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Desde mayo de 2016 Venezuela ha estado sometida a un continuado e inconstitucionalmente prorrogado Estado de Excepción y Emergencia Económica, que estableció la suspensión indefinida de las garantías constitucionales para los derechos a la libre asociación, reunión, expresión, información y manifestación pacíficas, y la subordinación de los derechos ciudadanos a los intereses del Estado y la seguridad nacional.

En un contexto generalizado de negación de derechos a la ciudadanía, la respuesta Estatal no se produce desde la necesaria dimensión institucional, democrática y restauradora de derechos. Al contrario, el poder estatal afianza la lógica negadora y excluyente y emplea todos sus recursos en la represión con el objetivo de aplastar los reclamos e imponer el terror. En las comunidades pobres y en las cárceles del país, la violencia institucional que ejercen las corporaciones de seguridad del Estado es empleada como mecanismo de control social contra excluidos y disidentes políticos.

La impunidad ha sido favorecida con la ausencia de investigación, sanción a los culpables y mecanismos de rendición de cuentas. La construcción de un marco jurídico que ha favorecido la ejecución de crímenes contra los derechos humanos y el encubrimiento y absolución de los responsables, sumado al aliento simbólico y real que desde el alto poder se ha brindado a los perpetradores de dichos delitos, mantienen encendida una interminable espiral de abusos que seguirá cobrando víctimas si no es detenida a tiempo.

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH), identificó un patrón generalizado y sistemático por parte de la gestión de Maduro dirigido a aplastar la disidencia y el descontento social. Las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos revelan la existencia de una política o plan de Estado dirigida a promover, tolerar y encubrir la comisión de abusos contra las garantías ciudadanas mediante prácticas dirigidas a causar terror en la población.

Entre enero y diciembre de 2019, Provea registró un total de 357 denuncias de violaciones del derecho a la integridad personal –con igual número de casos-, que incluyeron a 5.211 víctimas. Esta información es el resultado del monitoreo de las denuncias divulgadas en la prensa nacional y regional y de los casos atendidos por Provea y otras organizaciones defensoras de derechos humanos. Los datos indicados, comparados con el periodo anterior, cuando se reportó un total de 1.677 víctimas, representan un notable incremento de 310,73%.

En el período analizado, el ascenso de la letalidad y la comisión de abusos en el marco de operativos de seguridad ciudadana coincidió con la brutalidad con la que la cúpula de Maduro respondió al ciclo de protestas ciudadanas entre los meses de enero, febrero y marzo de 2019.

Así, por ejemplo, la mayoría de los casos de allanamientos e injerencias indebidas al núcleo familiar registrados entre enero y diciembre, se produjeron en el marco de operativos policiales y militares en comunidades populares; mientras que el 95% de las víctimas de heridas y lesiones se registró en el contexto de manifestaciones. Las torturas, se aplicaron en las cárceles y comisarias del país contra los más pobres y los disidentes más temidos por la dictadura: los militares.

Genera alarma el asesinato de 23 personas a consecuencia de las torturas recibidas por agentes de la fuerza pública. Comparado con la cifra registrada en 2018, durante el actual período de estudio se produjo un aumento de 176,92%, en el número de muertes, siendo además el registro más alto de los últimos 30 años.

Entre las víctimas identificadas, se pudo conocer el género de 2.103 personas (ver Gráfico N° 1) lo que representa el 40,19% del total individualizado. De estas, el 97,76% fueron del género masculino (2.056) y 2,23% del género femenino (47).

Actores responsables

Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) concentraron –por segundo año consecutivo- el mayor número de víctimas con 1.747 (33,52%) cuando actuaron en operaciones individuales. Las veces que esta corporación realizó acciones conjuntas con otros actores de seguridad estatal y para-estatal, acumuló un total de 1.910 víctimas (36,65%).

El repertorio represivo de las FAES incluyó allanamientos ilegales e injerencias indebidas en el núcleo familiar; torturas; tratos crueles, inhumanos y degradantes; heridos y actos de amenazas y hostigamiento. La mayoría de los abusos cometidos por este escuadrón de la muerte fueron allanamientos a viviendas ubicadas en comunidades populares en los que, además de hurtos y destrozos contra la propiedad privada, se produjeron centenares de ejecuciones extrajudiciales.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), cuando actuó de manera individual, fue señalado en la comisión de 31 casos que involucraron a 943 afectados (18,09%), la mayoría, víctimas de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes agredidas en las dependencias de ese organismo a nivel nacional. Durante la ejecución de operaciones conjuntas la cifra de víctimas del CICPC se elevó a 945 (18,13%).

La Guardia Nacional Bolivariana (GNB), cuando actuó en operativos sin ninguna otra corporación, acumuló 53 denuncias que incluyeron a 381 víctimas (7,31%). Mientras que en operativos junto a otras corporaciones violentas como colectivos paramilitares; Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM); PNB; Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN); FAES y policías regionales, el número de víctimas que generó ascendió dramáticamente a 1.288 personas (24,71%).

Individualmente consideradas, las agrupaciones paramilitares ocuparon el quinto lugar en el número de abusos contra el derecho a la integridad personal en 2019. Desde hace varios años a las acciones represivas de agentes estatales se ha sumado la actuación de agrupaciones de civiles armados afectos al oficialismo, quienes, en abierta y pública coordinación con los cuerpos de seguridad, actúan para contener protestas en la mayor parte del territorio nacional.

Desde el año 2014, el papel de estos grupos se hizo más evidente cuando actuaron para contener las manifestaciones realizadas por sectores de oposición entre los meses de febrero-junio de ese año, siendo responsables de al menos 108 casos de heridas y/o lesiones, además de numerosas detenciones arbitrarias contra manifestantes y activistas sociales. En 2017, estas agrupaciones fueron señaladas en el 24.81% del total de casos de violaciones a la integridad personal denunciadas, la mayoría de las veces cuando actuaron en coordinación con agentes de la GNB y PNB.

En 2019, cuando las agrupaciones paramilitares desarrollaron operaciones sin la compañía directa de otros órganos de seguridad, generaron 139 víctimas (2,66%), la mayoría de ellas, personas heridas y/o lesionadas durante el ciclo de protestas de comienzos de año. Sin embargo, cuando estos grupos de choque actuaron en operaciones conjuntas con órganos como la GNB; FAES y efectivos de la Dirección de Control de Reuniones Públicas y Manifestaciones de la PNB, fueron corresponsables de generar 811 víctimas (15,56%) de violaciones a la integridad personal.

En América Latina la experiencia colombiana respecto a la aparición y expansión de organizaciones paramilitares ha generado jurisprudencia sobre de la responsabilidad del Estado en las violaciones de derechos humanos cometidas por estos grupos. Estas corporaciones violentas, que actúan con la complicidad y en coordinación con las Fuerzas Armadas y órganos de policía, reciben financiamiento directo e indirecto para su funcionamiento y disfrutan de una legalidad favorable tanto para su conformación, como para la realización de sus operaciones, propician que sus actividades sean calificadas por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como violaciones de Derechos Humanos, que de acuerdo a la gravedad de las mismas, no prescriben.

Venezuela ha padecido los efectos devastadores de la represión ejercida por Nicolás Maduro. Desde que asumió el poder en 2013, Maduro acumula 34.114 víctimas de violaciones a la integridad personal, un 72% más que el total de víctimas registradas por Provea entre los años 1990 y 2012.

Victimas de torturas

El monitoreo de prensa y recopilación de denuncias recibidas por Provea entre los meses de enero y diciembre de 2019, reveló que durante el período se denunciaron 40 casos de torturas que incluyeron a 574 víctimas individualizadas de este delito contra los derechos humanos. Esta alarmante cifra representa un aumento de 526,60% respecto al número de víctimas registradas en 2018.

Éste es el registro más alto documentado por Provea en 31 años de monitoreo del derecho a la integridad personal.

Victimas de tratos crueles. inhumanos y degradantes

852 personas fueron víctimas de tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes durante el año 2019. El segundo registro más alto de víctimas por este sub-patrón en los siete años de mandato de Nicolás Maduro, sólo superado por las 970 personas afectadas durante el año 2018.

En comparación con el período anterior, se registró un descenso de 12,16%, siendo este el único sub-patrón de los analizados en este capítulo que no experimentó un crecimiento respecto al 2018.

Heridos

En el sub-patrón heridos y/o lesionados Provea registró 81 casos que incluyeron a 1.033 víctimas individualizadas, un aumento de 1.359,2% respecto al año anterior cuando se reportaron 76 heridos y/o lesionados.

984 (95,52%) de las víctimas fueron heridas en el contexto de manifestaciones. El registro de heridos de 2019 es el tercero más alto correspondiente a este sub-patrón durante la era Maduro. Sólo es superado por las 3.811 víctimas de heridas y/o lesiones ocurridas en el contexto de la rebelión popular de 2017, y las 1.094 víctimas del ciclo de protestas del año 2014.

Se identificó el género de 443 víctimas (42,88%). La mayoría de los heridos y/o lesionados fueron de género masculino (96,6%) con edades comprendidas entre los 11 meses y los 62 años, mientras que el 3,38% de las afectadas fueron mujeres con edades entre los 10 y los 50 años.

En 2019 se registraron 1.804 casos de allanamientos ilegales a nivel nacional. En comparación con el período anterior, cuando se registraron 667 casos, se experimentó un incremento de 170,46%. Por segundo año consecutivo las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la PNB lideraron esta estadística al participar en 1.628 allanamientos (90,24%) cuando actuaron en operativos individuales, y en 1.629 casos (90,29%) sumando un operativo realizado en conjunto con la DGCIM. En todos los allanamientos ilegales realizados por las FAES se reportaron hurtos, destrozos de propiedad privada y, con frecuencia, ejecuciones extrajudiciales, entre otros abusos.

Ataques a zonas residenciales

Durante el ciclo de protestas de comienzos de 2019 y las protestas por servicios públicos realizadas con posterioridad a los dos grandes apagones eléctricos nacionales, se registraron nuevos ataques contra zonas residenciales por parte de agentes de la fuerza pública y agrupaciones paramilitares. Estos actos tenían el claro propósito de intimidar y castigar a los residentes de los barrios y urbanizaciones que participaron activamente en las movilizaciones y expresiones de rechazo a la dictadura de Nicolás Maduro.

Esta práctica, que se añadió al repertorio represivo de las corporaciones de seguridad estatales y para-estatales durante las protestas ciudadanas de 2014, se ha hecho recurrente en cada pico elevado de conflictividad social. Su ejecución tiene elementos comunes como la destrucción de bienes privados, injerencias indebidas en el núcleo familiar mediante mensajes amenazantes (físicos y simbólicos); hurtos generalizados y detenciones arbitrarias, entre otros.

En 2019 se contabilizaron al menos 156 ataques a zonas residenciales en los estados Aragua, Lara y Miranda en el contexto de las protestas ciudadanas en demanda de servicios públicos realizadas en el mes de marzo luego del primer apagón eléctrico nacional, y las protestas antigubernamentales convocadas por la Asamblea Nacional durante el mes de abril

Amenazas y hostigamiento

789 personas individualizadas en 57 denuncias, fueron objeto de amenazas y/o actos de hostigamiento durante 2019. Un aumento de 120,27% respecto a las 656 víctimas de este sub-patrón registradas en 2018.


Prensa Provea