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La Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela tiene muchos rostros. La pobreza, miseria y carencia se multiplican y afectan la calidad de vida de millones. Familias sometidas a una sobrevivencia cotidiana que las agota física y mentalmente. Sacrificios que se multiplican corriendo incluso riesgos, para tratar de lograr al menos un plato de comida al día.

En los pueblos indígenas esta situación adquiere magnitudes poco conocidas. Se les ha prometido mejorar sus condiciones desde hace décadas, pero la realidad es que cada vez pasan más hambre y trabajo. Por ello buena parte de ellas se han incorporado a la migración forzada ubicándose en Brasil o Colombia.

La lucha de los pueblos y comunidades indígenas por sus derechos ha sido larga, durante años han exigido respeto y reconocimiento. En el siglo XXI las exigencias son mayores, pero ahora van dirigidas específicamente a las autoridades. Los temas que hoy demandan, en oportunidades se ha convertido en bandera política de candidatos a cargos de elección popular, no obstante una vez alcanzado el cargo se olvidan de quienes depositaron la confianza en ellos.

El estado Amazonas, ubicado al sur del país posee en su extensión territorial de 185 mil km cuadrados, en ellos conviven 21 pueblos indígenas, lo que la convierte en la región multiétnica y pluricultural de Venezuela.

La entidad con mayor representación nativa un 80% de los 150 mil habitantes del estado Amazonas, al igual que el resto de los venezolanos, sufren a diario la indiferencia de las autoridades, tanto nacionales, regionales y municipales en materia de servicios sociales. No existe una comunidad que no padezca los males de una errada gestión de gobierno y como consecuencia se agravan sus penurias.

Uno de esos problemas es el transporte público. Los nativos resisten diariamente las deficiencias del transporte y cobro excesivo del pasaje en las unidades privadas.  La falta del transporte obliga a los indígenas a trasladarse a pie en un recorrido de 6 a 7 horas de camino día tras día para llegar al centro de Puerto Ayacucho, capital del Estado y realizar sus diligencias, vender sus productos artesanales y proveerse de alimentos.  Un esfuerzo físico de ida y vuelta del que no escapan ancianos, niños y madres con hijos en brazos, quienes también realizan el largo recorrido a pie, bajo el sol o la lluvia.

Amazonas tiene 7 municipios, Atures, Atabapo, Alto Orinoco, Autana, Manapiare, Maroa y Río Negro, siendo el primero de estos su municipio capital, donde se ubica la ciudad de Puerto Ayacucho, capital del Estado, entidad que cuenta con tres ejes carreteros, Norte, Sur y Sureste.

En el municipio Atures hay aproximadamente de 200 comunidades indígenas, donde  viven unos 15 mil pobladores de distintas etnias, principalmente Jivis, Uwottüjas, Curripacos, Banivas, Wa requenas, Yekuanas y Piapocos.    

En las últimas dos décadas los pueblos originarios han luchado para que los entes gubernamentales les brinden el acceso seguro a sus tierras y recursos esenciales para su bienestar, y mejor estilo de vida, siendo el trasporte público de gran importancia para que los nativos poder movilizarse  para comprar sus alimentos y realizar sus diligencias personales.

Los indígenas son discriminados y marginados, aseguran muchos de ellos en sus reclamos y denuncias públicas a través de medios locales, también algunos líderes comunitarios han acudido a instancias gubernamentales en busca de solución a la problemática del transporte.

Gregorio Morillo, habitante de la comunidad indígena Limón de Parhueña, parroquia Parhueña en eje Norte de la ciudad, dio a conocer que casi nunca cuentan con el transporte, aun sabiendo que están en su derecho de tener el servicio. “Nadie nos resuelve el problema, entonces tenemos que buscar la forma trasladarnos  para vender los productos los fines de semana, al menos para comprar algo y medio comer”, precisó.

Productor indígena comunidad Parhueña

Este humilde trabajador indígena de la etnia Baniva, tiene toda una vida dedicado a la elaboración y venta de Catara (picante amazonense), y manifiesta que cada día es más difícil de mantener el oficio, que le ha generado disminución del ingreso económico para el sustento de su familia.

Revela Morillo “algunas veces me toca pernoctar en Puerto Ayacucho, en casa de algún familiar hasta realizar todas la diligencias, bien sea bancaria, de salud o compra de alimentos, para ahorrar pasaje o por no tener para devolverme a la comunidad el mismo día”.

Indígenas amazonas
Mujer Indígena con su Catumare

Tanto la banca pública como la privada en la región solamente emiten efectivo por sus taquillas una sola vez por semana. Los cajeros electrónicos casi nunca dispensan efectivo. Vale la pena mencionar que únicamente los usuarios reciben el monto de 250.000 Bs, en algunas entidades bancarias, otras solamente entregan 100.000 Bs, montos que son totalmente insignificantes a la hora de pagar un pasaje desde y hacia las comunidades indígenas.      

“Quienes no tienen para pagar el pasaje, caminan hasta Puerto Ayacucho, una vez en el centro, optan por comprar un producto por punto de venta o biopago, luego venderlo a los bachaqueros, para obtener efectivo y costear el pasaje de regreso a la comunidad, cuando es posible, si no toca devolverse a pie”, señala Andry Sarmiento,  promotor social del Comité de Protección de la comunidad indígena Platanillal, parroquia Platanillal del eje carretero Sur.

En reiteradas oportunidades optan por transportarse en vehículos improvisados (camiones), sobre todo los fines de semana, cuando los productores indígenas se trasladan para vender su mercancía o productos locales, actividad que realizan los distintos pueblos indígenas para adquirir los rubros de complementarios para su alimentación.

Algunos transportistas son “abusadores”, nos dice.  Aparte que cobran exageradamente el pasaje, también abusan por trasladar mercancía que traen, ejemplo: Si el productor indígena lleva dos sacos de mañoco y un mapire (cesta indígena) de yuca, tiene que pagar su pasaje e igual monto por cada producto, manifestó el líder indígena.

 “Reprochamos esta acción, es un abuso total por parte de algunos choferes y dueños de unidades, el dinero recabado por la venta es muy poco, solo alcanza para comprar unos pocos productos, como arroz, aceite, sal, azúcar, pasta y jabón, no deberían cobrar tanto por el transporte”, señaló Sarmiento indigena de la etia Jivi.

La discriminación por parte del gobierno local es tal que la flota de autobuses Yutong enviados por el Ejecutivo Nacional para el pueblo amazonense, está bajo la administración la empresa Transporte Amazonas  (TransAmazonas), y de pronto sin dar explicación  dejó de prestar el servicio al sector.

Mientras que los buses privados son los que están trabajando hacia las comunidades, pero con un cobro muy elevado, dando un duro golpe al bolsillo de los indígenas, situación que se agrava con la escasez de dinero en efectivo existente en el Estado y ninguna autoridad se pronuncia ni soluciona el problema que afecta a todos los habitantes de este Estado, pero en el caso de la comunidades indígenas es peor, porque caminar horas para realizar las compras y devolverse a su comunidad es un acto que afecta su calidad de vida.

Mercado en dónde indígenas venden y compran algunos productos

Explica Andry  Sarmineto que además a la problemática hay que sumarle que la mayoría solicita el pago en pesos (moneda colombiana). Los montos van desde 3 mil a 5 mil pesos, lo que se traduce en 800.000 Bs y 1.200.000 Bs. los días de semana, los fines de semana cuando los indígenas llevan sus cosechas para la venta a Puerto Ayacucho, el precio del pasaje se eleva en un 100% o 200% por pasajero, igual monto por cada saco de producto.  

También hay profesionales y trabajadores de instituciones del Estado que laboran en la ciudad, pero residen en las comunidades, muchos han abandonado sus cargos, porque el bajo salario que perciben, además no alcanza ni para cubrir el pasaje de una semana.

Es inhumano lo que viven los pueblos indígenas, en caso de emergencia médica, es desesperante, tener que buscar la forma de trasladar al paciente, en ocasiones hasta ha fallecido por no tener como trasladarlo inmediatamente, al principal centro hospitalario del Estado, subraya Sarmiento. Algunos que necesitan chequeo médico deben realizar

No hay una política en el estado en materia de transporte que permita atender las necesidades de la población, situación que se agudiza con la escases de gasolina y la especulación en la venta de la misma. A ello se suma que pareciera son los dueños de las unidades colectivas quienes ponen la tarifa del pasaje, ya que la Cámara Municipal de Atures, ente encargado, no toma decisión al respecto, mucho menos dan respuesta a las denuncias que realizadas por este sector de la población en la jurisdicción amazonense.

Los transportistas reciben 40 litros de gasoil a precio subsidiado, interdiario o dependiendo de la disponibilidad de combustible en la entidad, esta cantidad no es suficiente asegura, Jesús Pineda dueño de una ruta de colectiva y chofer de su unidad, aunado a la compra de combustible en divisas, hay que agregarle el mantenimiento de las unidades, cuyo pago es en moneda colombiana o dólares, explicó.

La Asociacion Civil Kapé Kapé, Observatorio de Derechos Humanos Indígenas, tiene registro de esta problemática que afecta gravemente a los indígenas del estado Amazonas. Esto sucede afirman sus integrantes porque no hay respeto por parte de ningún organismo encargado de fijar las tarifas de transporte, entiéndase Ministerio del Poder popular para el Transporte y Cámara Municipal, instancia nacional y municipal, responsables de fijar las tarifas del transporte.

Kapé Kapé, tiene conocimiento que algunos indígenas caminan entre 6 y 7 horas en Atures, por falta de unidades de transporte público o efectivo para cubrir los pasajes. “Prefieren cortar camino por trochas desde sus comunidades indígenas como Limón de Parhueña (eje Norte), Platanillal (eje Sur), Las Pavas (sureste), reveló Simeón José Rojas, Coordinador de Kapé Kapé Amazonas.

Los indígenas sostienen que los han discriminado por años, pero mientras puedan seguirán elevando su voz de protesta y lucha,  para exigir mejores servicios y sus derechos humanos.

Prensa Provea