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En la mañana del viernes 28 de abril, un grupo de jóvenes activistas pertenecientes a distintas organizaciones defensoras de Derechos Humanos, dieron una rueda de prensa en la sala Monseñor Arnulfo Romero de la Parroquia Universitaria de la UCV para expresar ante la opinión pública su preocupación frente a los “actos represivos perpetrados por el Estado Venezolano a la sociedad civil y la restitución del hilo constitucional”.

Oscar Patiño de Un Mundo Sin Mordaza, Melanio Escobar de Redes Ayuda y Humano Derecho, Jennifer Peralta del Programa Venezolano de Educación- Acción en Derechos Humanos (Provea) y Lexys Rendón de Laboratorio de Paz, fueron los encargados de hacer público el comunicado que resalta las graves violaciones a los Derechos Humanos en el marco de estas represiones. Hasta la fecha registran la detención de 1.584 venezolanos, 436 personas lesionadas, 28 fallecidas , de las cuales 4 eran menores de edad.

Los activistas expresaron que las detenciones, que se han incrementado en el mes de abril, se están realizando de manera ilegal, debido a que no hay orden judicial previa, ni la flagrancia que exige la ley. Asimismo se hizo mención al reconocimiento que hiciera la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, de las violaciones al debido proceso.

Otro de los puntos importantes de las declaraciones es el referido al uso de bombas lacrimógenas como proyectiles contra los manifestantes, lo cual “representa un delito sancionado en el ordenamiento jurídico que no es eximido con la excusa de la obediencia debida”.

Exigencias

  1. Para concluir, los jóvenes defensores exigieron:
  2. Calendario electoral tal como está previsto en la Constitución y como lo está exigiendo la ciudadanía para canalizar, a través de una vía democrática, la problemática que está viviendo el país.
  3. Libertad de los presos políticos.
  4. Que se devuelvan y sean respetadas las potestades de la Asamblea Nacional.
  5. Cese de la represión, las detenciones y la violencia Estatal en contra de manifestaciones pacíficas.
  6. Garantizar el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica respetando los estándares nacionales e internaciones en relación con el uso proporcionado y diferenciado de la fuerza en control de manifestaciones.
  7. Investigación y juicio a los funcionarios y personas con responsabilidades en los actos de violencia y muertes.
  8. Apertura de un canal humanitario para garantizar derecho a la alimentación y a la salud.

Prensa Provea