnicos o universitarios; en 2024, el 73% tiene estudios de primaria o secundaria. Este cambio evidencia que la migración ya no es solo un fenómeno de élites profesionales jóvenes, sino una decisión forzada y transversal en todos los estratos sociales y formativos.
Muros visibles e invisibles
El endurecimiento de las políticas anti-migrantes en naciones de tránsito y destino configura un nuevo mapa de obstáculos. Desde México, donde se restringió el acceso al asilo humanitario, hasta Chile, Perú y Ecuador, que implementaron requisitos de visa más estrictos, los migrantes venezolanos enfrentan mayores riesgos de criminalización, xenofobia y explotación laboral.
A este contexto se suma el recrudecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos a partir del nuevo mandato de Donald Trump, cuyas decisiones ya conocidas incluyen la reactivación masiva de deportaciones, la expansión de centros de detención migratoria, el uso de procedimientos exprés sin debido proceso y una criminalización genérica de quienes cruzan la frontera sin visado, incluso si huyen de emergencias humanitarias complejas como la venezolana. Lejos de encontrar refugio, miles de migrantes venezolanos enfrentan un segundo calvario: pasar de ser víctimas del colapso económico y la represión en su país a ser tratados como delincuentes en los países de destino, encerrados en condiciones inhumanas o expulsados sin garantías.
Miguel Ángel Delgado, sociólogo experto en migraciones, explicó en declaraciones recogidas por Armando.info en marzo de 2025: “El problema no es solo salir de Venezuela, ahora es sobrevivir afuera. Muchos jóvenes que antes pensaban en estudiar y trabajar en el extranjero ahora temen ser deportados o caer en redes de trata y explotación”.
La criminalización de la migración forzada no solo viola derechos fundamentales, sino que expone a los venezolanos a situaciones de abuso laboral, explotación sexual, detenciones arbitrarias y otras formas de violencia estructural, como ha documentado recientemente el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
Impacto laboral interno: sectores esenciales en crisis
La fuga de jóvenes en edad productiva tiene consecuencias devastadoras para la estructura laboral venezolana. La salud pública, ya colapsada, pierde cada año médicos, enfermeros, técnicos de laboratorio y paramédicos que emigran buscando sueldos dignos. La educación básica y universitaria también sufre: de acuerdo con la Federación Venezolana de Maestros, más del 40% del personal docente ha abandonado las aulas en la última década.
La industria petrolera, antaño columna vertebral de la economía, ha visto partir a miles de ingenieros, geólogos, técnicos de perforación y gerentes. PDVSA, que en los años noventa era referencia mundial, hoy opera con menos del 20% de su fuerza laboral calificada respecto a 2010, según cifras de la Asociación Venezolana de Ingenieros Petroleros.
“La pérdida de talento humano no es recuperable en el corto plazo”, advierte el economista Manuel Sutherland en su boletín Crónica Uno de abril de 2025. “Cada joven profesional que se va representa años de inversión educativa perdida, pero sobre todo, representa menos capacidad para reconstruir el país”.
Reformas laborales incumplidas y derechos en retroceso
La Ley Orgánica del Trabajo, reformada integralmente en 2012, sigue siendo en gran medida letra muerta frente a la realidad de salarios de hambre, represión sindical y ausencia de seguridad social real.
Tal como documentó Provea en su más reciente Informe Anual sobre Derechos Humanos 2024, la criminalización de la protesta laboral ha aumentado de forma alarmante, con decenas de trabajadores procesados penalmente en el último año solo por exigir mejoras salariales o condiciones dignas. Sindicalistas independientes continúan siendo perseguidos, criminalizados y, en algunos casos, encarcelados.
El salario mínimo venezolano, de apenas 130 bolívares (menos de 5 dólares al cambio no oficial), es uno de los más bajos del mundo. La pérdida constante del valor del bolívar frente al dólar ha pulverizado el poder adquisitivo, condenando a la clase trabajadora a la pobreza extrema.
El rostro humano de la diáspora laboral
Cifras de Médicos Sin Fronteras (MSF) señalan que más del 30% de los migrantes que cruzan el Darién actualmente son venezolanos, y muchos de ellos son jóvenes profesionales. Casos como el de Juan Pablo Rivas, ingeniero eléctrico de 29 años, quien cruzó la selva del Darién en enero de 2025 tras intentar infructuosamente conseguir una visa de trabajo para Chile. “No quería hacerlo así, pero no me dejaron otra opción. En Venezuela ganaba 40 dólares mensuales; no podía mantener a mi hija de tres años. Cruzar esa selva fue como morir y nacer de nuevo”.
“Es una tragedia silenciosa: perdemos maestros, médicos, ingenieros, técnicos. Perdemos futuro”, resume el padre Alfredo Infante, coordinador de Derechos Humanos de la Conferencia Episcopal Venezolana.
Un llamado urgente a la protección del trabajo y la dignidad humana
Hoy, 1 de mayo, cuando el mundo celebra el valor del trabajo, es más oportuno que nunca reflexionar profundamente sobre el costo humano de esta emergencia humanitaria prolongada. No se trata únicamente de cifras ni de balances económicos: se trata de generaciones enteras expulsadas por un modelo político y económico que les negó futuro.
Frente a un escenario internacional cada vez más restrictivo para los migrantes, urge que los Estados de la región y las organizaciones multilaterales garanticen los derechos humanos de los migrantes forzados venezolanos y que se rechacen las políticas de criminalización y exclusión.
Internamente, urge también un cambio de rumbo que garantice condiciones laborales dignas, frene la represión de trabajadores, estabilice la moneda y abra vías reales para la reintegración laboral y social de quienes aún hoy resisten o sueñan con regresar.
La migración venezolana post electoral es mucho más que un fenómeno demográfico: es el retrato de un país que sigue pidiendo, a gritos, el derecho a quedarse y construir una vida digna en su tierra.
