Carolina Jiménez Sandoval hace críticas al Gobierno de Nicolás Maduro por el uso de las sanciones para escudarse de la crisis en escenarios internacionales, aunque reconoce que estas medidas sí han tenido un impacto negativo en la emergencia humanitaria. Advierte, además, las intenciones de “silenciar, quitar o restar visibilidad a una situación que sigue siendo extremadamente grave” en materia de derechos humanos
El martes 25 de enero, Venezuela participó en su tercer ciclo de Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. 116 países se anotaron en el diálogo interactivo para hacer preguntas y recomendaciones a la administración de Nicolás Maduro sobre derechos fundamentales, y especialmente la situación de derechos humanos en el país.
Dentro del EPU, se hizo evidente la visión de la comunidad internacional sobre la crisis venezolana, principalmente plasmada en la violación sistemática a los derechos sociales y políticos.
Varias delegaciones pidieron garantizar la independencia del Poder Judicial, eliminar la criminalización a defensores y periodistas, ampliar programas sociales y mejorar planes para la igualdad de género y disminuir la trata de personas. El Gobierno, a través de la vicepresidente Delcy Rodríguez, se defendió argumentando los graves daños a la economía que han causado las sanciones, y que además han impedido acceder a mercados y financiamiento internacional.
Sobre este punto, Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), reconoce que las sanciones han agravado una emergencia humanitaria preexistente, pero advierte que el Gobierno venezolano no puede usarlas para justificar una crisis y violaciones a los derechos humanos de forma sistemática.
En entrevista para la alianza Provea-TalCual, también destaca que las recomendaciones recurrentes dentro del EPU demuestran que los países ni ven mejoría y se preocupan por estos temas.
—¿Cómo definiría el desempeño de Venezuela en el diálogo interactivo del EPU? Parece que la administración Maduro deja todo a la suerte de las sanciones y está formando un discurso, una épica de recuperación con base en ello
—El desempeño del Gobierno venezolano en el diálogo interactivo del EPU no es muy distinto a la posición que mantiene Venezuela en materia de derechos humanos en muchos otros foros e incluso a nivel interno. Por un lado, una negación total de las responsabilidades del propio Gobierno en la comisión de crímenes o la comisión de violaciones de derechos humanos o en la omisión, cuando se trata de garantizar estos derechos. Por otra parte, un dibujo de un escenario en el que sí garantizan derechos, que realmente es bastante difícil de creer para cualquier venezolano.
La pintura o el panorama que dieron en el diálogo interactivo distintos miembros del gobierno venezolano pinta una realidad que no disfruta ningún venezolano, al menos que estén en una situación de disfrute de derechos económicos y sociales, en la que no están el resto de los venezolanos.
Como bien dices, el gobierno venezolano no solo no reconoce que Venezuela, desgraciadamente, es un país lleno de víctimas sino que además, en su discurso frente a la comunidad internacional, es el propio Gobierno quien se presenta como la víctima de las sanciones que varios países han impuesto sobre la economía. Bien podemos estar de acuerdo en que las sanciones han tenido un impacto negativo sobre una emergencia humanitaria que ya existía, antes de que se impusieran sanciones sectoriales sobre la economía.
Las sanciones no crearon la crisis o la emergencia humanitaria compleja sino que la profundizaron. No puede bajo ningún concepto el Gobierno victimizarse, tampoco culpar o pretender que todas las sanciones sean vistas como las razones detrás de las violaciones de derechos humanos, sobre todo cuando se tratan de derechos civiles y políticos.
No puedes hablar de ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones arbitrarias, etcétera, y culpar a las sanciones internacionales por la responsabilidad directa que tienen fuerzas de seguridad o grupos armados irregulares que trabajan en coordinación o con la anuencia del Estado.
Entonces, sí, las sanciones se volvieron el escudo a través del cual el Estado se victimiza frente a la comunidad internacional, sin reconocer que es el gobierno quien victimiza a su ciudadanos.
Por último diría que, a pesar de que ese discurso se repite en cualquier foro internacional también se contradice, porque por una parte habla de que hay una guerra económica que asfixia la economía del país, que no los deja respirar, pero saca datos diciendo que el 93% de las escuelas públicas otorgan dos comidas diarias a los niños. Es una cosa o la otra. Esas propias contradicciones en la presentación muestran lo desfasado que está su discurso de la realidad.
—Hubo recomendaciones de algunos aliados ideológicos en mejorar y ampliar los programas sociales, atención a la mujer y poblaciones vulnerables. ¿Son recomendaciones blandas o detrás hay un verdadero llamado a Maduro a superar la crisis?
—Creo que en un órgano como es el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es un órgano que está compuesto por Estados, por los gobiernos de países miembros que son elegidos para este Consejo, se replican patrones de polarización política sobre apoyo o no apoyo a un Gobierno que existe fuera de las Naciones Unidas. En ese sentido vemos algunos países que efectivamente se consideran aliados del gobierno de Nicolás Maduro, no solo haciendo recomendaciones generales sino felicitando al Estado por haber progresado en materia de derechos humanos.
En esta oportunidad vimos, por ejemplo, tanto al gobierno de Cuba como al gobierno de Nicaragua —que son aliados bien reconocidos del gobierno de Maduro— hacer recomendaciones justamente sobre equidad de género. El gobierno nicaragüense le recomendó al Gobierno continuar fortaleciendo programas para la equidad de género, mientras que el gobierno de Cuba le pidió al Estado que siguiera implementando políticas para garantizar la igualdad de género.
No deja de ser interesante que hagan estas recomendaciones, pero de la misma manera que hicieron esas recomendaciones obviaron por completo otros temas de derechos humanos que son de gran importancia, que han sido recomendaciones de muchísimos países y que estos aliados prefieren no tocar.
Es importante que cualquier país haga recomendaciones que puedan servir para mejorar los derechos humanos, pero creo que se replica en estos foros o en estos órganos internacionales posiciones geopolíticas existentes que prefieren no mirar o no denunciar de manera contundente las violaciones de los derechos humanos que ocurren en el país.
—También hubo recomendaciones recurrentes, entre ellas que se garantice la independencia del Poder Judicial ¿Por qué este punto es tan importante para los Estados?
—Efectivamente, hay recomendaciones recurrentes y esto muestra: uno, que los Estados no ven mejoría y por eso vuelven a repetir la recomendación, a pesar de que lo han recomendado en otros lugares, no ven que haya progreso ni que el Estado haya adoptado o implementado recomendaciones anteriores; y dos, cuando vemos repetición de recomendaciones es porque es un tema de gran importancia para los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos.
La independencia judicial es algo que vemos repetido y en lo que insisten los países porque es una pieza clave para el disfrute de los derechos humanos, pero también para la no repetición de violaciones de derechos humanos que ya han ocurrido.
En un momento cuando Venezuela es el único país de las Américas con una investigación abierta frente a la Corte Penal Internacional, se hace más necesario que nunca que exista un sistema judicial que, de forma independiente, pudiese investigar las violaciones de derechos humanos que se han cometido durante los últimos años desde la comisión propiamente material de los hechos hasta la cadena de mando. Justamente la oficina de la Alta Comisionada decía que no avanza ningún tipo de investigación sobre el tema de las cadenas de mando.
Entonces, mientras el país continúe, mientras el gobierno se empeñe en tener a una justicia cooptada por el Ejecutivo seguiremos escuchando de diferentes Estados la necesidad de que exista un Poder Judicial independiente en el país. Mientras eso no suceda, y no sea un Poder Judicial independiente que pueda realizar las investigaciones prontas, imparciales y efectivas, todas las víctimas y la sociedad civil se verán nuevamente obligadas a recurrir a mecanismos internacionales de justicia
—Otra recomendación frecuente fue el cese de la persecución y criminalización a activistas, defensores de derechos humanos y periodistas ¿Cree que la administración Maduro estaría dispuesta a cambiar normativas y su propia actitud en este sentido?
—Al igual que la independencia judicial, se reiteró en esta tercera sesión del EPU la necesidad de que desde el Gobierno se proteja a las y los defensores de derechos humanos y cese la persecución y criminalización tanto a defensores de derechos humanos como a periodistas, que se ha intensificado en los últimos años.
Llegamos al EPU con casos que han sido de gran preocupación internacional, como la privación de libertad de cinco trabajadores humanitarios de la ONG Azul Positivo en el estado Zulia, además de la detención del activista Javier Tarazona, que está privado de libertad, como sabemos. A pesar de muchísima presión de parte de la sociedad civil, no pareciera haber ningún tipo de garantía para que Javier pueda ser liberado.
A esto se suma diversas detenciones de periodistas durante la pandemia, la criminalización constante, hostigamiento y la intimidación de periodistas y activistas a través de medios de comunicación del Estado, el famoso caso del programa Con el mazo dando.
Entonces, hay un incremento del hostigamiento, intimidación y, en el peor de los casos, de privación de libertad y creo que de eso ha tomado nota la comunidad internacional.
En su momento, cuando los activistas de Azul Positivo estuvieron privados de libertad se logró su liberación, no una libertad plena como quisiéramos pero sí un excarcelamiento. Esperamos que se pueda lograr también la libertad de Javier Tarazona, pero es cierto que hay muchos actores dentro del propio Gobierno que ejercen una intimidación constante contra defensores de derechos humanos y periodistas.
En ese sentido, a pesar de que en algunas acciones el Gobierno muestra cierta flexibilidad, como fue la liberación de los cinco de Azul Positivo, desgraciadamente no cesa el patrón de intimidación y hostigamiento. Es preocupante y creo que es muy importante que diversos Estados lo hayan mencionado.
—Los países, incluso aliados, hicieron un llamado a aceptar una Oficina país de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, ¿qué tanto puede beneficiar esta instancia a Venezuela?
—La presencia de agencias de Naciones Unidas en países con altos niveles de conflictividad social y de violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos es bienvenida en países con estas características. Vemos que en Venezuela se ha instalado todo un aparato de agencias humanitarias y que, en términos más propiamente de derechos humanos, el Gobierno nacional ha sido mucho más cauteloso. Aceptan la presencia de un personal muy reducido de la Oficina de la Alta Comisionada, se comprometen a abrir una oficina y entendemos que pronto se va a dar pero no termina de cristalizarse.
Sí creemos que es positiva en el sentido de que es la máxima agencia de la ONU en materia de derechos humanos y prestan no solo temas de cooperación sino que también pueden servir como interlocutores entre el Estado y las víctimas o entre el Estado y la sociedad civil, sobre todo en un momento en que esa locución es tremendamente difícil.
Ahora bien, ya tendríamos que ver que se concreten planes que van mucho más allá de la presencia de cierto personal. Y no se ve realmente una voluntad de establecer una oficina con un mandato amplio, porque la crisis de derechos humanos venezolana es multifacética. Por un lado una emergencia humanitaria compleja, por otro la comisión de crímenes de lesa humanidad.
Ante una realidad tan grave necesitas a una oficina con un mandato amplio, con plena libertad de acción, con todo el personal necesario y que tenga libre acceso a centros de detención, a oficinas públicas, acceso a la información. No puede tener el impacto deseado si no se cumplen con ciertas características para que esa presencia sea realmente beneficiosa para las víctimas.
—Otra instancia mencionada por Venezuela fue la Corte Penal Internacional, ¿es su forma de decir que están cooperando y ‘respetando’ los derechos humanos de la población?
—Creo que el Gobierno venezolano ha hecho un cálculo importante en términos de la Corte Penal Internacional, y es que le conviene mucho más mostrar que coopera a hacer lo contrario, porque si hace lo contrario, como lo han hecho algunos países o algunos líderes con anterioridad que han sido investigados, pues mostraría de antemano que tiene mucho que esconder.
Creo que trata de mostrar el lado de la cooperación, de que quiere tener una interlocución con la oficina del fiscal (Karim Khan), responde a las distintas instancias cuando le solicitan información, yo creo que el Estado desde un inicio ha mostrado su disposición a cooperar y de hecho firma un memorando de entendimiento con la oficina de la Fiscalía cuando se anuncia la apertura de la investigación.
No se muestra a sí mismo como un gobierno que rechaza el trabajo de la Corte Penal Internacional sino como un gobierno dispuesto a cooperar y mostrar que sí realiza las investigaciones necesarias, por lo cual no se necesitaría de la investigación que realiza la Corte Penal Internacional, que en todo caso tiene un carácter subsidiario. O sea, la Corte solo puede realmente proceder con una investigación si en el lugar donde se han cometido los crímenes de lesa humanidad no se llevan o no se quieren llevar a cabo en las investigaciones.
A pesar de esa disposición que ha mostrado a la comunidad internacional sabemos, porque está plenamente documentado, que las investigaciones sobre violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos cometidas en Venezuela no incluyen las cadenas de mando, y mientras no haya investigaciones serias, creíbles, responsables, eficientes en los temas de la cadena de mando que muestren quiénes han sido los máximos responsables de esos crímenes, pues sencillamente no puede decirse que en el país hay un mínimo de avance en la justicia que tanto reclaman las víctimas.
Es responsabilidad del Estado llevar a cabo esas investigaciones y mientras no lo haga, y no lo hagan de una forma seria y creíble que implique que puedan hacerse investigaciones importantes que, además den con las responsabilidades individuales de estos crímenes, me parece que totalmente procede la investigación que ya abrió la Fiscalía de la CPI
—¿Todas estas recomendaciones, estos llamados y preguntas dentro del EPU tienen incidencia en la política exterior de algunas naciones hacia Venezuela este año?
—Todos los mecanismos, sean de Naciones Unidas o del Sistema Interamericano u otros mecanismos internacionales que puedan seguir mostrando la realidad que se vive en Venezuela en términos de derechos humanos es necesaria, sobre todo cuando van pasando los años y el trabajo de la sociedad civil —y sobre todo la valentía de las víctimas que denuncian, que cuentan lo que les ha sucedido, que narran la dificultad y los obstáculos que se encuentran a la hora de obtener justicia— sí genera agotamiento en la comunidad internacional porque hay diversas crisis en diversos países.
Es muy importante, sobre todo desde la sociedad civil, luchar para que no pase al olvido la situación venezolana en materia de derechos humanos.
Los gobiernos represivos que cometen crímenes muy graves bajo el derecho internacional apuestan al olvido, apuestan también a que se normalicen este tipo de violaciones, y entonces la comunidad internacional podría comenzar a olvidar, a decir que en Venezuela las cosas siguieron su rumbo, y no es así. Las víctimas siguen sin obtener justicia, siguen además repitiéndose muchas de estas violaciones que ya ocurrieron con anterioridad porque no se han implementado las medidas necesarias para prevenirlas.
Creo que cuando hay momentos importantes —ya sea como el EPU, como la visita del fiscal de la CPI, como la continuación de la investigación, la presencia y existencia de la Misión de Determinación de los Hechos y sus próximas actualizaciones orales— tenemos que visibilizar mucho para asegurarnos de que la política exterior de diversos países hacia Venezuela esté informada de la situación real que existe en el país en materia de derechos humanos, y que no se logre desde el Gobierno silenciar, quitar o restar visibilidad a una situación que sigue siendo extremadamente grave.
Hay que apostarle a que no normalicemos una situación que no es normal. Que en un país se cometan crímenes de lesa humanidad no es normal, que en un país que otrora recibía millones de migrantes y ahora expulsa millones de refugiados no es normal, que un país recibía gente de diferentes partes del mundo porque había bonanza económica y hoy en día tiene a un tercio de la población en una situación de inseguridad alimentaria no es normal.
El gobierno venezolano apuesta a que nos olvidemos de eso y a que se normalice la situación de un país que vive una crisis de derechos humanos muy grave. Entonces sí hay que seguir apostando por la visibilidad.
Alianza Provea-TalCual
