Oly Millán | En los anteriores artículos hemos venido planteando la necesidad de realizar una auditoría integral pública y ciudadana de la deuda venezolana, donde como aspectos que fundamentan la propuesta está, entre otras, la inviabilidad económica y social que tiene el país si no se aborda con sentido de patria uno de los grandes temas que deben formar parte de un proceso de transición política –la reinstitucionalización, lo que implica la eliminación de todo “Estado paralelo” creado al margen de la Constitución vigente – como el diseño y puesta en marcha de un Programa que contemple medidas de emergencia para enfrentar la crisis social compleja y la recuperación soberana de la nación, que pasa por el diseño y aprobación tanto de una Ley como de una estrategia coherente y bien definida como Estado para proteger los activos de la república. En el anterior artículo decíamos que:

La realización de una auditoría integral pública y ciudadana de la deuda permitirá:

  1. En primer lugar, determinar las características de la deuda, lo que indudablemente ayudaría a identificar los parámetros de una futura reestructuración, así como construir la estrategia soberana (legal, administrativa, financiera y operativa) más idónea para preservar los activos del país y aliviar la carga de la deuda sobre el actual drama social complejo que padecen todos los venezolanos.
  2. En segundo lugar, aunque no menos importante, se refiere a la necesidad de contribuir a adecentar, en un escenario de reconstrucción futura, al país. El hecho cierto de que los venezolanos necesitamos reconciliarnos no quiere decir que seamos cómplices de los delitos cometidos contra la nación, por lo tanto, mediante una administración de justicia con una perspectiva restaurativa, se debe establecer responsabilidades y castigo ejemplar y justo a quienes aprovechándose del erario público con fines personales o grupales, han generado el mayor desfalco que el país haya tenido en toda su historia republicana.

Siguiendo ese mismo hilo conductor, en esta oportunidad trataremos de realizar una síntesis del proceso que utilizó en el año 2007 el Gobierno de Ecuador para realizar la auditoria de la deuda de ese país el cual, sin negar otras experiencias, nos puede ser útil para ir construyendo una propuesta metodológica para Venezuela.

En el documento que lleva por título: Informe Final de la Auditoría Integral de la Deuda Ecuatoriana, septiembre 2008, se pone de manifiesto algunos elementos metodológicos utilizados así como los resultados obtenidos de dicho trabajo. En la presentación del referido informe se lee lo siguiente:

“El daño incalculable causado a la economía del país y al pueblo ecuatoriano por el endeudamiento público, omnipresente como sistema de presión sumisión, y el consecuente compromiso de entregar recursos públicos para su servicio, existan o no disponibilidades, motivó al Gobierno Nacional a adoptar la decisión –primera y hasta ahora única en América Latina– de crear una instancia de auditoría que establezca la legitimidad, legalidad y pertinencia de los préstamos, las negociaciones y renegociaciones; que, además, señale las responsabilidades y corresponsabilidad de los prestamistas, los impactos sociales, económicos y ambientales; y, sobre todo, que permita la acumulación y ponderación de fundamentos para que el país emprenda acciones soberanas y reparadoras respecto de los pagos realizados y futuros”(p.7).

En este sentido, el Gobierno ecuatoriano de entonces mediante un Decreto Ejecutivo aprobó la creación de un equipo de trabajo con participación de organizaciones sociales ecuatorianas e internacionales, así como de instituciones de investigación y desarrollo, cuya denominación fue: Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC), la cual tuvo como responsabilidad principal: “auditar los procesos de endeudamiento público con el fin de determinar su legitimidad, legalidad, transparencia, calidad, eficacia y eficiencia, considerando aspectos legales y financieros, impactos económicos, sociales, de género, ecológicos y sobre nacionalidades y pueblos” (p.8).  Ese equipo que integró dicha  Comisión comenzó a trabajar en agosto del 2007 organizándose en Subcomisiones cuya tarea principal, entre otras, era auditar las deudas definidas como:

  1. Multilateral: la deuda concedida por organismos financieros multilaterales.
  2. Bilateral: la deuda que concentra a las acreencias que se tenía con gobiernos o con entidades de países.
  3. Comercial: la deuda que tenían las entidades públicas de Ecuador desde 1976 con la banca privada internacional.
  4. Deuda interna: los créditos relacionados con las emisiones de Bonos del Estado, Bonos de Estabilización y Bonos AGD.
  5. Otra de las instancias de organización era las Subcomisiones de ámbito transversal que tenían que ver con aspectos relacionados con impactos sociales, ambientales, de género y pueblos.

En cuanto a los objetivos y alcance del trabajo que le fue encomendado a la Comisión, estaba no solo determinar las condiciones y los motivos que generaron el endeudamiento, también verificar si efectivamente los recursos fueron destinados para el fin que contractualmente tenían preestablecidos, el impacto que dicho endeudamiento le generó a la sociedad, así como identificar a las instituciones y funcionarios que se beneficiaron de las irregularidades en el proceso. Con esta auditoria también se buscaba presentar pruebas que le permitieron a las máximas autoridades de esa nación, realizar acciones conducentes a demandar la nulidad de obligaciones derivadas de deudas declaradas ilegítimas y/o ilegales.

En cuanto al alcance de la auditoria:

El trabajo de análisis e investigación se realizó sobre la deuda contraída durante el periodo que va entre 1976 hasta el 2006, dándole preeminencia a aquellos créditos definidos como de mayor incidencia en la economía de Ecuador así como los impactos que los mismos tuvieron sobre las condiciones de vida de la población: “… la CAIC estableció el universo de créditos a examinarse, clasificados por su origen u otro criterio, a fin de determinar, sobre esa base, los criterios para priorizar la ejecución. A lo largo del proceso se consideraron los aspectos de origen, forma y destino de los recursos de cada uno de los convenios de crédito analizados, identificando las circunstancias de la contratación, el comportamiento de los acreedores, las disposiciones contractuales, el destino de los fondos y el estado del servicio de la deuda a la fecha de corte” (p.3).

Como una de las grandes conclusiones de esta experiencia, tenemos que para instrumentar una propuesta como esta en nuestro país, se requiere de la voluntad política por parte de quienes tengan altas responsabilidades en la conducción del Estado, aunque innegablemente esa voluntad puede ser el resultado de una enorme presión social que exija la solicitud de la realización de una AUDITORÍA INTEGRAL PÚBLICA Y CIUDADANA DE LA DEUDA.

Me refiero tanto a la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente como a la inconstitucional Ley del Estatuto que rige la Transición, aprobada por la Asamblea Nacional el 05/02/19.

Propuesta presentada en marzo del 2018 por los integrantes de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución. Ver:

https://www.aporrea.org/actualidad/a260983.html

Artículo publicado en Provea: https://provea.org/opinion/por-que-es-urgente-y-necesaria-una-auditoria-integral-publica-y-ciudadana-de-la-deuda

Me refiero al hecho de estar en presencia de una deuda  que se pudiera tipificar como: ilegal, ilegitima, odiosa o insostenible/impagable.

http://www.tce.gob.ec/biblio/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2054

Decreto 472 del 09/07/2007. Ver: https://www.auditoriacidada.org.br/wp-content/uploads/2012/08/PLANAUDITORIADEUDACOMERCIAL.pdf

http://www.cadtm.org/Informe-final-de-la-Auditoria

Bonos de la Agencia de Garantía de Depósitos, bonos muy cuestionados por parte del ex presidente Rafael Correa, quien expresó que dichos bonos fueron creados para solventar la quiebra bancaria que ocurrió en Ecuador en 1999,  preludio de la pérdida de valor de la moneda: sucre. Ver:   http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=55423

Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público. (2008).  Informe Final de la Auditoría Integral de la Deuda Ecuatoriana. Ver:  http://www.cadtm.org/IMG/pdf/Informe_Deuda_Externa.pdf

ACERCA DEL AUTOR:

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Oly Millán

Economista (UCV) y exministra del Ministerio para la Economía Popular (2006). Integrante de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la CRBV y de la Plataforma Contra el Desfalco a la Nación.