ACERCA DEL AUTOR:
Óscar Murillo
Coordinador General deProvea | Periodista | @oscarfmurillo
La firma del acuerdo petrolero entre Estados Unidos y la administración de Delcy Rodríguez ha encendido el debate. El pacto compromete 17 campos petroleros y un potencial de 65.000 millones de barriles por 25 años, sin que se haya hecho público el texto completo del convenio ni se conozca el mecanismo de control sobre los 209.000 millones de dólares en tributos proyectados. Esa opacidad, más que el hecho mismo de negociar con Washington, es lo que define el desarrollo político posterior al 3 de enero como un proceso escurridizo. Todo esto ocurre en medio de elevadas expectativas de cambio y mejora por parte de los venezolanos.
Pese a las críticas al sistema democrático bipartidista que pautó las relaciones entre Estado y sociedad entre 1958 y 1998, no puede negarse que la afirmación de la soberanía nacional fue un hecho importante en dicho período.
Un repaso de la historia política venezolana muestra que los gobiernos más autoritarios no siempre lograron sostener la soberanía territorial frente a potencias extranjeras. En 1891, bajo el gobierno de Raimundo Andueza Palacio, Venezuela perdió gran parte de la península de la Guajira por el Laudo Arbitral Español. En 1899, bajo el gobierno de Ignacio Andrade, el Laudo de París fijó los límites con la Guayana Británica en condiciones desfavorables para el país. En 1922, ya bajo el gobierno de Juan Vicente Gómez, el Laudo Suizo confirmó esas pérdidas territoriales. Sin contar los múltiples capítulos en materia energética.
La subordinación a intereses foráneos ha sido, entonces, una constante que atraviesa gobiernos de distinto signo. En lo que respecta a 2026 y al acuerdo con Estados Unidos, la situación sería otra si se hubiera evitado la quiebra de PDVSA a causa de la corrupción y la ineficacia. La destrucción del sistema democrático arrojó a cientos de miles de familias a la pobreza, erosionó la protección social y provocó que millones huyeran del país. Ese descalabro hoy pasa una gruesa factura en términos de la afirmación de los derechos de Venezuela como nación. El chavismo, responsable de esa ruina, y el gobierno de Delcy Rodríguez, que le da continuidad, negocian hoy sin la autoridad que otorga la legitimidad ciudadana.
De modo que estos hechos, más que preocuparnos, deben comprometernos con una lucha vigente y necesaria. La democracia es el único camino para alcanzar una plena democracia política, económica y social.
El pasado 23 de enero, en la primera protesta de calle posterior al 3E, Provea, junto a movimientos populares, gremios y universitarios, reafirmamos que “la democracia es la condición de posibilidad para la recuperación de la dignidad humana y la vigencia de los derechos sociales y económicos”.
En función de garantizar la autodeterminación sobre nuestro destino, es imperativo avanzar en la reconstrucción de la institucionalidad democrática. En ese sentido, la sociedad civil debe advertir a los protagonistas del diálogo nacional que “no está permitido fallar” y exigirles que cumplan, como señaló la Asociación de Profesores de la UCV.
A diferencia del negocio petrolero, en el tema democrático no abundan los inversionistas y nos corresponde, a los ciudadanos, remar con más fuerza. En esa dirección, necesitamos una unidad de propósito entre todos los actores democráticos para el plan de transición, más allá de las promesas del tutelaje.
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Óscar Murillo
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