Caracas.- Los recientes acuerdos energéticos y las licencias operativas emitidas entre los gobiernos de los Estados Unidos y de la República Bolivariana de Venezuela para reactivar y expandir la industria de hidrocarburos, generan profunda preocupación en la sociedad civil venezolana ante la ausencia de información pública sobre las medidas de protección ambiental que deben acompañar a estos acuerdos.
La recuperación económica no puede hacerse a costa de los derechos humanos ambientales.
Ningún interés económico prevalece sobre el derecho constitucional e internacional a un medio ambiente sano, seguro y sostenible; condición indispensable para garantizar derechos como la salud, agua y a un nivel de vida adecuado, entre otros.
Advertimos con preocupación que continúe planteándose la expansión del extractivismo petrolero y minero como única respuesta a la crisis socioeconómica, mientras persisten graves problemas sociales y ambientales asociados a estas actividades sin que se adopten medidas suficientes para atenderlos.
Ante esta situación, exhortamos al Estado venezolano y a las empresas e instituciones internacionales involucradas a asumir los siguientes compromisos:
- Transparencia e información pública
El acceso a la información ambiental es un derecho humano fundamental. Exigimos transparencia sobre
las negociaciones petroleras y la publicación inmediata de los mecanismos de protección ambiental que
deben incorporarse en los acuerdos.
- Cumplimiento efectivo de las obligaciones ambientales y de derechos humanos
Los acuerdos deben garantizar la debida diligencia en materia de derechos humanos y ambiente, conforme a los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos y a los estándares internacionales, incluyendo compromisos jurídicamente exigibles de protección ambiental.
- Protección y reparación de las comunidades vulnerables
Las comunidades afectadas por actividades extractivas deben contar con medidas efectivas de protección, asistencia y reparación ante los daños y pérdidas que puedan sufrir. Debe garantizarse, además, el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas sobre las decisiones que las afecten.
- Atención urgente de los pasivos ambientales y los derrames
Actualmente la industria petrolera venezolana está sumida en una crisis ambiental crónica, caracterizada por constantes derrames de hidrocarburos y destrucción de ecosistemas continentales y marinos. Los acuerdos deben incluir compromisos exigibles de atención de los pasivos ambientales acumulados, el control de las contingencias actuales y la restauración de los territorios degradados.
- Una transición hacia una Venezuela sostenible y justa
Las acciones del sector petrolero deben incorporar metas vinculantes para reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, de acuerdo con los compromisos internacionales asumidos por el país, y establecer planes concretos para una transición energética justa que permita superar la dependencia extractivista de Venezuela.
Reiteramos que la reconstrucción del país debe sustentarse en un modelo de desarrollo sostenible, participativo, justo y respetuoso de los derechos humanos.
La reactivación económica no puede convertirse en una nueva fuente de daños ambientales e injusticia social.
Clima21 – Provea
