Carta abierta al Gobierno de Venezuela por la liberación de Eduardo Torres, defensor de los derechos humanos

El abogado Eduardo Torres (izq., con chaqueta oscura) acompaña a la madre de un joven detenido por agentes de la Policía Nacional Bolivariana, frente a un juzgado, en Caracas, Venezuela, el 20 de noviembre de 2023. FEDERICO PARRA/AFP vía Getty Images

Unas 25 organizaciones internacionales de la sociedad civil instan a las autoridades de Venezuela que se permita a Eduardo Torres la comunicación regular con sus familiares y abogados de confianza, y a garantizar su liberación total e inmediata.

Nicolás Maduro Moros
Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela

Jorge Rodríguez Gómez
Presidencia de la Asamblea Nacional de Venezuela

Junio 09, 2025

Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes nos dirigimos a ustedes con carácter de urgencia para solicitar la inmediata liberación de Eduardo Torres, abogado, docente, sindicalista y defensor de los derechos humanos, miembro del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), actualmente detenido, aislado e incomunicado.

El 9 de mayo de 2025, Eduardo desapareció y durante ocho días no hubo información sobre su paradero. Aunque las autoridades finalmente reconocieron públicamente su detención el 13 de mayo, no se proporcionó más información sobre la fecha, la hora, el lugar o la fuerza de seguridad que llevó a cabo la detención. Tampoco ha habido información de la fiscalía que se encargaría del caso, ni sobre la existencia de una orden de detención. Tampoco se conocen los cargos que se le imputan. La familia y los abogados de Eduardo presentaron un recurso de habeas corpus, que las autoridades judiciales rechazaron inicialmente, antes de aceptarlo el 12 de mayo. El recurso sigue pendiente de respuesta.

El proceso contra Eduardo Torres ha carecido de transparencia y acceso a información oportuna para sus familiares y defensores legales de confianza. Un mes después, ni familiares ni abogados de confianza han tenido ningún tipo de contacto con él y no han podido verificar sus condiciones de detención ni su estado de salud. La familia sólo ha podido contactar al defensor público asignado a su caso, quien les informó que existe una prohibición de visitas para Eduardo, violando así su derecho al debido proceso, comunicación y legítima defensa.

Varias organizaciones y actores, incluidos el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismos de las Naciones Unidas y cientos de organizaciones internacionales han exigido su liberación inmediata.

Aprovechamos esta oportunidad para recordar a las autoridades venezolanas que, de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otras normas internacionales de derechos humanos pertinentes, deben garantizar que las personas defensoras de los derechos humanos puedan llevar a cabo su trabajo con libertad y seguridad, sin temor a sufrir hostigamiento, represalias o encarcelamiento.

Le instamos como autoridad del Estado de Venezuela a tomar medidas que:

Permitir a Eduardo una comunicación regular con sus familiares y abogados de confianza, en cumplimiento de las obligaciones legales, internacionales y constitucionales y respetando su derecho al debido proceso;

Facilitarle el acceso a sus abogados de confianza; y

Concederle la libertad plena e inmediata.
Firmantes