La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, acudió este jueves a la sede de la Corte Penal Internacional en La Haya, Holanda, a interponer una denuncia contra Nicolás Maduro Moros, presidente de la República, los ministros Vladimir Padrino López, Néstor Luis Reverol, el jefe de gobierno del Distrito Capital y ex comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, Antonio Benavides Torres, y contra el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y ex ministro de Interior y Justicia Gustavo González López, por “crimenes de lesa humanidad”, previstos en el Estatuto de Roma.

La Fiscal señaló que los funcionarios involucrados en la denuncia han cometido graves crímenes contra los derechos humanos que incluyen asesinatos, torturas, encarcelamiento y ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil. En declaraciones a la prensa internacional Ortega Díaz señaló: “en mi condición de Fiscal General he cedido un cúmulo de pruebas, una carga probatoria, todos los elementos con que cuenta el Ministerio Público. Más de mil elementos probatorios, entre ellos experticias, reconocimientos médico legal, reconocimiento psiquiátrico, inspecciones técnicas y entrevistas”. La funcionaria afirmó que se vio en la necesidad de acudir ante la instancia internacional debido a la imposibilidad de obtener justicia en el plano nacional.

Ortega denunció que en 2015 fueron asesinadas 1.777 personas por funcionarios militares y policiales, en 2016 la cifra que maneja el Ministerio Público ascendió a 4.667 personas bajo las mismas condiciones, y hasta junio de 2017 unas 1.847 personas habrían sido asesinadas por agentes de la fuerza pública, según dijo la Fiscal en el marco de “un plan que persigue el gobierno de limpieza social”. En el expediente se incluyeron casos vinculados a la realización del Operativo de Liberación del Pueblo que de acuerdo a la data levantada por el Ministerio Público que arrojó una cifra de 512 asesinados hasta diciembre de 2016 y más de 17.000 detenciones arbitrarias; y la militarización de las labores de seguridad ciudadana y la gestión de manifestaciones luego de la aprobación de la Resolución 0086 en 2015.

El escrito consignado ante la CPI incluye la solicitud de orden de captura internacional contra Nicolás Maduro y los otros funcionarios involucrados en la denuncia: “Maduro y su gobierno deben pagar por el hambre y la miseria a la que han sometido al pueblo de Venezuela”, sentenció la Fiscal.

La Corte Penal Internacional es un tribunal de justicia internacional permanente cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad.


Prensa Provea