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Por las 44 muertes que se registraron en las manifestaciones entre enero y abril de 2014, solo 6 personas han sido condenadas. El resto de los casos están impunes, señala la ONG Justicia, Encuentro y Perdón

“Impunidad total”, esa es la frase con la que familiares y abogados de víctimas de la represión de 2014 definen el estatus de la mayoría de los 44 casos de asesinatos que se registraron  en el contexto de las manifestaciones que ocurrieron entre febrero y abril de ese año.

Tras 5 años de investigaciones solo 6 personas han recibido condena por la muerte de los manifestantes. El resto de asesinatos se mantienen impune, señala Martha Tineo, Coordinadora General de la ONG Justicia Encuentro y Perdón (JEP).

Sin embargo, asegura que a pesar de que los autores materiales de la muerte de Bassil Da Costa, Arturo Martínez, Geraldine Moreno, Luis Guillermo Sánchez, Mariana Ceballos y Adriana Urquiola fueron condenados, la impunidad es de 100% pues la justicia ha castigado solo a los funcionarios que accionaron el arma, pero no ha habido ningún tipo de penalización a la cadena de mando.

“No podemos hablar de una justicia absoluta y verdadera respecto a ninguno de los 44 casos, ni siquiera a los que ha habido condena porque a la fecha, la medida no se ha ratificado”, detalló Tineo.

Jeneth González , madre de da Costa, afirma que a pesar de que existe una persona condenada a 29 años de cárcel por la muerte de su hijo de 24 años de edad, mantiene las dudas sobre la transparencia del sistema de justicia venezolano.

Señala que el 12 de febrero de 2014, cuando muere su hijo debido a un disparo de bala en la cabeza durante una protesta en La Candelaria, la fiscal Luisa Ortega señaló a Melvin Collazo como el autor del asesinato pero luego esa hipótesis cambió e imputaron a Juan Perdomo Camacho.

“El sistema de justicia se encuentra corrompido. No hay legalidad de nada. Pasó mucho tiempo para lograr la condena: Cambiaron varias veces a los jueces que llevaban el caso y también difirieron en muchas oportunidades las audiencias”, manifiesta González .

El retardo procesal  y la falta de celeridad en las investigaciones, son dos de los causantes de que los responsables de 32 asesinatos se encuentren en libertad. Solo 4 casos están en fase de juicio y 1 en espera de audiencia preliminar, indica el registro de JEP.

Uno de esos 32 casos que se encuentran en total impunidad es el de , quien fue asesinado en La Candelaria luego de auxiliar a Da Costa. Su padre, Dereck Redman, perdió las esperanzas en que el actual sistema judicial logre dar con el asesino de su hijo de 32 años de edad.

“Cinco años después y todavía el caso se encuentra en fase de investigación. Posiblemente no pueda concluirse judicialmente el caso debido al sistema de justicia que hay en el país. Por la lucha de mi hijo y de los muchachos que murieron sólo espero que lleguemos a sacar a estos malandros del poder, para mí eso sería una gran satisfacción”, expresa.

Ana Leonor Acosta, abogado de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, sostiene que hay casos que ni siquiera han sido investigados y en los pocos en los que se adelantaron las experticias, se desconoce qué ocurrió con las investigaciones.

“Queda la incógnita de que sucedió y quien permitió que se perdiera la vida de todos esos venezolanos, incluso funcionarios de la GNB que murieron y hasta ahora no se sabe quiénes son los autores. Podemos decir que las victimas no han sido reparadas. No se han hecho investigaciones serias y objetivas”, añade.

Representantes de ambas organizaciones advierten que la falta de interés de investigar las muertes en protestas y de penalizar esos delitos produce impunidad, lo cual alienta a que los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado y los civiles armados que cometieron esos delitos repitan el patrón. Coinciden en que todo esto se traduce en un retroceso en materia de derechos humanos en el país.

Rafael León/ Texto original Tal Cual