ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
Marino Alvarado | El pasado 29 de mayo presentaron su Informe los Expertos Internacionales designados por Luis Almagro Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) para investigar y analizar si en Venezuela en años recientes se ha perpetrado delitos de lesa humanidad. El resultado es categórico: “existe fundamento suficiente, que satisface los criterios de prueba contemplados en el Artículo 53 del Estatuto de Roma, para considerar que los actos a los que se ha visto sometida la población civil de Venezuela, que se remontan por lo menos al 12 de febrero de 2014, constituyen crímenes de lesa humanidad, de conformidad con lo que establece el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.”
El Informe Identifica 131 víctimas de asesinatos que tuvieron lugar durante las protestas de 2014 y 2017, perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y/o los colectivos; 8.292 ejecuciones extrajudiciales documentadas desde 2015; más de 12.000 venezolanos arbitrariamente detenidos, encarcelados o sujetos a otras severas privaciones de libertad física desde las elecciones presidenciales de 2013; más de 1.300 presos políticos: personas que han sido o aún están detenidas por su oposición al gobierno; patrón generalizado y sistemático de abuso dirigido a un segmento identificado de la población civil en Venezuela.
Afirman los expertos: el Régimen ha convertido en un arma las condiciones de vida severamente deterioradas en Venezuela, utilizando los pocos suministros disponibles para recompensar a los que son activamente fieles al Régimen y reteniendo como castigo los recursos a quienes se consideran su enemigo. Los alimentos, los medicamentos y otros productos de primera necesidad son las herramientas de control político y social que utilizan deliberadamente para la persecución de su gente.
A diferencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Europea, la Corte Penal Internacional si establece responsabilidades individuales. Determina el grado de responsabilidad intelectual y material de quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad. La Corte se empeña que sean los tribunales nacionales quienes enjuicien a los responsables, pero si constata que no hay voluntad para hacer justicia, la Corte Penal procede. El Informe de los expertos recomienda a la Corte Penal Internacional que en el caso de Venezuela enjuicie a varios altos funcionarios. En tal sentido solicita que el Secretario General de la OEA remita el Informe a la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional para que ésta abra una investigación de los crímenes presentados en dicho Informe. Algunos de los altos funcionarios que los expertos internacionales recomiendan sean enjuiciados son:
Nicolás Maduro Moros quien como presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha contribuido al diseño de las políticas de represión con grave abuso de los derechos humanos y la perpetración de delitos de lesa humanidad y ordenado un ataque sistemático contra la población que lo adversa.
Padrino López ministro de la Defensa y de quien depende junto a Nicolás Maduro la actuación de todos los componentes de la fuerza armada. Los militares son autores materiales de varios de los delitos de lesa humanidad identificados
Gustavo González López en su condición de ministro de interior y a su vez director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional es responsable de los Operativos de Liberación del Pueblo mediante los cuales se realizaron cientos de ejecuciones, allanamientos violentos y detenciones masivas arbitrarias. Se le señala de haber participado también en la tortura a varios detenidos.
Otros nueve altos funcionarios recomienda el Informe sean llevados a la justicia. Junto a ellos 146 personas más.
Sin duda este Informe significa un gran avance en la lucha contra la impunidad y nos va acercando a garantizar se castigue tanto abuso y sufrimiento desatado contra la población.
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Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
