Washington, DC— La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta su Informe Anual 2025, que documenta el trabajo realizado en cumplimiento de su mandato de promover y proteger los derechos humanos en las Américas. El informe refleja en 6 capítulos, los resultados alcanzados a través de sus distintos mecanismos y constituye a la vez un instrumento de transparencia institucional y una herramienta de referencia para los Estados, la sociedad civil y los organismos regionales e internacionales.
Frente a un año de desafíos, como debilidades en el funcionamiento de las instituciones democráticas, hechos de violencia registrados en distintos contextos nacionales, los efectos del cambio climático, así como afectaciones a los derechos de personas y grupos en situación de vulnerabilidad, entre otros, la CIDH fortaleció sus mecanismos y presenta sus resultados concretos en cada uno de ellos.
Como parte de las actividades reportadas en el capítulo I, la Comisión da cuenta de sus tres períodos de sesiones; 192, 193 y 194, en los cuales hizo seguimiento y visibilizó un significativo número de situaciones de derechos humanos mediante la celebración de 70 audiencias públicas. El último encuentro, celebrado en la Universidad de Miami, Florida, fortaleció la cooperación con el Caribe y el sector académico y permitió abordar temas críticos a nivel regional y nacional.
La CIDH fortaleció su relación con los órganos políticos de la OEA mediante 19 presentaciones y reuniones bilaterales que contribuyeron a posicionar estándares interamericanos en los procesos de decisión y a mantener un diálogo sostenido con los Estados sobre temas prioritarios, incluida la situación de derechos humanos en Venezuela. En paralelo, una agenda de cooperación abierta y dinámica afianzo vínculos con actores clave como la Oficina del Alto Comisionado, ACNUR y las cortes de derechos humanos de África, Europa y el Caribe.
La CIDH también dio continuidad a los mecanismos especiales de seguimiento para Bolivia, Chile, Colombia, Nicaragua y Venezuela, mediante diversas acciones, como visitas, capacitaciones, solicitudes de información e informes de seguimiento. Asimismo, impulsó la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) con Honduras para la asistencia técnica internacional en la investigación del asesinato de Berta Cáceres y delitos conexos. Además, continúo promoviendo herramientas como el SIMORE y el Observatorio de Impacto para para visibilizar los avances y desafíos en el seguimiento a las recomendaciones.
En su capítulo II, la Comisión expone los principales resultados del trabajo realizado a través de su sistema de peticiones, casos, soluciones amistosas, medidas cautelares, así como sus labores ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En 2025 la CIDH recibió 3.357 nuevas peticiones, evaluando el 82,5% (2.771) de ellas. De ese total, el 19% (533) avanzó a la etapa de admisibilidad y cerca del 74% (2.040) fue rechazado. En la etapa de admisibilidad, la Comisión adoptó 170 decisiones, de las cuales 96 permitieron continuar el proceso y 74 fueron declaradas inadmisibles, salvaguardando el carácter subsidiario del sistema interamericano.
En cuanto a la etapa de fondo, se obtuvo una productividad histórica de 132 informes aprobados que representa más de 6 veces lo alcanzado hace 10 años. En aplicación de su Política de Priorización, varios de estos casos permitieron el desarrollo de estándares interamericanos con potencial impacto estructural.
Por su parte el mecanismo de Soluciones Amistosas logró el cumplimiento total de 11 acuerdos y 113 medidas de reparación en Colombia, Argentina y México. La Comisión reconoció el compromiso de los Estados con esta vía, reafirmando que el diálogo y la negociación son motores fundamentales para la justicia y la reparación integral de las víctimas.
La CIDH dio seguimiento al 100% de los casos con supervisión abierta derivados de informes de fondo: 80 casos que agrupan 415 recomendaciones y 144 acuerdos respecto de 18 Estados. Este trabajo permitió identificar avances y retos en reparaciones, investigaciones, atención en salud, reformas normativas y fortalecimiento institucional.
En un esfuerzo por garantizar el acceso a la justicia, la CIDH remitió 33 casos a la Corte IDH y tuvo 84 casos activos respecto de los cuales la Corte IDH ha dado trámite, participó en un total de 52 audiencias, 26 sobre casos contenciosos en trámite y 26 sobre casos en etapa de supervisión de cumplimiento de sentencias, y presentó un total de 200 escritos sustantivos.
La CIDH recibió 1.969 nuevas solicitudes de medidas cautelares, la cifra más alta registrada y un aumento del 66% respecto del período 2020-2024. Estas solicitudes se refieren principalmente a personas que enfrentan riesgos a su vida, integridad personal y salud en contextos de privación de libertad, así como a personas desaparecidas o con paradero desconocido, en movilidad humana, defensoras de derechos humanos y situaciones relacionadas con derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
La Comisión fortaleció su sistema de diagnóstico y clasificación para priorizar situaciones de riesgo inminente y otorgó el 71,1% de las medidas cautelares en menos de 90 días. Además, otorgó y/o amplió 73 medidas cautelares, que beneficiaron a más de 7.681 personas. El portafolio vigente asciende a 655 medidas que alcanzan a 85.449 personas, respecto de las cuales la CIDH dio seguimiento mediante 2.969 comunicaciones con Estados y representantes, 73 reuniones sobre 102 medidas cautelares, 32 reuniones de trabajo, 6 reuniones de portafolio, 2 audiencias públicas, 3 resoluciones de seguimiento y 5 visitas a Bahamas, Brasil, Colombia, Guatemala y Honduras.
A través de su capítulo III, la CIDH reafirmó su rol preventivo y pedagógico en 2025, impulsando una agenda integral de monitoreo territorial y capacitación técnica. Con un despliegue de 13 visitas de trabajo, promocionales y de cooperación, en las que reafirmó su rol como el principal órgano de promoción y defensa en el continente, estas misiones en terreno permitieron un diálogo directo con autoridades y sociedad civil, fundamental para la asistencia técnica y la promoción de estándares del SIDH.
Como parte de sus actividades de monitoreo y comunicación, se emitieron 124 comunicados de observación de derechos humanos, y se enviaron 96 solicitudes de información a los Estados, se publicaron 4 informes de país (Venezuela, Panamá, Guatemala y Colombia), 3 informes temáticos sobre la situación de los derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe en Nicaragua, de las personas con discapacidad, y de las personas defensoras en las Américas, y 1 resolución (sobre derechos de familiares y personas con vínculos afectivos de personas privadas de libertad), documentos que hoy son referente para la protección de la dignidad humana.
Con una oferta académica que combinó la presencialidad con el alcance de las plataformas digitales mediante la realización de 156 actividades de promoción y capacitación que alcanzaron a 18,224 personas en la región, la Comisión reafirma que el fortalecimiento de las capacidades locales es el motor fundamental para una cultura de respeto a los derechos humanos en las Américas.
En su capítulo IV, la CIDH presenta un análisis sobre el estado de la democracia y las garantías fundamentales en la región después de un proceso de recolección de datos y monitoreo a partir de audiencias públicas, visitas temáticas, solicitudes de información, medidas cautelares; así como de información de organizaciones de la sociedad civil, notas periodísticas, decisiones y recomendaciones de organismos internacionales especializados, entre otros.
De esta manera, el apartado IV.A ofrece un panorama integral en ejes centrales: institucionalidad democrática, derechos humanos, acceso a la justicia, seguridad ciudadana e igualdad y discriminación; este diagnóstico se enriquece con los informes especializados de la RELE y REDESCA, que profundizan en la libertad de expresión y los derechos sociales, económicos y ambientales como pilares del desarrollo regional.
Por su parte, el capítulo IV.B se enfoca en los contextos de mayor preocupación para el Sistema Interamericano. La Comisión sigue identificando a Cuba, Nicaragua y Venezuela en situaciones de especial gravedad donde la ruptura del orden constitucional, la falta de independencia judicial o la persecución sistemática a voces disidentes exigen una atención urgente y coordinada de la comunidad internacional para restablecer el pleno goce de los derechos humanos.
La CIDH presenta en su capítulo V el seguimiento a la implementación de recomendaciones formuladas en sus informes de país sobre Bolivia y El Salvador, elaborados en el marco de su monitoreo de la situación institucional y el funcionamiento del Estado e Derecho en Bolivia, así como de la aplicación del régimen de excepción y sus implicaciones en materia de derechos humanos en El Salvador.
En el caso de Bolivia, el primer balance sobre el cumplimiento de 32 recomendaciones identifica avances parciales en más del 40% de ellas y la necesidad de continuar progresando en el 56% restante. El informe destaca avances en titulación territorial, protección ambiental y diálogo social, así como desafíos en institucionalidad democrática, independencia judicial, acceso a la justicia para víctimas de graves violaciones de derechos humanos y protección de periodistas.
En cuanto a El Salvador, la CIDH advierte que el 87% de las 23 recomendaciones formuladas permanecen pendientes o incumplidas; en particular aquellas relacionadas con la extensión del Estado de Emergencia y las garantías judiciales. No obstante, identifica avances parciales en medidas orientadas a la seguridad social y los mecanismos de registro y acceso a sistemas de denuncias para las personas en situación de detención.
El VI y último capítulo presenta la infraestructura humana y financiera que sostiene el trabajo regional de la CIDH, con información detallada sobre sus fuentes de financiamiento, ejecución de proyectos y rendición de cuentas. El gasto total ascendió a USD 20,2 millones: 51% del Fondo Regular de la OEA, 48% de fondos específicos y 1% de recuperación de costos indirectos. Además, destaca los avances tecnológicos que mejoraron el procesamiento de información y el acceso al sistema para víctimas y sociedad civil.
En los anexos del informe se incluyen los informes anuales de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) y de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), los cuales presentan las principales actividades desarrolladas durante el año, así como los hallazgos derivados de sus labores de monitoreo, junto con las conclusiones y recomendaciones dirigidas a los Estados en estas materias.
Con la presentación de su Informe Anual 2025, la CIDH reafirma su compromiso de continuar ejerciendo su mandato integral de promoción y protección de los derechos humanos en las Américas, acompañando a los Estados, las víctimas y la sociedad civil para garantizar el acceso a la justicia y la protección efectiva de los derechos humanos en la región.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
