English Spanish

El pasado martes 25 de enero de 2022 el Estado venezolano fue sometido por tercera vez al Examen Periódico Universal (EPU) de la Organización de Naciones Unidas (ONU). ¿Qué implicaciones tiene para los venezolanos? ¿Qué relación guarda este examen con los derechos humanos? Respondemos a esas preguntas y más en 5 claves.

El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo cooperativo internacional del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para evaluar el cumplimiento de las obligaciones y compromisos con los derechos humanos de los Estados miembros, los cuales son examinados cada cinco años. Donde los Estados realizan una serie de recomendaciones al Estado evaluado.

Las obligaciones y compromisos que evalúa el EPU son las contenidas en La Carta de Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los tratados de Derechos Humanos de los que forma parte el Estado, y las recomendaciones y compromisos adquiridos en los anteriores EPU. Entre los objetivos del Examen Periódico Universal están mejorar la situación de los derechos humanos en el país, asegurar el cumplimiento de las obligaciones y también velar por los compromisos del Estado en materia de derechos humanos mediante las recomendaciones.

El 28 de enero fue aprobado el informe de resultados las recomendaciones a manos del Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal, el cual contiene unas 328 recomendaciones de derechos humanos para Venezuela de 116 Estados miembros de la ONU, desde recomendaciones ambientales, de derechos económicos y sociales hasta derechos civiles y políticos.

El Gobierno de Nicolás Maduro pidió un plazo de 5 meses, hasta las sesiones de junio-julio de 2022 del Consejo de Derechos Humanos, para estudiar todas las recomendaciones y decidir si las acepta. Según reglamentos de la ONU, en las próximas sesiones de febrero-marzo, el Estado venezolano debe anticipar cuál será su respuesta. Antes de junio presentará un “Informe de Adición” con sus opiniones, pero no puede modificar las recomendaciones del informe aprobado con las 328 recomendaciones.

El Estado venezolano deberá cumplir con las recomendaciones de acuerdo al “principio de buena fe” Su incumplimiento, como muestra el incumplimiento de recomendaciones del 2016, seguirá agravando la situación de derechos humanos y la emergencia humanitaria compleja en Venezuela. Un nuevo EPU tendrá lugar en 5 años, período en que Venezuela deberá avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones, y deberá presentar un informe intermedio mostrando los eventuales avances logrados a mitad de período de los 5 años. Incumplimiento confirmaría que el Estado no tiene voluntad auténtica de cooperación y que son necesarios mecanismos de investigación como la Misión de Determinación de Hechos.

Prensa Provea.