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La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, visitará Venezuela entre el 19 y el 21 de junio, como parte del mandato que le impusiera en septiembre de 2018 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y debido a la presión de la comunidad internacional y organizaciones de la sociedad civil que propiciaron que el gobernante de facto, Nicolás Maduro, aceptara invitar a la oficina del Alto Comisionado a visitar nuestro país.

Bachelet llegará a Venezuela en medio de una grave situación para los derechos humanos, marcada por la existencia de una emergencia humanitaria compleja que ha erosionado las garantías para los derechos sociales de la población, provocando el empobrecimiento masivo de los venezolanos y un éxodo masivo de al menos 4 millones de personas a otros países. La visita de Bachelet se produce en un escenario de ausencia de democracia debido al cierre de los espacios para la participación; libre expresión; asociación y manifestación pacíficas y a la asunción del poder de un gobernante ilegítimo. La escalada represiva del gobierno de facto de Nicolás Maduro desde comienzos de 2019, se ha traducido en la aplicación de estrategias propias del terrorismo de Estado, que han lesionado severamente los derechos humanos de la población.

A continuación destacamos tres momentos importantes que condujeron a la concreción de esta histórica visita de la OACNUDH al país.

Un mandato histórico

En septiembre pasado, con 23 votos a favor, 7 en contra y 17 abstenciones, se adoptó una resolución en el Consejo de Derechos Humanos, en la que se acogió el informe elaborado por al anterior Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, sobre los abusos cometidos por la dictadura de Nicolás Maduro en el contexto de protestas y operativos de seguridad ciudadana; se expresó profunda preocupación por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela en el contexto de la crisis política del país; se exhortó al entonces gobierno de Maduro a aceptar la asistencia humanitaria a fin de hacer frente a la escasez de alimentos y medicinas; se instó al entonces legítimo gobierno venezolano a cooperar con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos; y se solicitó a la Alta Comisionada entrante, Michelle Bachelet, a elaborar un exhaustivo informe sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas en Venezuela, para ser presentado en el próximo período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

La resolución «Sobre la promoción y la protección de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela», fue presentada por un grupo de 42 países al Consejo de Derechos Humanos. El proyecto de resolución planteaba tres líneas de acción para, en el ámbito de las Naciones Unidas, contribuir a superar la crisis humanitaria y de derechos humanos en Venezuela.

Uno de los aspectos más destacados de la resolución, consistió en el llamamiento al gobierno de Venezuela a aceptar asistencia humanitaria para solventar: la escasez de alimentos, medicinas e insumos médicos, el aumento de la desnutrición especialmente entre los niños, y el resurgimiento de enfermedades previamente erradicadas o mantenidas bajo control en la región. Desde el año 2015, las organizaciones de la Sociedad Civil venezolanas han solicitado reiteradamente al gobierno de Maduro, la activación de los mecanismos de cooperación y ayuda humanitaria a través de los órganos y agencias de cooperación de Naciones Unidas. La dictadura niega la existencia de una emergencia humanitaria compleja y la profunda crisis en alimentación y salud, cerrando con ello las posibilidades para que se activen los mecanismos de cooperación internacional que coadyuven a solucionar la grave crisis y el severo daño nutricional a la población en mayor situación de vulnerabilidad.

Otro aspecto relevante es el exhorto realizado al gobierno venezolano para que cooperara con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y con los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos. Venezuela presenta un importante retardo en la presentación de informes periódicos ante los varios órganos convencionales que hacen seguimiento a varios tratados de derechos humanos suscritos por Venezuela. En este sentido el Comité de Derechos Humanos constató en abril de 2018 el retardo el Estado para presentar su informe a ese comité y el abandono del sistema de seguimiento por parte del Estado. Por su lado, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial no ha recibido el informe de Venezuela y el plazo venció en enero de 2016.  Tampoco ha sido presentado el informe ante el Comité contra la Tortura, y su plazo se venció el pasado 28 de noviembre.

Venezuela no ha permitido la visita de los relatores temáticos a excepción de la visita de Alfred de Zayas, antiguo experto independiente para la promoción de la democracia y el orden internacional equitativo, cuyo informe fue ampliamente criticado por su falta de independencia y por fallas graves en su metodología. Los relatores temáticos forman parte de un sistema de 44 mecanismos temáticos, la mayoría de ellos con competencia para estudiar la situación en Venezuela, y muchos de los cuales han solicitado visitar el país para constatar directamente la situación de los derechos para los que han recibido mandatos.

El Estado Venezolano tampoco permitió el ingreso de la Oficina del Alto  Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para realizar su último informe, de junio de 2018, como lo dice dicho informe: “Dado que el gobierno venezolano no permitió que el ACNUDH tuviera acceso a su territorio, la información se recopiló a través de observaciones realizadas desde fuera del país”.

Un tercer elemento a destacar es la solicitud realizada por el Consejo de Derechos Humanos al Alto Comisionado para los Derechos Humanos, para que su oficina preparara un exhaustivo informe escrito sobre la situación de derechos humanos en Venezuela para ser presentado en los próximos períodos de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Además se previeron dos informes verbales para ser presentados por el Alto Comisionado en febrero y en septiembre de 2019. Esta última petición significa el establecimiento de un mecanismo de observación independiente del Informe Periódico Universal al que se someten todos los países. De esta manera no solamente se pidió la realización de un informe especial sino que se abrirá el debate sobre Venezuela durante las próximas tres sesiones del Consejo de Derechos Humanos.

Visita de equipo técnico e Informe Oral de la OACNUDH

En marzo de 2019 la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó su Informe Oral sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en la ciudad de Ginebra, Suiza.

La alta funcionaria expresó su preocupación por la «magnitud y la gravedad de la repercusión de la crisis actual sobre los derechos humanos», que en su opinión constituye un factor de desestabilización en la región. Precisó que un equipo técnico de su oficina constató en el terreno la situación de derechos humanos, e intercambió información con representantes del Estado, organizaciones de la sociedad civil y víctimas de violaciones a los derechos humanos.

«Considero que esta es una primera medida positiva y confío en que conducirá a un acceso continuo de la Oficina en el futuro. Es esencial que el equipo tenga acceso total e irrestricto, y que no se den represalias contra ninguna persona que se haya entrevistado o haya tratado de entrevistarse con ellos», declaró entonces la Alta Comisionada ante el Consejo.

«Desde junio de 2018 -la última vez que publicamos un informe sobre Venezuela-  el ejercicio de los derechos sociales y económicos ha seguido deteriorándose continuamente. Los grupos de población más vulnerables, tales como los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos y los pueblos indígenas se han visto especialmente afectados Las autoridades se han negado a reconocer las dimensiones y la gravedad de la crisis en materia de cuidados médicos, alimentación y servicios básicos, por lo que las medidas que han adoptado no han sido suficientes», señaló la Sra. Bachelet.

Por su parte, la representación de la dictadura venezolana empleó el argumento de la «guerra económica» y las sanciones impuestas por Estados Unidos, para justificar la crisis del país y contradictoriamente negar la existencia de la Emergencia Humanitaria Compleja. En una declaración escrita, los representantes de Nicolás Maduro ante el Consejo de Derechos Humanos recurrieron a la criminalización de las protestas opositoras a su gestión calificándolas como «violentas» y parte de una conspiración internacional. Señalaron que el fenómeno migratorio venezolano coincide con la adopción de sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos, y reciclaron la cifra suministrada en 2015 por el ex Vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, referida a que en el país la inversión social alcanza el 74,1%.   

Los Relatores Especiales suben el tono

Los Relatores Especiales para los Derechos a la Asociación y Reunión Pacíficas; Libertad de Expresión; Derecho a la Salud; Derechos de los Pueblos Indígenas; Situación de los Defensores de los Derechos Humanos; Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias; Derecho a la Vida Privada; Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes; Ejecuciones Extrajudiciales y Sumarias, de la Organización de Naciones Unidas, publicaron en marzo pasado una declaración conjunta en la que solicitaron al gobierno de facto de Venezuela, investigar las muertes ocurridas en el contexto de manifestaciones.

«Hacemos un llamado a las autoridades venezolanas para que lleven a cabo una investigación inmediata, imparcial y efectiva sobre todas las muertes ocurridas durante las protestas en curso, y liberen a todos aquellos que han sido detenidos por ejercer legítimamente sus derechos humanos a la libertad de expresión y reunión pacífica», dijeron los expertos.

La declaración expresa la preocupación de los relatores debido al incremento de la respuesta represiva de las autoridades y la fuerza pública venezolana, en medio del ciclo de protestas de comienzos de año, que demandan servicios públicos como salud; electricidad; agua; alimentación y transporte y exigen cambios democráticos en el país. «Estamos profundamente preocupados por el rápido deterioro de la situación económica, social y política en Venezuela y pedimos a las autoridades que tomen medidas urgentes e inmediatas para hacer frente a esta compleja crisis, con pleno respeto de sus obligaciones internacionales de derechos humanos  Hemos recibido informes constantes de un desprecio sistemático y generalizado de los derechos humanos mostrado por las autoridades venezolanas durante su represión contra manifestantes, periodistas y defensores de los derechos humanos. Pedimos al Gobierno que respete y proteja el derecho a la libertad de reunión pacífica y que aborde las causas subyacentes de las manifestaciones».

El documento difundido en el portal web de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas destaca el arresto de más de 1.000 personas durante manifestaciones realizadas entre el 21 y 29 de enero del presente año; el asesinato de al menos 26 personas en el contexto de manifestaciones entre el 22 y 25 de enero; los obstáculos para el ejercicio del periodismo y la libre expresión e información, y el ataque a la población indígena Pemón por parte de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana el pasado 23 de febrero. «Estamos particularmente preocupados por los informes que indican que 26 personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad y grupos paramilitares gubernamentales cuando participaban en manifestaciones entre el 22 y el 25 de enero Solo el 23 de enero, 17 periodistas denunciaron ataques, detenciones y confiscación de equipos. Ese mismo día, se interrumpió el acceso a los sitios de redes sociales y, según informes, las autoridades civiles y militares allanaron tres medios de comunicación, lo que provocó la destrucción y el decomiso de los equipos que impedían la transmisión de las emisoras También se informa que las comunidades indígenas han sufrido a manos de las autoridades, con una serie de lesiones y muertes presuntamente resultantes del uso de municiones reales por parte de la Guardia Nacional Bolivariana en Kumarakapay y Santa Elena de Uairén», señala la declaración.

La declaración conjunta de los Relatores de Naciones Unidas se produjo un día después de la presentación del Informe Oral sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela, de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en la ciudad de Ginebra, Suiza. En su informe, la alta funcionaria expresó su preocupación por la “magnitud y la gravedad de la repercusión de la crisis actual sobre los derechos humanos”, que en su opinión constituye un factor de desestabilización en la región. 


Prensa Provea