Presentamos la 32ª edición de nuestro Informe Anual sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela, correspondiente al período enero-diciembre de 2020, en el que se registran los principales avances, retrocesos, obstáculos y amenazas para la realización de 14 derechos humanos en nuestro país.
2020 se desarrolló en un contexto de continuidad de las violaciones a los derechos humanos, de manera masiva y sistemática, que reafirmaron el carácter dictatorial del gobierno de Nicolás Maduro y el equipo que le acompaña, con más alta responsabilidad en la gestión pública.
Las graves violaciones motivaron que tanto la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas como la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, señalaran que había motivos razonables para considerar que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, al menos desde 2017.
La persecución sistemática contra las fuerzas políticas opositoras tuvo como una de sus consecuencias el debilitamiento de la Asamblea Nacional. Algunos de los diputados fueron obligados a salir del país en calidad de refugiados, mientras otros pasaron a la clandestinidad. La persecución abarcó también a varios líderes sociales, entre ellos algunos sindicalistas.
Las crecientes deficiencias en los servicios públicos siguieron deteriorando la calidad de vida de la población y fueron la causa de protestas, que aunque fueron en menor cantidad que en el año 2019 -cuando hubo 16.739 movilizaciones-, alcanzaron la cifra de 9.633, según datos del Observatorio de Conflictividad Social (OVCS).
Los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos mantuvieron el monitoreo de la situación de derechos humanos en el país y presentaron diferentes recomendaciones, las cuales en su mayoría no han sido acatadas por las autoridades. Así lo hicieron la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través de la Comisión de Encuesta y la Misión de Determinación de Hechos de la ONU. En paralelo avanzó el Examen Preliminar que adelanta la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
Las organizaciones de la sociedad civil continuaron desarrollando iniciativas en pro del rescate de la democracia, reivindicaron su autonomía frente al Estado y se desmarcaron de acciones realizadas por sectores de la oposición contrarias a salidas pacíficas y democráticas a la crisis venezolana.
La economía venezolana acentuó su crisis estructural con una inflación según el Banco Central de Venezuela de 2.959,8%. En cuanto a la industria de hidrocarburos fue un año marcado por el derrumbe histórico de la producción petrolera y el colapso de la industria. Durante el mes de diciembre la cantidad de barriles diarios producidos fue de 431.000 por día (OPEP). La escasez de gasolina y diésel se agudizó durante el 2020 en el país, como resultado del deterioro del sistema de refinación y afectando el día a día de los venezolanos. Una situación agudizada por las medidas coercitivas unilaterales contra el país.
El prólogo de este Informe Anual fue escrito por Tamara Taraciuk, abogada, sub – Directora interina para Las Américas de Human Rights Watch.
