Una vez más, las elecciones presidenciales de 2024 marcaron un hito negativo en la garantía de derechos humanos en Venezuela. La represión estatal avanzó sustancialmente en la extensión de políticas y prácticas que constituyen graves violaciones a las libertades básicas. Como parte de un patrón ampliamente documentado por organismos locales, y diversos mecanismos de los sistemas internacionales de protección, las autoridades decidieron incrementar la violencia hacia quienes ejercen de forma legítima sus derechos.
Los más de 300 casos de violaciones a la libertad de expresión registrados dieron cuenta de una política de persecución con mayor alcance, pero con métodos ya conocidos, en contra de liderazgos sociales, políticos, periodistas, medios, activistas y ciudadanía en general. Las represalias se registraron a lo largo de 2024, con un pico postelectoral, pero siempre sujeto a motivaciones “políticas”, narrativas del poder en funciones que no son compatibles con la transparencia, la separación e independencia de poderes públicos, ni el Estado de Derecho.
En términos de libertad de prensa, la vuelta de tuerca represiva obligó a los periodistas a cambiar sus rutinas, suspender parcialmente labores, o incluso renunciar a sus trabajos o cambiar de oficio. Tras las elecciones, se fortalecieron prácticas restrictivas, en el trabajo Entre la censura y la supervivencia: el periodismo venezolano tras el 28J damos cuenta del estado de la situación a partir de tres eventos: las protestas postelectorales, el apagón vivido en Nueva Esparta en el mes de noviembre, así como la desaparición y muerte del activista y locutor Edwin Santos.
La sanción y el avance de leyes regresivas complementan un escenario severamente restringido. El proyecto de ley de contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares aprobado en primera discusión se caracteriza por su naturaleza restrictiva, impone a los medios de comunicación el deber de “garantizar espacios libres de mensajes fascistas o similares”, sin una definición clara al respecto. Además, impone sanciones, como revocatoria de concesión, multas desproporcionadas y penas de hasta 12 años de prisión. Abordamos en detalle sus implicaciones en el análisis respectivo.
Con la sanción en agosto de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro, el Estado venezolano concretó la ilegalización de las organizaciones de la sociedad civil y con ello desnaturalizó el ejercicio del derecho a la asociación, al violentar los principios de autonomía e independencia. El conflicto postelectoral fue la justificación para avanzar en un paquete de leyes restrictivas que buscan blindar un sistema autocrático.
A 10 años de las protestas del 2014, hacemos un balance respecto a la manifestación pacífica en este tiempo, sus alcances, limitaciones y desafíos. El derecho de reunión es parte de la pulsión democrática de la sociedad venezolana, y sobrevive a un costo muy alto. La necesidad de expresar la disconformidad se incrementa ante las limitaciones arbitrarias. Esto convive con una capacidad de organización estratégica que la población desarrolló frente a un Estado hostil. A esto se suma el informe respectivo sobre la situación general de este derecho para 2024, como parte de un registro histórico que ya acumula 18 años de seguimiento.
La voluntad restrictiva se extiende al espacio digital, con un Estado obligado legalmente, pero que convive con empresas que mantienen importantes responsabilidades en materia de derechos humanos. En el trabajo Redes y muros: El rol de las empresas privadas y alternativas resolutivas frente a bloqueos digitales analizamos el impacto de los bloqueos de contenido en línea sobre la libertad de expresión y el acceso a la información, destacando la responsabilidad del Estado y los intermediarios que operan en el país. Examinamos varios mecanismos alternativos para el acceso a la justicia, así como impulsar que las empresas asuman mayores compromisos en su respeto con los derechos humanos, especialmente en contextos no democráticos.
La cronología, que ya cuenta más de 20 años de registro, ofrece en detalle un diario de la escalada de violencia contra el ejercicio de derechos pero también deja constancia de la denuncia y la documentación como mecanismos vigentes para subir el costo y evidenciar el abuso.
Capítulos 2024
Sigue los enlaces y lee los temas más relevantes:
- Análisis de la Ley de Fiscalización de las ONG
- 2014: Una década de represión, impunidad y resistencia
- Entre la censura y la resistencia: El periodismo venezolano tras el 28J
- Redes y muros: El rol de las empresas privadas y alternativas resolutivas frente a bloqueos digitales
- Situación general del derecho a la manifestación pacífica en Venezuela 2024
- Cronología 2024
Situación general del derecho 2024
Durante el 2024 las restricciones a los derechos civiles y políticos se agudizaron, en el marco de un proceso electoral de alta relevancia para el destino del país. La represión estatal, la persecución a personas opositoras, la censura y la falta de garantías judiciales se intensificaron, lo que incrementó el miedo y desconfianza en la población. En paralelo, las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja se mantienen y suman directamente al deterioro de la calidad de vida.
Este año registramos 311 casos, lo cual representa un incremento del 52% con respecto al registro en el 2023. Este aumento se dio principalmente por las restricciones impuestas en el marco del proceso electoral presidencial del 28 de julio y durante la ola represiva registrada en los meses posteriores, los cuales estuvieron marcados por una política de persecución inédita en proporción y alcance en contra de liderazgos sociales, políticos y ciudadanía en general.
Cuadro 1. Casos por año
En tal sentido, el mes con mayor número de casos fue julio (98), periodo en el que se registró un tercio de los casos ocurridos en todo el 2024. En segundo lugar se ubicó agosto (66) producto de la represión postelectoral. Entre estos dos meses se concentra más del 50% de las situaciones registradas durante todo el año.
La represión postelectoral generó la desmovilización ciudadana y el desmantelamiento de la protesta en rechazo a los resultados electorales anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), situación que consolidó un clima de miedo en la población, y facilitó el control del gobierno sobre la narrativa pública.
Gráfico 1. Casos por mes
Se registró un total de 619 denuncias de violaciones al derecho a la libertad de expresión, lo cual representa un aumento del 61% con relación al total del año 2023, cuando se documentaron 384. Esta cifra ubica al 2024 como el periodo con mayor número de violaciones de los últimos 5 años. Al igual que en años anteriores, el repunte en el número de violaciones a la libertad de expresión coincide con las tensiones políticas y el incremento de la conflictividad social.
La principal violación registrada fue la intimidación, sumando más de un tercio de las denuncias recibidas. En esta categoría se incluyen los impedimentos de cobertura, restricciones de acceso a determinados espacios y detenciones por buscar o difundir contenidos.
- El 8 de julio funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) hostigaron, impidieron cumplir su trabajo y detuvieron arbitrariamente a los periodistas Andrea Fabbiani, de Atarraya Digital, y Víctor González, corresponsal de La Patilla, quienes desde hace varios días cubrían una inundación en Cumanacoa, en el estado Sucre. Según informaron ambos comunicadores en sus redes sociales, intentaban obtener declaraciones de un mayor general a cargo de las labores de rescate en el lugar, cuando efectivos de la GNB los subieron en una patrulla y los trasladaron a otro sector, desalojándolos del área.
- La periodista Ana Carolina Arias, denunció que en un centro de votación de Porlamar, estado Nueva Esparta, no se permitió el acceso a quienes estaban acreditados por el Consejo Nacional Electoral para dar cobertura del proceso electoral del 28 de julio. Únicamente pudieron ingresar en el momento de la votación del gobernador pero cerca de las 7:20 am funcionarios del Plan República prohibieron la entrada.
Cuadro 2. Violaciones por tipo. Gráfico 2. Violaciones por tipo
Detenciones por expresar opiniones
En el 2024 registramos 99 detenciones, lo que representa un incremento del 254% con relación al 2023, cuando se registraron 28 privaciones de libertad. De total de personas detenidas, 71 fueron particulares, y 24 entre periodistas y trabajadores de la prensa. El resto de las víctimas estuvo distribuido entre miembros de ONG y trabajadores públicos. Las detenciones arbitrarias fueron una de las principales herramientas utilizadas por el Estado para silenciar a quienes ejercen la libertad de expresión. Esta escalada de la represión refleja una estrategia gubernamental dirigida a controlar el discurso público y a limitar el espacio cívico, la cual se intensificó a partir del proceso electoral presidencial.
Del total de detenciones, 28 se produjeron por el uso de redes sociales o internet. Mientras que pudimos verificar al menos 36 detenciones bajo acusaciones de supuesta instigación al odio.
Con frecuencia, estas detenciones se dieron tras la publicación de contenido de carácter político o convocatorias a protestas ciudadanas en redes sociales como Tik Tok e Instagram. Igualmente, registramos detenciones por la difusión de mensajes a través de Whatsapp, lo cual da cuenta de la sofisticación de los mecanismos de vigilancia y del recrudecimiento de la represión. En tal sentido, desde el Estado se incentivó la delación entre vecinos como herramienta de control social.
Cuadro 3. Detenciones por ocupación. Gráfico 3. Detenciones por ocupación
- El 25 de enero, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) detuvieron al ciudadano Orlando Navas, a quien se le acusó de “instigación al odio” por dos publicaciones que hizo en la red social X dirigidas a un jugador del equipo de béisbol Tiburones de La Guaira. Navas fue capturado mientras trabajaba en la sede del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) ubicado en el Centro Comercial Costa Azul de Coro, capital del estado Falcón.
- La fotógrafa de la Alcaldía del municipio Carrizal del estado Miranda, Deysi Peña, fue detenida el 1 de agosto por funcionarios de Polimiranda mientras estaba en la estación de servicio Los Nuevos Teques, en los Altos Mirandinos. Peña fue detenida por tomar fotografías de una protesta el 30 de julio y publicarlas en redes sociales. Peña fue liberada la noche del 11 de diciembre, tras permanecer detenida cuatro meses y diez días.
Restricciones legales
En Venezuela, el Estado ha implementado una serie de medidas legales y normativas que han restringido significativamente el ejercicio de los derechos civiles y políticos de la población. Estas restricciones no solo afectan directamente a quienes son objeto de sanciones o persecución, sino que también impactan a la sociedad en su conjunto, al debilitar el espacio cívico, obstaculizar el debate público y menoscabar el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de opinión, la asociación y la participación política.
El 20 de agosto se creó el Consejo Nacional de Ciberseguridad mediante un decreto presidencial. Esta instancia funcionará de manera permanente como un órgano consultivo y de asesoría bajo la autoridad del jefe de Estado, “enfocado en la prevención de los usos ilegales de las tecnologías de la comunicación y la información”. De acuerdo al decreto publicado establece que entre las principales funciones del Consejo se encuentra el establecimiento de una red de monitoreo constante para incidentes telemáticos, “con el objetivo de prevenir, mitigar y gestionar los delitos informáticos de forma más eficaz. A su vez, el organismo podrá solicitar información a entidades tanto públicas como privadas”.
Posteriormente, el 28 de noviembre, y bajo el pretexto de proteger la soberanía nacional, la Asamblea Nacional (AN) aprobó la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo, la cual ha instaurado un marco legal que restringe severamente la libertad de expresión. La regulación establece sanciones desproporcionadas y penas de prisión de entre veinticinco (25) a treinta (30) años y multas por la cantidad en bolívares equivalentes a entre cien mil (100.000) y un millón (1.000.000) de veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela, por expresar opiniones críticas o difundir información considerada contraria a los intereses del Estado.
En paralelo, en abril la AN aprobó en primera discusión el proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, instrumento que, entre otras cosas busca “legalizar” prácticas de persecución estatal. Al respecto, tres relatorías de Naciones Unidas reiteraron que las definiciones resultan insuficientemente delimitadas y claras, pudiendo dar lugar a un uso indebido, subjetivo y discrecional. Y con la relación a la supuesta “prevención del fascismo” como razón de la ley, las relatorías alertaron que “las políticas preventivas no deberían incluir medidas punitivas que incurran en un riesgo de castigar la tenencia de opiniones de ninguna naturaleza, puesto que el derecho a la libertad de opinión, es de naturaleza absoluta y no puede restringirse”.
Todas estas medidas se suman a la ley contra el odio, aprobada en 2017, y a otras restricciones legales promovidas e impuestas desde el Estado venezolano para cerrar el espacio cívico, cercar libertades y perseguir a sectores críticos al gobierno.
Cierre de medios
Durante los últimos años el cierre de medios de comunicación se ha consolidado como un patrón restrictivo impulsado principalmente por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y por gobiernos regionales, hacia medios que ofrecen espacios de crítica a la gestión gubernamental y que replican denuncias sobre problemáticas sociales o de interés público. En el 2024 registramos el cierre de 23 medios de comunicación, 21 emisoras de radio.
- La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó el 23 de febrero apagar los transmisores de las emisoras Senda 96.1 FM, Mágica 93.3 FM y Clásicos 93.9 FM que operaban en Ciudad Ojeda, municipio Lagunillas del estado Zulia. Según informó a través de X (antes Twitter) el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), una comisión de la Conatel que visitaba el estado ordenó el cese de transmisiones de las emisoras “luego de una revisión administrativa técnica”.
- El 5 de abril, Conatel ordenó el cierre de la emisora Excelente 107.9 FM, que salía al aire en la ciudad de Upata, municipio Piar, estado Bolívar. Una fuente, cuyo nombre solicitó reservar, comentó a Espacio Público que funcionarios de la Conatel se llevaron una consola, un CPU y un excitador durante el procedimiento.
Víctimas y victimarios
Los/as periodistas son los más afectados por las violaciones al derecho a la libertad de expresión, al enfrentar frecuentes ataques y agresiones mientras realizan su trabajo. Al igual que en periodos anteriores, lideran la lista de víctimas con al menos el 34% de los registros. Estos incidentes suelen ocurrir principalmente durante la cobertura de eventos noticiosos, como manifestaciones o en dependencias de organismos públicos.
Cuadro 4. Víctimas por profesión. Gráfico 4. Víctimas por profesión
- El 30 de junio, un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) impidió que un reportero de Efecto Cocuyo registrara con fotos y videos la jornada del simulacro electoral en el Colegio San Luis, ubicado en el municipio Baruta del estado Miranda. El periodista le indicó a Espacio Público que al llegar al centro de votación conversó primero con el funcionario de la Milicia ubicado en la entrada, quien le dijo que debía hablar con el “comandante” a cargo del espacio. El efectivo de la GNB le indicó al reportero que no estaba permitido tomar fotos ni grabar videos y que necesitaba una acreditación especial para estar allí.
- Una mujer identificada como Maricruz Vallejo, líder de calle del sector Cantarrana en Cumaná, estado Sucre, hostigó de manera verbal a la periodista y corresponsal de Unión Radio, Ariana Agreda, por cumplir con su labor informativa durante la inundación que ocurrió en Cumanacoa el 6 de julio. La comunicadora alertó del hecho a través en su cuenta personal en la red social X, donde aseguró que desde el 5 de julio, Vallejo la había estado atacando e insultando por tener vitiligo y acusar a su cobertura periodística de tener parcialidad política.
Del total de víctimas registradas, el 72% fueron hombres, mientras que el 28% fueron mujeres.
Gráfico 5. Víctimas por género
Persecución electoral
En el contexto de las elecciones presidenciales del 28 de julio, se documentó una intensificación de la persecución y el hostigamiento contra ciudadanos, especialmente hacia opositores políticos, activistas y periodistas. Durante el período previo y posterior a las elecciones, se registraron numerosos casos de detenciones arbitrarias, amenazas, intimidación y allanamientos a viviendas de figuras opositoras. Nicolás Maduro señaló la detención de más de 1.200 personas a principios de agosto, organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, basadas en registros locales y propios, denunciaron el uso de tácticas represivas por parte del gobierno de Nicolás Maduro, incluyendo la detención de más de 1.600 personas, entre ellas adolescentes y periodistas, bajo cargos ambiguos como “incitación al odio” y “terrorismo”. Además, se reportaron asesinatos de manifestantes, muchos de ellos atribuidos a fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales conocidos como “colectivos”.
La represión también se extendió al ámbito digital y legal, con bloqueos de sitios web, censura a medios independientes y el uso de leyes para criminalizar la disidencia. Las autoridades impidieron la verificación independiente de los resultados electorales, lo que generó protestas masivas que fueron reprimidas con violencia. La comunidad internacional, incluyendo la Organización de Estados Americanos y la Corte Penal Internacional, expresó su preocupación y exigió la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos.
Este clima de miedo y control buscó silenciar a la oposición y socavar la legitimidad del proceso electoral, profundizando la crisis política y humanitaria en el país. Del total de víctimas, los particulares, personas no profesionales de la comunicación, se ubican en el segundo lugar, con 94 registros, equivalente al 23%. Esta escalada represiva se tradujo en la persecución y hostigamiento hacia ciudadanos por emitir comentarios o críticas en contra de los resultados electorales publicados por el CNE.
En este contexto el gobierno de Nicolás Maduro restringió el acceso a distintas plataformas y medios digitales, con el propósito de limitar el flujo de información e impedir la divulgación de denuncias sobre las irregularidades presentadas en el proceso electoral del 28 de julio. En tal sentido, se documentó el bloqueo de al menos 32 sitios web, por parte de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) y operadoras privadas.
- El 8 de agosto, Nicolás Maduro ordenó el bloqueo por 10 días de la red social X, la cual fue utilizada en días posteriores al 28 de julio para difundir denuncias sobre el proceso y sobre la escalada represiva promovida desde el Estado. “He autorizado que Conatel saque la red social X, durante 10 días de Venezuela, para que presente sus recaudos ante esta instancia”, declaró Maduro en un acto televisado. Hasta finales de 2024, la red se mantuvo bloqueada en el país.
- Maduro también ordenó el bloqueo de la aplicación de mensajería Signal el 8 de agosto, como parte de una serie de medidas restrictivas en el ámbito digital. Este bloqueo se implementó sin previo aviso oficial y fue aplicado desde la mayoría de los proveedores de internet en el país, impidiendo el acceso tanto a la página web de Signal como al uso de la aplicación en su versión móvil. El bloqueo de la aplicación se mantuvo por el resto del año.
Las principales instituciones responsables de las agresiones fueron las del Estado venezolano, las cuales han impuesto de manera reiterada limitaciones al trabajo de los periodistas y al ejercicio del derecho a la libertad de expresión. En este sentido, los principales actores identificados como victimarios son la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec). Esto se debe a las constantes fallas en los servicios de telecomunicaciones y al cierre arbitrario de medios de comunicación.
En segundo lugar, se encuentran los cuerpos de seguridad del Estado, quienes actuaron como órgano represor al momento de ejecutar detenciones arbitrarias. Igualmente, en repetidas oportunidades, limitan la labor periodística durante pautas noticiosas.
Cuadro 5. Victimario por ocupación. Gráfico 6. Victimario por ocupación
- Los portales web de las organizaciones de verificación y fact checking Cazadores de Fake News y EsPajafueron bloqueados el 4 de julio por la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) y las principales operadoras de servicios de internet en el país, justo el mismo día de inicio de la campaña electoral presidencial y luego de que ambos portales documentaron contenidos de desinformación sobre los candidatos.
- La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó el 13 de septiembre el cierre de la emisora Victoria 103.9 FM que operaba en el estado Aragua desde hace más de 20 años, según informó el medio local a través de sus redes sociales. La emisora narró en un comunicado que el mismo viernes 13 recibieron a un grupo de funcionarios de la Conatel que les notificó el cese inmediato de sus transmisiones basándose en la resolución N° GST-RS-00899, la cual declaraba “la extinción de la habilitación de radiodifusión sonora”.
Casos por ubicación
La mayoría de las violaciones a la libertad de expresión se registraron en el plano digital. En tal sentido, 120 casos tuvieron lugar en internet, esto equivale al 38% de las situaciones documentadas. Con relación a la ocurrencia por ubicación geográfica, el Distrito Capital encabeza la lista, con al menos 26 casos (8%), seguido por el estado Miranda con 13 registros (4%).
La frecuencia de casos en esta zona del país responde a que esta región es sede de los poderes del Estado, lo cual genera gran actividad noticiosa, así como mayor vigilancia por parte de los cuerpos de seguridad e instituciones gubernamentales. Los estados Vargas (La Guaira), Bolívar y Trujillo complementan la lista de entidades con mayor número de registros, en estos casos la mayoría de las incidencias estuvieron vinculadas a las restricciones impuestas al trabajo de la prensa durante coberturas periodísticas.
Gráfico 7. Casos por ubicación
Marco teórico metodológico
El registro parte de la libertad de expresión e información como derecho humano que corresponde a toda persona, independientemente de su oficio o profesión. Esto incluye entre las categorías frecuentes, no únicas, a: PARTICULARES: quienes no se dedican profesionalmente a la comunicación, pero que usan medios y recursos a su alcance, digitales o analógicos, para expresar ideas, opiniones o contenidos de interés público. PERIODISTAS, REPORTEROS/AS: personas que se dedican de manera profesional a la comunicación, o que constituye su dedicación principal o dominante.
Por CASO se entiende el hecho o situación en la cual se compromete la garantía del derecho a la libertad de expresión. En un mismo evento o caso se puede registrar la participación de varios agentes violadores o responsables, varias víctimas, así como varias DENUNCIAS de violaciones o restricciones al derecho. De la misma forma en un caso pueden aparecer diversos tipos de víctimas: medios, periodistas, fotógrafos, y varios tipos de violaciones.
El registro se realizó sobre la base de una matriz de eventos o casos en los cuales se incluyeron diferentes variables, entre ellas: área geográfica o espacio de ocurrencia; género de las víctimas; tipo de víctima (periodistas, particulares, medios); tipología según el área de trabajo (fotógrafos, camarógrafos, etc.); y tipo de violación según las categorías de violaciones:
AGRESIÓN: en el caso de personas heridas o golpeadas por civiles o por fuerzas de seguridad.
ATAQUE: estructura física de instituciones o personas dañadas o asaltados por la difusión de noticias u opiniones o contenidos.
AMENAZA: en forma personal, por teléfono, por mensajes de texto, voz u otra modalidad. Agresión a las propiedades de una persona, como por ejemplo, disparos de armas de fuego contra su vivienda o destrucción de su vehículo, o ataques, amenazas o seguimiento a miembros de su familia.
CENSURA: supresiones o prohibiciones oficiales, ediciones confiscadas, difusión restringida o impedida, despido de periodistas o programas suspendidos como resultado de presión política o de otro tipo, materiales confiscados o destruidos, retiro de la publicidad oficial o discriminación en su reparto, presión sobre los auspiciantes de un medio, visas o documentos de identidad negados o suspendidos arbitrariamente.
INTIMIDACIÓN: acceso a edificios o espacios públicos negado o limitado, libertad de desplazamiento impedida o restringida, inspecciones fuera de rutina, espionaje o seguimiento sobre periodistas, comunicadores detenidos sin orden judicial, amenaza de funcionarios de aplicar sanciones a través de algún organismo gubernamental, asalto a periodistas durante el desempeño de sus tareas.
HOSTIGAMIENTO JUDICIAL: amenazas de funcionarios de iniciar acciones judiciales contra un medio, periodista o ciudadano, demandas por daños y perjuicios, o querellas por calumnias e injurias destinadas a inhibir la difusión de un hecho o de una crítica, y sentencias a prisión o a pagar indemnizaciones por esos delitos; imposición a periodistas y reporteros de revelar sus fuentes de información, arresto o detención de periodistas por orden de autoridades judiciales, allanamiento de medios de comunicación.
HOSTIGAMIENTO VERBAL: insultos o descalificaciones de funcionarios hacia medios de comunicación, periodistas o ciudadanos, declaraciones destinadas a ubicar a la prensa en el papel de adversario político, aprobación de proyectos de resolución o de declaración en repudio de artículos periodísticos, opiniones o contenidos específicos.
RESTRICCIONES LEGALES: aprobación de leyes restrictivas para la libertad de expresión y de prensa, o presentación de proyectos legislativos o decretos del Poder Ejecutivo con esa finalidad.
RESTRICCIONES ADMINISTRATIVAS: aprobación o aplicación de medidas administrativas restrictivas por parte del Ejecutivo Nacional, regional o municipal.
MUERTE: periodistas o ciudadanos asesinados mientras realizaban su trabajo periodístico, por o posiblemente a causa de buscar/difundir información, o por motivo de éste, luego de su realización.
Las descripciones de las categorías son generales, incluye ejemplos de denuncias registradas a modo de ejemplo, no configura una lista exhaustiva o cerrada.
Para validar las posibles causas de violaciones graves en relación al ejercicio de la libertad de expresión, se revisan antecedentes sobre la difusión de contenidos, restricciones, amenazas u hostigamientos previos, así como las investigaciones judiciales que cumplan con las garantías legales del Estado de Derecho y la independencia de los poderes públicos. Ante la ausencia de investigaciones adecuadas, y la existencia de antecedentes restrictivos, se asume el ejercicio del derecho como causa de la violación hasta la aparición de nueva información corroborada o investigaciones penales debidas que demuestren lo contrario.
Las informaciones de los distintos eventos o casos se contabilizaron a partir de las notas aparecidas en medios de comunicación a nivel nacional o regional, así como el testimonio de las víctimas y personas afectadas, con el objeto de realizar un registro de fuentes directas. También se recogen datos de investigaciones realizadas por instituciones gremiales, académicas y de derechos humanos, de carácter nacional e internacional.
A partir de los datos recogidos se creó una matriz que considera las variables que explicitamos anteriormente. Se realizó una depuración de los distintos eventos, así como el cruce de las distintas variables. Se ejecutaron los cálculos correspondientes, y ello derivó en las tablas y gráficos que ilustran este informe. El estudio comprende una descripción de los patrones de violación al derecho, seguidos de una ilustración con algunos casos relevantes.
Se entiende por caso el hecho o situación en la cual se compromete la garantía del derecho a la libertad de expresión. En un mismo caso se pueden contabilizar distintas víctimas y violaciones.
Las denuncias se refieren a las diferentes restricciones al derecho, se pueden dar varias en un mismo caso. De allí la diferencia entre casos y denuncias de violaciones.
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Se entiende por particular a personas que no se dedican profesionalmente al periodismo, no trabajan en ninguna institución del Estado o medio de comunicación en general.
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Espacio Público, 5 de julio de 2024. Operadoras bloquean portales web de EsPaja y Cazadores de Fake News. Recuperado en https://espaciopublico.ong/operadoras-bloquean-portales-web-de-espaja-y-cazadores-de-fake-news/
Espacio Público, 16 de septiembre de 2024. Conatel sacó del aire la emisora Victoria 103.9 FM en el estado Aragua. Recuperado en https://espaciopublico.ong/conatel-saco-del-aire-la-emisora-victoria-103-9-fm-en-el-estado-aragua/
Violaciones graves a los derechos humanos son aquellas que ponen en riesgo de muerte o privación de libertad de forma inminente a personas por ejercer sus libertades. En este caso nos referimos en principio y según su alcance en cada caso a: detenciones arbitrarias, ataques, agresiones, amenazas y muerte.
