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En 2018, los venezolanos representaron el segundo mayor número de desplazamientos internacionales, con 341.800 nuevas solicitudes de asilo, lo que significa que uno de cada cinco solicitantes de asilo en el mundo proviene de Venezuela. Así lo ha constatado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en su informe “Tendencia Globales: desplazamiento forzado en 2018” publicado hoy 19 de junio de 2019 (Pág. 6 y 41).

Para el ACNUR, “Varios factores interconectados están provocando las salidas de Venezuela, pero dado el deterioro de las condiciones políticas, socioeconómicas y de derechos humanos, queda claro que las consideraciones de protección internacional, de acuerdo a la definición de refugiado de la Convención de 1951, el Protocolo de 1967 y la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984, pueden aplicarse a la mayoría de venezolanos” (Pág. 25 y 26).

Las 341.800 nuevas solicitudes de asilo se suman a los 2,6 millones de venezolanos que ya habían salido del país “muchos de los cuales tienen necesidades de protección internacional, pero no solicitaron asilo … Este número representa una subida importante respecto a las 116.000 solicitudes de 2017, 34.200 de 2016 y 10.200 de 2015” destaca el informe (Pág. 44). En consecuencia, los solicitantes de asilo venezolanos se multiplicaron por tres en 2018 con respecto a 2017, siendo Perú el mayor receptor de solicitantes de asilo (Pág. 42).

La dimensión de la migración forzada de venezolanos ha llevado al ACNUR a considerarlos en una categoría especial como “Ciudadanos de Venezuela desplazados en el extranjero” (Pág. 54). Se trata de personas que podrían ser consideradas como refugiados de origen venezolano pero que no solicitan asilo en el país en el que se hallan. Una importante conclusión el informe es que para el ACNUR “la mayoría de ciudadanos venezolanos o personas apátridas que residían habitualmente en Venezuela están en necesidad de protección internacional de acuerdo con los criterios de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados, en razón de amenaza a sus vidas, a su seguridad o a su libertad como resultado de acontecimientos que están alterando seriamente el orden público en Venezuela” (Pág. 63).

Según el ACNUR, los obstáculos impuestos por Venezuela y por países de la región para la salida y entrada de los migrantes, hacen que las personas que toman trochas o vías irregulares se expongan “a riesgos como explotación sexual, abuso o secuestro, presentes en áreas en las que operan grupos armados ilegales” (Pág. 26). Para atender la magnitud del éxodo de venezolanos, el ACNUR considera que “solo un acercamiento cabal y coordinado de los gobiernos y los agentes humanitarios y de desarrollo, apoyado por una respuesta internacional contundente, permitirá a la región enfrentar lo más profundo de la crisis” (Pág. 26).

Paradójicamente, lo que podría ser una buena noticia en el informe del ACNUR, es una desafortunada consecuencia de la Emergencia Humanitaria Compleja: “hubo un pequeño descenso en la población refugiada registrada en las Américas, a causa, sobre todo, de la salida de refugiados colombianos de la República Bolivariana de Venezuela”. En efecto, 23.900 refugiados de origen colombiano retornaron desde Venezuela hacia Colombia en 2018 (Pág. 30). Ellos son también parte de los millones de desplazados forzados generados bajo el gobierno de facto de Nicolás Maduro.

Prensa Provea