Calixto Ávila |​ ¿Sirven las estrategias de propaganda, insulto y confusión ante las instancias de derechos humanos de las Naciones Unidas? El gobierno de Maduro lleva años aplicándolas a nivel nacional y desde hace rato pretende también usarlas durante los debates con otros Estados miembros de la ONU y para descalificar los informes de Michelle Bachelet y de su antecesor Zeid Ra’ad Al Hussein. Se trata de piezas fundamentales de sus discursos durante los diálogos interactivos en esa organización internacional, con el fin de evadir el análisis de fondo de la situación venezolana y descalificar las recomendaciones.

A nivel interno, violando la Constitución Nacional, los poderes públicos han dejado de publicar informes de gestión y estadísticas, impidiendo así evaluar los resultados de sus políticas públicas. Las presentaciones de memorias y cuentas, o no se hacen o se convierten en discursos aparentemente desestructurados, con estadísticas aleatorias y parciales, destinados a dificultar toda lectura técnica. Al mismo tiempo, se despliegan estrategias de propaganda anunciando resultados abultados y alejados de la realidad, en una suerte de “mitomanía de Estado”. En el corto plazo, el gobierno logra tener atención y hasta admiración de sus bases sociales, pero en el largo plazo el objetivo es otro: sembrar confusión. De esta forma, el discurso contradictorio e incoherente del gobierno no solo dificulta la contraloría social a su gestión, sino también la articulación de la oposición política y social para hacer frente a un discurso contradictorio que cultiva adrede la confusión. Es lo que el filósofo John Dewey, en una conferencia del 7 de diciembre de 1941, señalaba como el rol de la confusión en la proyección y la perpetuación natural de las instituciones en los tiempos modernos.

A la confusión se agrega el insulto como un catalizador que enturbia la razón y destruye el discernimiento reemplazándolo por la pasión y el rencor. El insulto, como la confusión, no es  improvisado y muy por el contrario es parte de la política comunicacional no solo del poder ejecutivo de facto, sino de los demás poderes públicos supeditados a ese gobierno. Un ejemplo emblemático del éxito de esas estrategias es la Asamblea Nacional Constituyente (ANC): con tres años “legislando” sin publicar ni un solo proyecto de Carta Magna, y cuyo presidente, Diosdado Cabello, tiene en su programa “con el mazo dando” una tribuna semanal de propaganda e insulto al “adversario”. La confusión y el insulto han contribuido a la proyección y permanencia institucional de la ANC sin que la oposición política y social haya podido articular estrategias para contrarrestarla.

¿Cuáles son entonces las posibilidades de éxito de esa estrategias en las Naciones Unidas? El pasado mes de marzo, tras el periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, habíamos enunciado diez mecanismos del gobierno de facto para neutralizar al Consejo de Derechos Humanos y a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Esos mecanismos están destinados a descalificar esas instituciones, a escudarse tras los principios de la soberanía y no injerencia en asuntos internos, a desviar el debate hacia las situaciones en otros países, a victimizarse hablando de campañas mediáticas y de agresión contra Venezuela, y a mostrarse como un gobierno que necesita cooperación y no monitoreo en derechos humanos. Sembrando confusión, el gobierno buscaba eximirse a sí mismo de dar respuestas concretas sobre los problemas debatidos en el Consejo.

La receta fue repetida por el embajador del gobierno de facto durante las sesiones del Consejo en julio pasado. En sus discursos, Valero descalificó al Consejo, acusó a sus adversarios de injerencistas serviles al imperio, desconoció el informe de Bachelet del 15 julio, habló de dobles raseros usados por el Consejo y de politización del mecanismo, señaló las situaciones en los países adversarios, y enarboló la autodeterminación, la independencia y la soberanía para evitar ser escrutado. Reiteró también el discurso sobre el impacto de las sanciones sectoriales unilaterales, cuyo efecto negativo sobre el pueblo venezolano no ponemos en duda, sin referirse al dramático impacto de la desmesurada corrupción en las últimas dos décadas. Como un mago que saca conejos de un sombrero y haciéndose eco de la propaganda exhibida a nivel nacional, exaltó las inverosímiles cifras del gobierno sobre la construcción de más de “3.103.281 viviendas dignas”. En medio de la escaramuza diplomática de ese momento con la Unión Europea, se refirió a sus líderes con adjetivos como intervencionistas, colonialistas y supremacistas, y acusó a los 27 miembros Unión Europea de vivir de rodillas ante Donald Trump.

Nada indica que esa línea de argumentos será modificada durante las sesiones del Consejo este mes de septiembre en Ginebra. Ese gobierno no está dispuesto a dar un debate de fondo sobre los derechos humanos en Venezuela. Debatir la realidad venezolana significa debatir con transparencia, con información pública y creíble y asumir también responsabilidades. Eso no lo ha hecho dentro del país, difícilmente lo hará fuera. Sabe que al momento de votar tiene minoría en el Consejo y por eso se posiciona de manera extrema. El emblemático y vergonzoso voto en solitario contra la Resolución responsabilidad de proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad, indica que su reciente membresía en el Consejo no le ha significado ninguna ventaja en lo inmediato. Por eso, ese gobierno prefiere insistir en estrategias de confusión y propaganda, acompañado por gobiernos similares que no  están dispuestos a rendir cuentas ni a ser evaluados según el Derecho internacional de los derechos humanos. En coro con sus pocos aliados, ataca al Consejo y a sus integrantes, mientras mitiga el costo político jugando la carta de la asistencia técnica para descartar el monitoreo que establezca responsabilidades.

El gobierno de facto sabe que en la ONU no puede patear el tablero como lo hizo con el Sistema Interamericano donde denunció la Convención Americana de Derechos Humanos y luego abandonó la OEA. Sabe que debe hacer frente al debate, pero lo evade torpedeándolo con estrategias de confusión, propaganda y descalificación del adversario y del mecanismo institucional. Está por verse si esas estrategias servirán para lograr sus objetivos en el Consejo de Derechos Humanos, pero una cosa es segura: el gran perdedor es y será el pueblo venezolano pues la intención final es privarlo, también en las Naciones Unidas, de los mecanismos creados para proteger a los pueblos del mundo.

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Calixto Ävila

Abogado Especialista en Derechos Humanos y Magister en Derecho Internacional Público. Representante de Provea en Europa.