El gobierno habla de la reubicación de 86.031 estudiantes cuyos planteles sufrieron severos deterioros o colapsaron por completo tras el doblete sísmico del pasado 24 de junio, pero no aclara la temporalidad de la medida
Por Mabel Sarmiento | Especial para Provea
Caracas. El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, fijó oficialmente el reinicio de clases para este 14 de septiembre, enmarcando el año escolar 2026-2027 en un plan nacional de contingencia, rezonificación y recuperación tras la emergencia sísmica.
De los balances oficiales, el anuncio más relevante es la reubicación de 86.031 estudiantes cuyos planteles sufrieron severos deterioros o colapsaron por completo tras el doblete sísmico del pasado 24 de junio.
“Rezonificar es colocar al niño en la escuela en condiciones de seguridad más cercana a su comunidad. Esto genera algunos cambios: en vez de estudiar en mi comunidad, puede ser que tenga que estudiar en la de al lado; o si estudiaba en la mañana, tenga que estudiar en la tarde, porque para mover esa matrícula a otra escuela que esté llena, se implementa el doble turno”, detalló el ministro durante una entrevista ofrecida a Unión Radio el viernes 11 de septiembre.
Sin embargo, rezonificar no es solo una palabra; su aplicación es una acción compleja que entraña severos riesgos pedagógicos y logísticos, pues muchos alumnos serán trasladados a entidades como Bolívar, Cojedes, Guárico y Barinas.
Al respecto, el profesor Tulio Ramírez, director del Doctorado en Educación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), advierte que, aunque la reubicación masiva se comprende como una respuesta de emergencia, una ejecución abrupta e inconsulta acarreará consecuencias complejas:
- Saturación y presión sobre los servicios básicos: las escuelas receptoras, diseñadas para un aforo determinado, enfrentan un hacinamiento que fuerza el uso del doble turno. “Esta sobrepoblación incrementa exponencialmente la demanda de agua, electricidad e internet en planteles que ya padecían fallas crónicas en sus instalaciones”, señala Ramírez.
- Problemas de movilidad y transporte: gran parte de los alumnos y docentes reubicados no residen en el entorno inmediato de las nuevas instituciones asignadas, lo que suma una pesada carga económica y logística por concepto de pasajes y tiempos de traslado.
- Sobrecarga y fragmentación curricular: los ritmos de enseñanza varían entre instituciones. “La llegada de estudiantes con diversos niveles de aprendizaje obliga al docente —ya golpeado por la precariedad salarial— a invertir tiempo en diagnósticos y nivelaciones, enfrentando aulas heterogéneas y saturadas”.
- Impacto socioemocional y riesgo de deserción: la pérdida del sentido de pertenencia tras abandonar la escuela de origen genera shocks de desadaptación. “El choque con un entorno desconocido puede derivar en problemas de aislamiento, bullying o tensión organizacional. La suma de distancias largas, ambientes hostiles y vacíos pedagógicos constituye un detonante directo para el aumento de la deserción escolar”.
- Reorganización del personal docente y administrativo: la contingencia desplaza también a maestros, administrativos y obreros. “Integrar estas plantillas en centros con equipos ya consolidados genera incertidumbre laboral y dificultades de gestión sin una planificación clara”.
A esto se suma el duelo: la tragedia costó la vida de entre 120 y 130 educadores en La Guaira, según datos preliminares de Consenso Educativo.
Frente a este escenario, Ramírez recalca que la contingencia no puede limitarse a una asignación geográfica de matrícula. “Se requiere acompañamiento técnico, supervisión administrativa y soporte psicológico continuo. Como alternativa pedagógica, se plantea la habilitación temporal de locales ad hoc (espacios comunitarios o edificaciones públicas) para mantener unidos a los mismos grupos de alumnos y maestros. Así se reduce el costo emocional del desplazamiento, aunque exija adecuar infraestructura provisional”.
Por su parte, Raquel Figueroa, vocera nacional del Colegio de Profesores de Venezuela, añade que la rezonificación exige un abordaje estratégico e integral enfocado en el estudiante.
“No se limita únicamente a asignarlo a un nuevo plantel, sino que requiere atender de forma simultánea los factores estructurales que desencadenaron la emergencia humanitaria tras el doble sismo. En este sentido, el Estado debe responder integralmente a la crisis habitacional de las familias y garantizar la entrega de útiles y uniformes escolares, considerando la pérdida masiva de empleo en este grupo social”.
Asimismo, considera que este proceso debe priorizar instituciones educativas que dispongan del personal especializado para la atención psicoemocional de los alumnos, así como de los servicios básicos indispensables, entre ellos el comedor escolar.
“La rezonificación no debe asumirse desde una perspectiva puramente político-administrativa, sino desde una dimensión humana y pedagógica que dé efectivo cumplimiento a los artículos 102 y 103 de la Constitución nacional”.
El desastre y la precariedad preexistente
El doblete sísmico no cayó sobre un sistema sano, sino que agravó un colapso estructural previo: para 2025, según la organización HUM Venezuela, el 65 % de los planteles presentaba fallas físicas y el 75 % carecía de agua constante.
Sobre los daños recientes, el ministro detalló la intervención prioritaria en 91 escuelas (11 con derrumbes totales y 87 con daños estructurales de riesgo), además de 900 planteles con daños menores.
Más allá del deterioro físico, la crisis más silenciosa la atraviesa el magisterio.
Entre 6.300 y 7.200 docentes perdieron su lugar de trabajo y, en muchos casos, sus viviendas, según apreciaciones del profesor Carlos Calatrava: “Ya venían asfixiados por salarios insuficientes y obligados durante años al pluriempleo para subsistir La pérdida de aulas destruyó una de sus pocas fuentes de ingresos. A esto se suma el desafío del acompañamiento emocional: profesores que atraviesan sus propios duelos deberán contener a estudiantes profundamente traumatizados, en un sistema que carece de protocolos nacionales de atención psicológica”.
Ante esto, la respuesta gremial.
Aunque el propio ministro Rodríguez reconoce que los ingresos docentes no son suficientes para cubrir sus necesidades básicas —ubicando el piso de ingreso en 240 dólares y el promedio general en 506 dólares—, el Comité Directivo Nacional de la Federación Venezolana de Maestros (FVM) y sus 27 sindicatos filiales advierte que el regreso a las aulas no puede asumirse como una rutina normalizada, sino como una exigencia de derechos.
La FVM denuncia que el salario base oficial de 0,20 centavos de dólar mensuales dista abismalmente del costo de la canasta alimentaria, que alcanzó los 727 dólares en agosto.
Asimismo, la FVM alerta sobre la rezonificación no consensuada de planteles en Vargas, donde se ha reubicado a centros educativos en espacios que aún funcionan como refugios.
Ante este escenario, el pasado 10 de septiembre, Carmen Teresa Márquez, vocera de la FVM, exigió la ejecución prioritaria de un pliego de medidas indispensables:
- Evaluación e infraestructura segura: inspecciones técnicas que garanticen espacios habitables antes de autorizar el ingreso de estudiantes y trabajadores.
- Dignificación y ajuste salarial: indexación de sueldos ajustados a la canasta básica, restitución de las contrataciones colectivas y reinicio inmediato de la III Convención Colectiva Única y Unitaria.
- Acompañamiento psicosocial: implementación de un plan de atención afectiva y sanación tras el impacto emocional provocado por los temblores en niños, niñas y adolescentes.
- Educación plural y dotación: provisión de tecnología en aulas libres de sesgos ideológicos, garantías de bioseguridad, materiales pedagógicos y efectividad en el Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Estas demandas de la FVM se enmarcan en un periodo prolongado de paralización de las negociaciones colectivas con el Ejecutivo. Además, lo que está puesto sobre la mesa para este nuevo año escolar es que aunque el ministro insiste en que aumentará la matrícula en más de 7 millones de estudiantes, es el resto de recuperar las aulas pérdidas y reducir la brecha económica.
Para evitar que la contingencia se transforme en un daño permanente para el sistema educativo, gremios, académicos y la comunidad escolar coinciden en que el Estado debe evitar traslados unilaterales y asegurar que las escuelas receptoras cuenten con la infraestructura y los servicios básicos necesarios para recibir a la nueva matrícula sin generar hacinamiento.
Debe además ser transparente en el censo de personal desplazado y publicar el registro detallado de docentes, administrativos y obreros reubicados, garantizando su estabilidad laboral, el respeto a sus asignaciones presupuestarias y subsidios para la adquisición de viviendas y para el transporte para su traslado.
Los gremios piden además la discusión de inmediato un ajuste salarial que acerque el ingreso real del docente al costo de la canasta alimentaria, restableciendo las primas y beneficios laborales eliminados.
El inicio del año escolar 2026-2027 amenaza con imponer una narrativa de “normalidad” sobre un terreno profundamente agrietado.
Más allá de los anuncios oficiales, el proceso arranca a ciegas y con graves vacíos de información que impiden evaluar la dimensión real de la crisis, pues aún se desconoce cuántos continúan en sus zonas de origen, cuántos están en refugios o cuántos han abandonado la profesión ante la pérdida de sus viviendas y medios de vida.
Además no está clara la temporalidad de las reubicaciones, un asunto que también preocupa al profesor Ramírez, ni los criterios técnicos aplicados.
Trasladar a más de 86.000 estudiantes a planteles receptores sin certificar previamente la capacidad de sus servicios básicos (agua, electricidad, red sanitaria) corre el riesgo de transformar una medida transitoria en un colapso permanente.
