Expresamos algunas reflexiones sobre la creación de la Comisión para la Gran Consulta Nacional sobre Reforma de Justicia Penal, anunciada por la Presidenta (E) Delcy Rodríguez.
Construir y consolidar un Sistema de Administración de Justicia (SAJ), que responda a las obligaciones constitucionales y a las demandas ciudadanas, es una deuda del Estado venezolano.
Históricamente, el SAJ venezolano ha funcionado como instrumento de discriminación basada en género y condición socio-económica, burocracia, corrupción y estigmatización contra los sectores en mayor situación de vulnerabilidad política, económica y social.
En 1986 la extinta Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE) afirmó que “La situación de la administración de justicia es dramática si la analizamos desde la óptica de la corrupción, el retardo judicial, la falta de coordinación interinstitucional y la intervención de los partidos políticos”.
En 1991, distintas voces afirmaban que la entonces Corte Suprema de Justicia (CSJ) se había convertido en un “factor de perturbación” ya que sus decisiones eran percibidas como un aval a la impunidad, la corrupción y la partidización de la justicia.
La crisis, lejos de resolverse, se agravó.
Durante los 25 años de gestión de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, el Sistema de Administración de Justicia (SAJ) fue definitivamente demolido.
El copamiento de la institucionalidad, la erosión del Estado de Derecho y una política estatal basada en la estigmatización y criminalización de la crítica política, propiciaron la instrumentalización del SAJ para perseguir y judicializar a la disidencia política, y desatender las obligaciones estatales con el resto de los usuarios y peticionarios del SAJ.
Hoy, las violaciones al debido proceso, que se expresan en la inconstitucional inadmisión de los recursos de Habeas Corpus, las desapariciones forzadas masivas, la negativa al derecho de designar abogados de confianza, el empleo excesivo de los castigos penales, el retardo procesal, entre otros abusos, demuestran que el SAJ sigue siendo el principal instrumento de control social de quienes gobiernan, y continúa limitando severamente la posibilidad de avanzar en un proceso genuino de transición democrática y superación de la crisis de democracia y de justicia.
En nuestros Informes Anuales hemos destacado que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sigue dirigido por actores partidistas que no tienen los requisitos formales, ni de mérito, para ejercer sus cargos.
En 2024, el TSJ jugó un rol fundamental en el desconocimiento de la voluntad popular expresada en las elecciones del 28 de julio, y usurpó inconstitucionalmente funciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), profundizando con ello la falta de credibilidad y transparencia de los resultados informados por el Poder Electoral.
Los anuncios oficiales sobre la reforma judicial, deberían ir acompañados de una selección transparente, amplia y apegada en la Constitución, de los nuevos Magistrados del TSJ.
Ello, lamentablemente, no ocurrió en la designación de los titulares de la Defensoría del Pueblo y Fiscalía General de la República.
Además, un proceso tan complejo y trascendental como la reforma judicial, no bastará con el cambio de los magistrados del TSJ.
Una reforma verdaderamente integral y genuina, debe incluir el fortalecimiento de las capacidades institucionales del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, para que ejerzan efectivamente, sus obligaciones legales y constitucionales, en defensa de los derechos ciudadanos.
Preocupa que la reforma judicial anunciada, esté orientada únicamente a satisfacer la agenda del tutelaje transnacional, y que se deje de lado la necesaria participación de los actores sociales y políticos del país como la academia, las ONG, la voz de las víctimas y la asesoría técnica de los organismos internacionales de Derechos Humanos.
Consideramos necesario cesar la instrumentalización del sistema de justicia para restringir las libertades fundamentales.
Urge desarrollar políticas públicas sólidas, orgánicas y sostenidas que coadyuven a reducir considerablemente la impunidad y la corrupción generalizada en los órganos de administración de justicia, y publicar los informes anuales respectivos de rendición de cuentas de los órganos de administración de justicia, así como despolitizar y despersonalizar las gestiones institucionales de las máximas autoridades judiciales.
Prensa Provea
