Un escenario de emergencia humanitaria compleja; ausencia de institucionalidad democrática y sistemáticos abusos contra los derechos humanos, han condenando a los venezolanos a condiciones de vida extremadamente precarizadas. Esta situación tiene un impacto diferenciado en los más pobres y en quienes desde siempre han estado expuestos a mayores escenarios de exclusión y negación de sus derechos.

El 02 de marzo pasado, una procesión encabezada por Alfredo Infante, párroco de la comunidad San Alberto Hurtado de La Vega, al suroeste de Caracas, reunió a los habitantes del sector, quienes recorrieron las calles para denunciar los padecimientos a los que son sometidos diariamente debido las deficiencias en la prestación del servicio de agua.

Esa tarde, representantes del Ministerio de Ecosocialismo y Aguas llamaron a los líderes locales para coordinar una reunión de trabajo para abordar la problemática. Pero dos días después, policías municipales de Caracas detuvieron a Jairo Pérez, un dirigente social del sector, a quien acusaron de promover las protestas.

Son múltiples los inconvenientes que afrontan a diario los pobladores de La Vega, para atender las necesidades relacionadas con la salud, alimentación, seguridad, servicios y la amenaza de la pandemia. La crisis de los servicios públicos y la ausencia de respuestas que atiendan las demandas de la población, alarma y cansa. Los apagones eléctricos, la desaparición del gas doméstico y la falla en el suministro de agua potable por tubería, son algunos de las penurias que mantienen a los ciudadanos en un sobresalto constante.

Los sectores de esta parroquia más afectados por el problema del agua, son la parte media y Las Casitas, parte alta de la parroquia, donde más de 180 mil habitantes, aproximadamente, sufren por la ausencia de agua, debido a que los motores que bombean el agua se quemaron y están fuera de servicio.

“En la parte alta desde hace muchos años venimos tomando acciones de protestas como tomas de calle, actividades religiosas mediante procesiones para visibilizar la problemática y lograr el impacto mediático que llame la atención de las autoridades y también de visitas a organismos como Hidrocapital, el Ministerio del Agua y la Defensoría del Pueblo”, informó el padre Alfredo Infante.

El sacerdote asegura que estas acciones han dado algunos resultados parciales, porque les envían el agua por un corto tiempo. “Actualmente llevamos más de un mes sin agua”.

Explica que cuando se habla del problema del agua, no se trata sólo de la falla del suministro del líquido por tuberías, o a través de cisternas, sino también de la pésima calidad de esa agua que pocas veces reciben, porque no es potable, es turbia, no tratada. Por ello, hay que hervir el agua, para evitar enfermedades, lo que involucra otro servicio que presenta falla: el gas doméstico, “pues se debe potabilizar el agua con un tratamiento casero para poder usarla, pero, conseguir el gas es muy difícil, lo que obliga a utilizarlo poco”.

La calidad del agua en Venezuela ha caído a niveles sórdidos. Cientos de usuarios han denunciado el hedor y el color del agua que reciben en sus casas. Según la Organización Mundial de la Salud, en Venezuela la tasa de mortalidad infantil por diarrea es seis veces mayor que hace 15 años, y de acuerdo a investigadores de la Universidad Central de Venezuela, cerca de un millón de residentes en la ciudad de Caracas están expuestos a suministros contaminados.

La lucha lleva años de angustias, diligencias, conversaciones, protestas y reuniones, sin respuesta efectiva y permanente de las autoridades. “Debemos escuchar discursos de los entes oficiales sobre los motores dañados, pero ya sospechamos que se trata de un negocio con las cisternas, porque hace poco hubo una renovación de los camiones y la comunidad inquieta se pregunta: si hay un problema con los motores para el bombeo de agua, ¿por qué ese dinero que se gasta en las cisternas, no se invierte para los motores?, señala el padre Infante.

Privatización del servicio

El párroco explica que debido a que no hay servicio de agua por tubería, desde hace años, Hidrocapital envía cisternas o llegan a través del engranaje del partido de gobierno en anclaje con las comunidades, como los consejos comunales o comunas o se paga el servicio cuyo costo varía.

Por ejemplo, una cisterna pequeña podría cobrar 30 dólares y el llenado de un tanque de una vivienda, tiene un costo que va desde 10 dólares. Para colmo, hay quienes venden los botellones en un dólar (1 $), además de lo que cobran quienes cargan el botellón hasta los hogares. Es decir, hay un pago discrecional porque el precio depende de quien vende el agua, por cierto, de mala calidad.

“Con esta modalidad se termina privatizando el servicio de agua y hasta se da una lógica de mercado, como la oferta y la demanda, porque el que oferta más, se le garantiza el agua, observándose una tendencia de privatización irregular del servicio y, a la vez, se genera, por la vía económica, una discriminación, porque quien no puede pagar no obtiene agua, dándose una dinámica anormal y riesgosa que coloca a la gente en situación de alta vulnerabilidad”.

El padre Infante también concibe que los servicios públicos requieren de gastos para funcionar y cree que los ciudadanos podrían pagarlo como se hacía antes, a través de facturación, “porque sabemos que la total gratuidad del servicio limita que las instituciones públicas puedan gestionarse como debieran”.

De acuerdo al Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos de 2019, realizado por UNESCO y otras organizaciones, Venezuela se situó en el cuarto lugar entre las naciones de América Latina y El Caribe, con la mayor tasa de desigualdad en el acceso al agua entre el sector más rico y el sector más pobre de la población. Nuestro país es uno de los que menos invierte en infraestructura para el saneamiento de aguas, por debajo del 50% de los recursos necesarios para cumplir con las metas nacionales, según UNESCO.

El colapso generalizado de los servicios públicos en el país y los obstáculos para el acceso a alimentos y medicinas, derivados de la escasez, desabastecimiento y altos precios; han creado las condiciones propicias para un aumento exponencial y generalizado de la pobreza en Venezuela.

Infante destaca que “políticamente se sigue avanzando en la creación de unas infraestructuras paralelas que yo denomino “para constitucionales” como las comunas, que tratan de tomar el control de todos los servicios públicos”. Para él, “la lógica que ha prevalecido en los CLAP con la bolsa de comida, se está aplicando en otros servicios como el gas doméstico y el agua, servicios que se están concentrando en esas estructuras de anclajes que el gobierno y su partido tienen en las comunidades. Es decir, se están CLAPitalizando los servicios públicos”, señala.

Esta situación, advierte, propicia “la discriminación política que genera una exclusión en el acceso del agua, lo que representa una violación de los derechos económicos, sociales y culturales, porque el Estado debe garantizar a todos el acceso al agua, como un bien común”.

Organización popular

En medio de este escenario adverso, están surgiendo organizaciones vecinales autónomas, que comienzan a entretejer vínculos, concretan acciones como las protestas y demandan el servicio ante Hidrocapital, el Ministerio de Ecosocialismo y Aguas y la Defensoría del Pueblo. “Las comunidades, de manera autónoma, se están organizando para defender sus derechos y, por supuesto, la iglesia católica está acompañando estos procesos, porque hay que defender el derecho constitucional a la participación y a la autonomía para poder exigir servicios como el agua, que es un derecho humano”, dice Infante.

“En el año 2018 realizamos la procesión de las cruces, colocamos en cada cruz las necesidades de la población y también la caminata por la paz y en 2019 la marcha por el derecho a la salud y el agua potable”.

Sin respuestas ante un colapso denunciado

En la reunión que sostuvieron en la sede del Ministerio de Ecosocialismo y Aguas, los habitantes de La Vega sólo escucharon una explicación ya conocida por ellos, “En esa reunión sólo nos corroboraron que no hay motores para bombeo y no habrá una respuesta pronto, que entendiéramos la situación”. Dijo Jairo Pérez, el activista comunitario detenido por funcionarios de PoliCaracas, durante una segunda protesta realizada en La Vega en jueves 25 de marzo.

Pérez indicó que durante la reunión reiteraron a las autoridades el malestar de la comunidad por el problema del agua, y recordaron que desde hace mucho tiempo advirtieron que los 3 motores de la estación de servicio Coche- La Vega colapsarían, lo que sucedió el pasado mes de febrero. “De eso hay constancia porque hicimos las denuncias respectivas ante Hidrocapital y la Defensoría del Pueblo”. Enfatizó que los vecinos no son responsables de la situación, pues “se trata de la negligencia de las autoridades que sabían que esto iba a suceder”.

El líder vecinal informó que actualmente sólo un motor está operando esporádicamente, a menos de un 30 por ciento de su capacidad de poder, para surtir a muy pocas personas por ciclos de 12 horas, pero es necesario el funcionamiento pleno de dos o tres motores para cubrir mayor población de La Vega. “Todo el mes de enero de este 2021, estuvimos sin una gota de agua; en febrero tres ciclos de surtido de agua de 48 horas cada siete días, pero como hay mucha gente sin agua no llegó a las partes medias y alta de la parroquia”.

El mismo martes 24 de marzo, después de la reunión de la comunidad con el Ministerio del Agua, “se nos informó que los consejos comunales, el vicepresidente de Hidrocapital, una representante de los servicios de la parroquia, otro de una promotora que no conocemos y una concejal que tampoco conocemos bien, porque no conversa con la comunidad, se reunieron, supuestamente, en la casa del partido de gobierno en La Veguita para tratar el asunto y luego, informaron a la comunidad que deben entender la situación y que estaremos 4 o 6 semanas más sin agua”, dijo Pérez.

Una solución planteada por las autoridades es el abastecimiento a través de camiones cisterna. Pero en la comunidad, nadie conoce con certeza el cronograma de abastecimiento mediante ese mecanismo. “Ese cronograma contempla 2 cisternas para 60 sectores y mandan un solo camión. Y desde el 12 de marzo de este año, no hemos recibido agua mediante las cisternas”, denuncia Jairo Pérez. “En la parte media de la parroquia, los 18 bloques de 12 o 14 pisos, tienen, cada uno, un tanque de más de 100 mil litros de agua; actualmente sus habitantes están totalmente secos, y cuando mandan un poquito de agua, no es suficiente para llenar y abastecer los apartamentos por varios días y tampoco ayudan con las cisternas”, añade.

Recientes reportes de Provea y los Comités de Derechos Humanos de los municipios Libertador y Sucre, revelan que al menos el 9,63% de los habitantes de las comunidades más afectadas por la escasez de agua, dijeron haber sufrido afecciones cervicales debido al constante acarreo de agua.

En los bloques ubicados en la parte media de La Vega, el 60% de los habitantes, son personas de la tercera edad y discapacitados. “La falta de agua en los edificios es grave, es un problema muy fuerte porque las personas mayores no podemos cargar agua hasta los apartamentos y no contamos con el dinero para pagar cisternas, porque sólo tenemos una pensión que no alcanza ni para cubrir el más mínimo de los gastos, ni siquiera para comer o para la medicina”, denuncia un habitante del sector que pidió mantener su nombre en reserva.

Hacer frente al COVID-19… sin agua

“Dado que lavarse las manos con jabón y agua limpia es vital en la lucha contra el COVID-19, los gobiernos de todo el mundo deben proporcionar un acceso continuo a suficiente agua a las poblaciones que viven en las condiciones más vulnerables”. La advertencia, hecha en marzo de 2020 por un grupo de expertos independientes de Naciones Unidas -entre ellos el Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento- fue un llamamiento a los gobiernos del mundo a garantizar el suministro de agua potable para mitigar el impacto del COVID-19.

“La lucha mundial contra la pandemia tiene pocas posibilidades de éxito si la higiene personal, la principal medida para prevenir el contagio, no está al alcance de los 2.200 millones de personas que no tienen acceso a servicios de agua potable”, dijeron los expertos de ONU. Sus advertencias, y las recomendaciones de la OMS para frenar la curva de contagios mediante una adecuada higiene personal, lucen como una quimera en la Venezuela actual. La carencia de agua es incompatible con la dignidad humana. Si el derecho humano al agua permite la realización de otros derechos en contextos de normalidad, en medio de la pandemia del Coronavirus contar con suministros de agua continuos, suficientes y de calidad, es contar con mayores garantías para el derecho a la vida, a la salud, y a la integridad personal.

Para el grupo de expertos de Naciones Unidas, las personas en situación de pobreza estarían más propensas a infectarse con COVID-19 debido a las interrupciones en los servicios de agua potable, por lo que estarían sometidas a condiciones más severas de aislamiento que disminuirían sus capacidades para obtener alimentos y recursos para la subsistencia familiar.

Prensa Provea

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