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La emergencia humanitaria por el coronavirus bautizado como Covid 19 por la Organización Mundial de la Salud (OMS)  llegó a Venezuela en medio de dos contextos: El primero, una Emergencia Humanitaria Compleja con un sistema público de salud deteriorado, un caos generalizado de los servicios públicos y según el Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidad (ONU) con 9 millones de personas en situación de hambre dos millones con hambre extrema. El segundo, con una dictadura que cercena de manera creciente las libertades públicas, realiza de manera indiscriminada ejecuciones, practica la tortura y realiza detenciones arbitrarias de manera sistemática contra disidentes políticos y contra quienes exigen derechos.

Para atender la Emergencia Maduro y su cúpula en el marco del estado de excepción con el que viene gobernado desde hace varios años, decretó un Estado de Alarma. Dicha declaratoria como respuesta a la gravedad de la situación y riesgo a la salud de millones, en esta ocasión, es una medida razonable. Se adoptó, sin embargo, de una manera inconstitucional dándole continuidad a las irregularidades.

Con la aprobación del decreto del estado de excepción bajo la figura de Estado de Alarma, el gobierno de facto está facultado para efectuar actuaciones con amplias atribuciones, en aras de solventar las causas y circunstancias de la situación, por ser insuficientes los medios ordinarios que dispone el Estado para afrontar la Declaratoria de Pandemia Mundial decretada por la OMS, con ocasión a la enfermedad de Coronavirus (COVID 19), y la detección del mismo en el territorio venezolano.

Cuerpos policiales y una Fuerza Armada Nacional Bolivariana acostumbrada a los abusos contra los ciudadanos, persisten en esta Emergencia con las violaciones a los derechos humanos, la persecución. Veamos algunas de las maneras como se vienen produciendo tales violaciones.

1.-Detención de personas sin cometer delito

Se está privando de libertad a personas por no usar el “tapabocas” o permanecer en grupos en la calle o en viviendas de manera festiva. Es comprensible que las autoridades se esfuercen en garantizar que las personas cumplan las medidas preventivas, pero privarlas de libertad porque incumplen recomendaciones es un abuso, una detención arbitraria. Así sea por pocas horas o días. Si bien el Código Penal establece que por cometer faltas una persona puede ser arrestada, resulta totalmente contraproducente seguir abarrotando los centros de detención preventiva cuando las recomendaciones de los organismos de salud y de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas es  al contrario, que se libere la mayor cantidad de personas y se aplique el principio de juzgamiento en libertad para evitar se expanda en coronavirus en centros de detención.

La medida por lo tanto, además de arbitraria, es totalmente contraproducente como medida preventiva y puede favorecer la propagación del virus. El deber de las autoridades es afianzar al máximo su labor educativa.

Igualmente se han realizado detenciones de personal de salud por exigir derechos. Y alguno no detenidos pero amenazados de ser privados de libertad.

El enfermero Rubén Duarte fue detenido el 17 de marzo en el estado Táchira cuando publicó por las redes sociales junto a otro personal de salud un video exigiendo mejores condiciones de trabajo.

El 17 de marzo fue detenido el médico Julio Molinos por la misma exigencia a través de las redes sociales: mejores condiciones de trabajo. El tribunal le dictó medida privativa de libertad y le impuso casa por cárcel a éste médico de 72 años.

Los riesgos de allanamientos sin orden judicial y la detención arbitraria por no cumplir las recomendaciones sanitarias son situaciones a los cuales se está sometiendo la población en el entendido que no son proporcionales, ni se limitan al alcance y propósito La libertad personal stricto sensu no queda suspendida, y el principio de legalidad y el debido proceso prevalecen en todo momento.

Además de las detenciones se ha amenazado con privar de libertad a productores agrícolas por exigir derecho a obtener gasolina para trasladar los productos, a personas de comunidades por exigir que se active el servicio de gas doméstico en los sectores populares, a trabajadores informales por exigir se les permita algunas horas vender productos.

2.-Persecución a los comunicadores sociales.

Maduro y su cúpula se ha empeñado en imponer una verdad oficial. Solo ellos pueden informar sobre la situación de la emergencia de salud en Venezuela. El que se atreva a dar cifras, desmentir a la vocería oficial o simplemente informar de algún caso es amenazado e incluso detenido.

El periodista Darvison Rojas fue detenido el 21 de marzo por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES)  publicar unas estadísticas sobre el covid-19 (coronavirus) correspondientes al estado Miranda que no fueron desmentidas por las autoridades. El Ministerio público lo imputó y el tribunal decidió dejarlo excarcelado con régimen de presentación cada 30 días por instigación al odio e instigación pública; delitos contemplados en la inconstitucional «ley» contra el odio”. La privación de libertad y posterior juzgamiento del periodista busca crear temor en los comunicadores sociales para que no se atrevan a informar y mucho menos dar estadísticas.

La directora de La Verdad de Vargas periodista Beatriz Rodríguez fue citada a declarar ante el Ministerio Público por haber publicado información sobre el coronavirus correspondiente al estado La Guaira. En entrevista concedida a la organización Espacio Público la periodista Nadeska Rodríguez, informó que el motivo de la citación es una investigación que adelanta el Ministerio Público contra el diario La Verdad de Vargas por «terrorismo» y la citación de Rodríguez sería en calidad de «testigo». Sin duda es una manera de ejercer presión sobre el medio y todo su equipo de trabajo.

El 24 de marzo la periodista del portal digital Caraota Digital, Rosalí Hernández, fue detenida por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) cuando realizaba un recorrido por las calles de Catia, municipio Libertador haciendo cobertura a las jornadas de esterilización que se hacían de las calles. La detuvieron durante 40 minutos aproximadamente y le borraron la información que había podido recopilar.

Persecución por motivos políticos.

Maduro pide tregua, pero sus cuerpos represivos no dan tregua. Las detenciones por motivos políticos continúan. Según el Foro Penal desde que se inició la cuarentena hasta el 02 de abril habría 23 personas detenidas por motivos políticos. Entre los detenidos se encuentran  Rómulo García y Víctor Silio, Maury Carrero y Demóstenes Quijada detenidos el 02 de abril a quienes se les dejó encarcelados, la  trabajadora Tania Rodríguez de la empresa Ferrominera del Orinoco por reenviar un mensaje con contenido político cuestionando una alta dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela e igual el trabajador de Sidor  Elio Mendoza detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DI) por cuestionar al presidente del Tribunal Supremo de Justicia en un mensaje por la red WhatsApp a quien se le privó de libertad y al defensor de derechos humanos de la organización Movimiento Vinotinto Henderson Maldonado  por acompañar a personas con afectación renal a exigir se les permitiera adquirir gasolina para sus vehículo a quien se le impuso régimen de presentación en tribunales cada 30 días.

Mientras la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU Michelle Bachelet recomendó que en medio de la emergencia mundial por el Covid 19 se pusiera en libertad a las personas detenidas por motivos políticos, Maduro y su cúpula engrosan la lista de presos políticos. Nuevos presos a quienes además se les somete a desaparición forzada

Afirmó la Alta Comisionada ““Ahora más que nunca los gobiernos deberían poner en libertad a todos los reclusos detenidos sin motivos jurídicos suficientes, entre otros a los presos políticos y otros internos que fueron encarcelados simplemente por expresar ideas críticas o disentir”

Las detenciones arbitrarias de manera sistemática pueden constituir crímenes de lesa humanidad competencia de la Corte Penal Internacional y motivo de investigación de la Misión de Determinación de Hechos constituida por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para investigar en Venezuela graves violaciones a los derechos humanos.

Imposición de abogados públicos violando derecho a la defensa

La dictadura sigue imponiendo un patrón de violación del debido proceso y derecho a la defensa obstaculizando la posibilidad que los detenidos puedan ser defendidos por abogados privados de su confianza. No se permite que los abogados hablen con las personas detenidas.  Así se impone abogados públicos, se impide a familiares y abogados presenciar las audiencias, no se le permite al detenido revisar el expediente. Así ocurrió por ejemplo en la audiencia de presentación del trabajador de Sidor Elio Mendoza

La Ley Orgánica sobre los Estados de Excepción en su artículo 7 numeral 11 expresamente establece que uno de los derechos que es garantizado bajo estado de excepción es el derecho al debido proceso.

Prensa Provea