El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha hecho públicas este 3 de noviembre sus conclusiones sobre la República Bolivariana de Venezuela, tras examinar al Estado Parte en su último periodo de sesiones.
Las conclusiones contienen las principales preocupaciones y recomendaciones del Comité sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como aspectos positivos.
El Comité expresó su profunda preocupación por las denuncias de que instituciones judiciales, administrativas y constitucionales, como el Consejo Nacional Electoral, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Supremo de Justicia, han estado restringiendo el espacio democrático mediante la inhabilitación política para impedir que miembros de partidos de la oposición se presenten a cargos públicos.
Lamentó que algunos opositores políticos ya hayan sido inhabilitados para participar en las elecciones presidenciales previstas para 2024.
Instó a Venezuela a garantizar a todas las personas, incluidos los jóvenes, el disfrute pleno y efectivo del derecho a la participación política, asegurando su inscripción en el registro electoral nacional. Asimismo, instó al Estado parte a asegurar unas elecciones justas, transparentes, inclusivas y pluralistas a todos los niveles, garantizando el debido proceso y la transparencia en los procedimientos administrativos.
El Comité expresó su inquietud por el cierre del espacio cívico y la persecución de disidentes, y destacó en particular su preocupación por las acusaciones espurias como «asociación para delinquir» y «revelación de información confidencial» formuladas contra defensores de los derechos humanos y funcionarios públicos que habían denunciado casos de corrupción en los que estaban implicadas autoridades del Estado.
Pidió a Venezuela que revisara el marco legal para salvaguardar de la criminalización a los denunciantes, testigos y víctimas de corrupción.
El Comité también expresó su preocupación por el cierre de empresas de comunicación, así como por la intimidación, persecución, detenciones arbitrarias y encarcelamiento de periodistas, defensores de los derechos humanos y activistas políticos.
Instó a Venezuela a poner fin al hostigamiento, la intimidación y la violencia contra periodistas, defensores de los derechos humanos, sindicalistas, activistas indígenas y políticos para que puedan llevar a cabo su trabajo sin temor a sufrir violencia o represalias.
Conclusiones completas aquí
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