En 2020, Provea junto a organizaciones sociales, el Centro de Derechos Humanos de la UCAB y Espacio Público suscribió y promovió un documento titulado “Rescatemos el derecho a vivir en democracia” cuya premisa fundamental guarda una vigencia pertinente en nuestros días: “Venezuela está dispuesta a luchar para recuperar la democracia y con ella el derecho a una vida con justicia y dignidad”.
En ese entonces, las organizaciones insistían en exigir que el Estado esté al servicio de la gente, que no es otra cosa que estar bajo el imperio de la Constitución y la ley, y bajo el control activo de la ciudadanía a través de su participación libre y soberana en los asuntos públicos.
Cuatro años después, el clamor es mucho más sentido en la calle. Hay un país que no se cansa de levantarse ni de lucha; un país que aspira caminar hacia un progreso humano sustentado en el trabajo y en un Estado que garantice sus derechos humanos, sus derechos políticos, sus derechos económicos, sus derechos sociales.
En 2024, las elecciones presidenciales previstas en la Constitución planteaban una oportunidad valiosa para contrastar y debatir planes y propuestas para responder a los impactos de una emergencia humanitaria que trajo más pobreza, desigualdad, migración forzada y un progresivo deterioro de la calidad de vida.
Lastimosamente, nada de esto ha ocurrido.
Por el contrario, las imposiciones a conveniencia del gobierno en el cronograma electoral, como el adelanto de la fecha de la elección, las irregularidades en el proceso de inscripción de candidatos y candidatos y las múltiples fallas del registro electoral impactan negativamente en garantías electorales fundamentales.
En ese sentido, PROVEA no ha dudado de condenar el abuso del CNE, al incautar ilegalmente el derecho de la ciudadanía a elegir libremente el destino del país. Hemos advertido que secuestrar la soberanía popular, favoreciendo al autoritarismo gobernante, dará continuidad a la extinción del Estado de derecho, erosionando las posibilidades de construir y consolidar un régimen democrático y de derechos, basado en la justicia social y el respeto a los DDHH.
En ese sentido, valoramos la enérgica reacción de gobiernos de América Latina, muchos de ellos con vínculos con el gobierno de Nicolás Maduro, sobre las reiteradas arbitrariedades que minan el proceso electoral venezolano.
Mientras esto ocurre, Provea contabiliza 750 días sin aumento del salario y pensión en Venezuela. 750 días siendo con un pago mensual de: 130 Bs. = $3,58. En resumen, la calidad de vida y el poder adquisitivo destruidos en un sistema económico que responde más al “sálvese quien pueda”.
Por eso, es importante levantar nuestras voces y articular respuestas nacionales e internacionales para garantizar condiciones institucionales favorables para que la población pueda recuperar su voz y su voto en la conducción de su propio destino.
Es oportuno mencionar el llamado que hizo Michael Fakhri, relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, en una declaración al término de una visita a Venezuela por 14 días, en favor de los Derechos Humanos, no de la caridad, ni del clientelismo, para acabar con el hambre y la malnutrición.
Necesitamos con urgencia poner fin a la arbitrariedad electoral para que los venezolanos se expresen a través del voto y mediante elecciones libres, transparentes y competitivas. Necesitamos sustituir la represión, la persecución y el hostigamiento a los movimientos sociales por una reflexión que conduzca a mejorar la situación de los derechos humanos en Venezuela, especialmente de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca), como base de una genuina democracia.
