Luis Crespo* | Inti Rodríguez
Casi dos años han transcurrido desde que el gobierno de Nicolás Maduro anunció el último incremento del salario mínimo que permanece anclado en 130,00 Bs., unos 3,58 dólares mensuales de acuerdo a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) para la fecha de esta publicación.
Este deliberado estancamiento del ingreso mínimo de los trabajadores forma parte de una política asumida por la gestión de Nicolás Maduro de des-salarizar el trabajo, profundizando la precarización el empleo decente y extinguiendo la capacidad de ahorro de las familias. Además, la ausencia de incremento del salario mínimo, que hoy asciende a 691 días, constituye el período más largo sin aumento salarial que han padecido los trabajadores en los últimos 27 años.
Y es que desde 1997, año en el que el movimiento sindical enfrentó los efectos de la Agenda Venezuela, -impulsada durante el segundo período presidencial de Rafael Caldera-, y se movilizó contra las medidas de flexibilización laboral y pérdida de las prestaciones sociales, en Venezuela se registró al menos un aumento anual del salario mínimo hasta 2022, cuando la actual administración decidió anclar el salario para contraer el consumo de los trabajadores y sus familias y evadir sus responsabilidades en materia de derechos laborales.
Bonificación, precarización y flexibilización del trabajo
“Vamos a salarizar los bonos que entregamos a la clase obrera, y ustedes proponen que se coloque el salario mínimo base de los trabajadores en medio Petro, estoy de acuerdo, y eso impacte todas las tablas salariales. ¡Aprobado!”
Así se expresó Nicolás Maduro la primera semana de marzo de 2022, concretamente el segundo día del mes, cuando anunció el último incremento del salario mínimo nacional tras insistentes reclamos de los trabajadores.
Su gobierno -aseguró-, estaba superando las dificultades impuestas por las sanciones económicas y se enrumbaba “A una recuperación necesaria, fuerte y sostenible del salario mínimo, de todas las tablas salariales y de los contratos colectivos de todos los trabajadores de Venezuela”.
Contradictoriamente, fue en 2022 cuando el gobierno de Maduro aceleró la estrategia dirigida a des-salarizar e imponer la bonificación del trabajo, una política que destruye las cualidades del salario y su carácter protector del ahorro de las familias y los trabajadores.
Antes, en el Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad presentado en 2018, se ejecutaron medidas para avanzar en el desconocimiento de derechos laborales fundamentales. Es así como el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo divulgó el Memorándum 2792 en octubre de ese año, en el que dio instrucciones para desconocer convenciones colectivas, hecho que marcó una agresión histórica a los trabajadores venezolanos.
En 2019 la estrategia para combatir la inflación se centró en rezagar el salario de los trabajadores en medio de una Emergencia Humanitaria Compleja sin precedentes, sacrificando el consumo de las familias y condenándolas a niveles exorbitantes de pobreza, un hecho que profundizó la depauperación y precariedad en una parte importante de la población.
En 2020 la “Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos” aprobada en octubre, estableció en su artículo 18 el soporte legal para la acelerada bonificación del ingreso de los trabajadores.
El 22 de marzo de 2022, apenas veinte días después del último aumento salarial anunciado por Maduro, la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), publicó un cuestionado e inconstitucional instructivo que eliminó las inter-escalas salariales, violando las conquistas plasmadas en las convenciones colectivas del sector público.
La bonificación del trabajo avanza. Significa actualmente el 96% del ingreso de un trabajador que recibe salario mínimo en la administración pública. Ello demuestra la des-salarización del trabajo bien sea por la propia destrucción del salario, pero también por la mayor proporción de bonos respecto al ingresos de los trabajadores.
La bonificación del salario viola derechos fundamentales y destruye los activos de los trabajadores como: prestaciones sociales, bonos vacacionales, aguinaldos, fideicomisos, cajas de ahorros y otros beneficios socio-laborales.
El salario mínimo actualmente en Venezuela es inexistente, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha descrito perfectamente que la finalidad de este se ha transformado a lo largo del tiempo, no es una simple estrategia que se aplica de forma selectiva en unos sectores de bajos ingresos, sino que se ha convertido en un instrumento de cobertura mucho más amplio.
La des-salarización del trabajo que actualmente ocurre en el país debe ser revertida con una estrategia de reconstrucción del salario, en la que se rescate el valor del trabajo y se dignifique al trabajador. Este proceso tiene que abordarse dentro de una nueva política salarial que forme parte de un plan de desarrollo nacional.
Reconstruir el valor del trabajo es impulsar la generación de riqueza en Venezuela, es pensar en productividad, calidad de vida, bienestar y es un proceso que se debe promover junto a diversos sectores.
Incentivar ese proceso de reconstrucción del salario en Venezuela es crear futuro, hacer justicia social y, en especial, retribuir el trabajo creador de riqueza en nuestra nación. Es potenciar el futuro para los venezolanos.
*Economista, Vice-presidente de la Asociación de Profesores de la UCV
