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Crece la represión.

656 personas contabilizadas en 32 denuncias fueron objeto de amenazas u hostigamiento durante el año 2018, lo que implicó un incremento de 189% en las cifras recabadas por Provea respecto a 2017, cuando se registraron 347 víctimas de este sub-patrón de violación a la integridad personal.

Durante 2018 las principales víctimas de situaciones de amenaza y hostigamiento fueron los trabajadores y dirigentes sindicales, movilizados en defensa de los salarios y las convenciones colectivas.

La emergencia humanitaria compleja que vive el país tiene como telón de fondo un escenario de hiperinflación sin precedentes, que ha pulverizado el salario y extinguido las prestaciones sociales. En medio de esta dramática situación, el gobierno del expresidente Maduro adoptó un conjunto de medidas económicas que golpearon aun más la economía familiar y eliminaron por la vía de facto conquistas del movimiento sindical que habían sido plasmadas en las contrataciones colectivas.

Luego de la reconversión de la moneda en agosto de 2018, se profundizó el desconocimiento de derechos de los trabajadores, eliminándose conquistas históricas como las primas de antigüedad y primas de profesionalización, entre otras, aumentando con ello la conflictividad laboral y respondiendo como siempre con más represión.

Entre los actores responsables de actos de amenazas y hostigamiento, destacan la Guardia Nacional que acumuló un total de 571 denuncias de amenazas y hostigamiento contra trabajadores de empresas públicas y privadas que participaron o encabezaron huelgas y movilizaciones en demanda de reivindicaciones laborales. Le siguió la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) con 37 denuncias que representaron el 5,64% del total de casos reportados; las agrupaciones paramilitares con 21 casos, acumulando el 3,20% del total, y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) con 10 casos que constituyen el 1,52% del total registrado.

Cuadro N° 10

Discriminación por actores responsables

Amenazas y hostigamiento

Ámbito

N° de casos

%

Nacional

622

94,81%

GNB

571

85,60%

DGCIM

37

5,64%

SEBIN

10

1,52%

PNB

2

0,30%

CICPC

1

0,15%

FANB

1

0,15%

Regionales / Municipales

4

0,60%

Poli Táchira

1

0,15%

Poli Barinas

1

0,15%

Poli Lara

1

0,15%

Poli Zulia

1

0,15%

Paramilitares

21

3,20%

Paramilitares

21

3,20%

Otros

9

1,37%

Dirección Zoológico Caricuao

3

0,45%

Personal Ministerio de Salud

3

0,45%

Freddy Bernal

1

0,15%

Rafael Lacava

1

0,15%

Unión de Trabajadores Populares

1

0,15%

Total

656

 

Fuente. Elaboración propia. Base de datos de Provea.

La dictadura de Nicolás Maduro ha construido y promovido un relato según el cual las manifestaciones realizadas exigiendo el respeto a la Constitución Nacional, el retorno a la democracia o garantías para los derechos económicos, sociales y culturales de la población, forman parte de una estrategia terrorista. Desde campañas de odio promovidas a través del sistema nacional de medios públicos, hasta falsificación de imágenes para calificar como violentas las manifestaciones, han sido las estrategias empleadas por la dictadura para justificar el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes; encarcelar a dirigentes políticos y activistas sociales; y hostigar a quienes exigen derechos.

La dictadura ha escalado la represión a niveles superiores, generando severos riesgos para el derecho a la integridad y la vida de cientos de miles de ciudadanos que protestan en las calles de Venezuela. La persecución y el hostigamiento contra la disidencia política, trabajadores, dirigentes sociales y vecinales aumentan en la misma medida en que el apoyo popular al proyecto político de Maduro retrocedió. 


Inti Rodríguez | Prensa Provea