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La Unidad de Exigibilidad de Derechos Humanos entrevistó a 399 personas que asistieron a Acción Solidaria por algunos de sus servicios y programas. Las encuestas mostraron cómo es la afectación de la Emergencia Humanitaria Compleja sobre mujeres, personas con VIH y adultos y adultas mayores 

Este martes 14 de junio, la Unidad de Exigibilidad de Derechos Humanos de Acción Solidaria presentó su informe La Encrucijada de la Salud: entre comida y medicamentos que muestra los resultados de las encuestas que el equipo les hizo a 399 personas entre el 7 de marzo y el 8 de abril de 2022 en la sede de la organización. Del total, 56,6% se identificó como mujer cisgénero, 42,6% como hombres cisgénero y 0,5% como hombres trans.

El primer dato que refleja cómo la Emergencia Humanitaria Compleja ha deteriorado la calidad de vida de las personas es que 61% de las encuestadas valoró como insuficientes sus ingresos. Solo 38% cuenta con trabajo formal; 24% no tiene trabajo y 19% ejerce de forma independiente o informal. Cerca del 70% depende de pensiones o jubilaciones y de bonos del Estado. Además, cada persona entrevistada tiene al menos a otra bajo su dependencia económica, lo cual implica una situación de vulnerabilidad en medio de una crisis. 

9 de cada 10 personas utilizan la mayoría de sus ingresos para los gastos de alimentación y relegan necesidades relacionadas a la salud. De esta muestra, 75% no cuenta con seguro médico privado y cuando se preguntó acerca de condiciones de salud, las tres que más se repiten son hipertensión, VIH y diabetes. De estas personas, al menos un tercio no ha tenido acceso a tratamiento médico en los últimos seis meses. 

Personas con VIH 

Entre los grupos en mayor situación de vulnerabilidad identificados dentro del estudio están las personas que viven con VIH. 84% se identificaron como hombres, 87% tiene una vida sexual activa y 52% no tenía información acerca de salud sexual y reproductiva cuando inició su actividad sexual. 84% utiliza métodos de barrera (condones internos o externos) como protección durante el sexo y dentro del 16% restante, 7 de cada 10 no lo hace porque no quiere. 

Sobre su situación socioeconómica, solo 58% cuenta con un trabajo formal. 8 de cada 10 personas con VIH califica sus ingresos entre mediano y muy insuficientes, 9 de cada 10 destina sus ingresos a la alimentación y 61% tiene personas a su cargo.

Mujeres

De las personas entrevistadas, 226 (57%) se identificaron como mujeres y de este grupo, 56% son mayores de 55 años, lo que significa, frente a las leyes venezolanas, que forman parte de la población de la tercera edad. 

El informe arrojó varios datos que demuestran la desigualdad frente a hombres: 89% culminó estudios de secundaria frente al 93% de hombres; 6 de cada 10 mujeres forma parte de la fuerza laboral informal mientras que solo 4 de cada 10 hombres están en igual condición; por cada hombre que dijo tener un ingreso muy insuficiente, hay dos mujeres y los hombres valoraron sus ingresos como suficientes 3 veces más que las mujeres. 

De todas las personas que aseguraron no contar con un seguro médico debido al alto costo de las primas, 62% son mujeres. 

Sobre la salud menstrual, la población conformada por mujeres y hombres trans mostró que 21% ha sustituido productos de higiene por opciones caseras como compresas de tela o papel higiénico. 76% aseguró que siempre que tiene algún síntoma premenstrual o menstrual toma medicamentos. 6 de cada 10 personas valoraron que la calidad del agua que reciben no es óptima para una adecuada gestión menstrual. 

Personas de la tercera edad

En esta población (175 personas), se encontró el 72% de las personas se identifica como mujeres. Un tercio no recibe pensión o jubilación del Instituto Venezolano de Seguros Sociales y 59% calificó sus ingresos como insuficientes. Además, 80% no cuenta con seguro médico y 42% tiene personas dependientes. 

82% de estas personas indicó que la mayor parte de sus ingresos la dirige a cubrir los gastos de alimentación, 13% a medicinas y el 5% restante entre gastos de vivienda, servicios básicos y otros.

Sobre el acceso a medicinas, se muestra que las personas de la tercera edad tienen dependencia del sistema sanitario público y de las ONG: 150 respondieron que obtenían sus medicinas de organizaciones sin fines de lucro como Acción Solidaria; 92, del sistema público de salud; 73, en farmacias o centros de salud privado de forma particular; 5, de farmacias o centros de salud privado a través del seguro médico; 3, de familiares o personas del exterior y 2 respondieron otras opciones.

Para leer el informe completo, descárgalo aquí:

La-encrucijada-de-la-salud-entre-comida-o-medicamentos-2-1