Indígenas Pemón de la comunidad de San Luis de Morichal, en el estado Bolívar, denunciaron este domingo el asesinato del adolescente indígena Luis Mario Meya (17), a manos de presuntos mineros ilegales, que ocupan, desde enero, los territorios de esta comunidad indígena en la zona de “El Chivao”.

Luis Meya murió a consecuencia de un impacto de bala en la cabeza. De acuerdo al relato brindado por los testigos, al momento de su muerte se encontraba en la vivienda del Capitán indígena de la comunidad, Omar Meya. La víctima era parte del equipo de apoyo personal del líder de la comunidad y de la Guardia Territorial Indígena que fue establecida en el sector para frenar al avance de la minería ilegal.

También, hace dos semanas, el joven indígena pemón Cirilo Briceño (26), fue víctima de una fuerte golpiza, propinada presuntamente por miembros de estas agrupaciones, en medio de las tensiones provocadas por la ocupación ilegal de los territorios.

Emergencia para defender el territorio

En febrero pasado, la comunidad pemón de San Luis de Morichal se había declarado en emergencia debido a la ocupación de sus territorios por parte de mineros ilegales en áreas del rio Chicanan -una zona ubicada apenas a un kilometro de distancia del centro de la comunidad-. Los indígenas calificaron lo ocurrido como una “flagrante invasión y violación de los derechos originarios a las tierras comunitarias”.

En un comunicado, los pemones alertaron que la ocupación era una amenaza directa a sus territorios, modos y costumbres que “ha afectado a los niños y niñas de la comunidad, psicológica y emocionalmente”. Denunciaron la ocupación de sus tierras por parte de un numeroso grupo de mineros ilegales y actores armados en las minas Chiwao, Mochila, Pistón y Clarita de Uroy, situadas en las cuencas del río Chicanan, afluente del río Cuyuní, un enorme e importante cauce de agua en el que Nicolás Maduro autorizó la minería fluvial en abril pasado.

Morichal-Pronunciamiento

El domingo 21 de febrero, la comunidad acordó ejercer el derecho que le asiste de proteger el hábitat y tierras “ante la inminente amenaza de los invasores de iniciar las labores de minería en el sitio de El Chivao, tal como un grupo de ellos ya lo está haciendo en algunos puntos”.

Un compromiso incumplido

El 10 de febrero de 2021 -once días antes de declararse en emergencia-, la comunidad pemón de San Luis de Morichal, recibió en la zona a representantes del Ministerio de Pueblos Indígenas; al comandante de la 51 Brigada de Infantería de Selva del Ejército, Jorge Rivas; al jefe de la ZODI Bolívar, G/B Carlos David Abreu Linares; a funcionarios de la Corporación Venezolana de Minería y al General Edgar Delgado Merentes, Secretario de Gobierno del Estado Bolívar, en una reunión auspiciada por la Defensoría Delega del Pueblo de esa entidad, para tratar la problemática propiciada por la presencia de los mineros ilegales.

En la reunión, el representante de la Corporación Venezolana de Minería, dijo que el “área denominada El Chivao, sitio invadido, debía ser verificado, ante la duda de que (sic) pertenece o no a tierras indígenas”. Al respecto, el Defensor del Pueblo Indígena, Nicolas Beti, informó que el área invadida por los mineros ilegales se encontraba en territorios ancestrales indígenas. Beti aclaró que la zona se encuentra “bajo el procedimiento legal y administrativo de demarcación del hábitat y reservas indígenas, llevado a cabo por la comisión regional de demarcación del estado Bolívar cuyo expediente cursa en esa dependencia”.

Por su parte, el General Edgar Delgado Merentes, Secretario de Gobierno de la gobernación de Bolívar, indicó que “la situación de invasión debe cesar de inmediato, siendo un lineamiento del gobierno a su más alto nivel, de no permitir invasiones a tierras indígenas, por respeto a los derechos establecidos en la Constitución y la LOPCI”. Según se desprende del acta firmada por los presentes, Delgado Merentes, dijo que se había solicitado a los mineros “la mayor cooperación para lograr que la situación sea superada, sin inconvenientes, con la salida de los mineros del sitio invadido”.

Pero dos meses después del encuentro, la ocupación ilegal se mantiene y las tensiones van en aumento. Un adolescente indígena ha sido asesinado y otro ha sido golpeado casi hasta la muerte. Las autoridades no han cumplido el compromiso de desalojar los territorios, y según denuncian voceros de la comunidad de San Luis de Morichal, la Corporación Venezolana de Minería insiste en negar que esas tierras pertenecen a los pemones.

Una amenaza atizada por la fiebre del oro

Las amenazas contra esta y otras comunidades indígenas no son nuevas. En octubre de 2017, líderes de la región denunciaron que cinco indígenas habían sido asesinados entre 2016 y 2017 por grupos armados vinculados a la minería ilegal en el estado Bolívar.

El acoso permanente por parte de mineros ilegales y grupos armados irregulares contra indígenas de San Martín de Turumbán, San Luis de Morichal y La Paragua obligó entonces a los habitantes de estas comunidades a conformar -en el marco de la jurisdicción especial indígena- las “Guardias Territoriales”, para ejercer la vigilancia y protección del territorio, frente a los ataques armados y ocupaciones ilegales por parte de terceros no indígenas.

El 13 de marzo de 2018, desapareció Oscar Eliezer Meya Lambos, hermano del capitán de la comunidad de San Luis de Morichal, quien según denuncias de testigos, habría sido interceptado en el puerto de la población de El Dorado, por presuntos miembros de una agrupación de minería ilegal conocida como “El Sindicato”. Aún se desconoce su paradero.

Provea ha advertido que las violaciones e incumplimientos de las garantías vinculadas al derecho a la demarcación de tierras indígenas, los estudios de impacto ambiental y cultural, el acceso a la información, la actuación de buena fe, la consulta previa libre e informada y el consentimiento previo de modelos extractivos, generan condiciones para el aumento de los abusos y amenazas contra poblaciones indígenas.

La creación en 2016 del Arco Minero del Orinoco, propició la masificación de las actividades mineras a gran escala -con la consecuente afectación al medio ambiente y a los territorios indígenas-, y las crecientes disputas entre agrupaciones irregulares y agentes del Estado para controlar los territorios y ejercer la dirección de las economías criminales que se sostienen de la riqueza del subsuelo. El Estado abandonó sus responsabilidades en estas zonas, ricas en recursos minerales, y el territorio ha sido penetrado por economías criminales de todo tipo, dejando en medio de la confrontación, a cientos de miles de pobladores en condición de vulnerabilidad.

Prensa Provea