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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en sentencia de fecha 3 de junio de 2021, estableció que el asesinato de dos personas por parte de fuerzas policiales del estado Falcón ocurrió en un contexto de violencia policial el cual afectaba en mayor medida a hombres jóvenes en situación de pobreza. A su vez, que existe un alto grado de impunidad respecto a dicha violencia.

Una decisión de gran importancia en un momento en que la política de mano dura, de violencia institucional policial y militar, es ofertada por el gobierno como la solución más adecuada frente al delito.

La Corte, cuestionando la opacidad del gobierno para informar sobre las muertes perpetradas por la fuerza pública, le ordenó al Estado venezolano que a más tardar en el plazo de un año debe publicar un informe oficial con los datos relativos a las muertes ocurridas a mano de las fuerzas policiales en todos los estados del país y la identificación de las víctimas en esas circunstancias, incluso por medio de información relativa al nombre, edad, sexo o género, lugar de residencia y condición social, entre otros. Este informe que debe publicarse cada año puede contribuir a la lucha contra la impunidad y favorece la construcción de un memorial sobre las víctimas de abuso de poder en Venezuela.


En el contexto de crisis que vive Venezuela, las organizaciones de promoción de derechos humanos mantenemos un esfuerzo continuo en el registro y documentación de las violaciones sistemáticas de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población a fin de acompañar a las víctimas y darle visibilidad a estos atropellos ante la comunidad nacional e internacional.

En este sentido el Boletín Crisis en Venezuela, surge como un espacio semanal en el que como movimiento de Derechos Humanos, reunimos las situaciones que actualmente reflejan la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela.

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