ACERCA DEL AUTOR:
Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.
Marino Alvarado │ La dictadura los expulsó. Los obligó a buscar un mejor futuro traspasando las fronteras, incluso caminando miles de kilómetros. Los ofendió públicamente porque realizaban trabajos de poca remuneración. Cuando por circunstancias especiales en el contexto del COVID-19 deciden regresar, los maltrata de distintas maneras.
Se les pretende culpabilizar de la expansión del coronavirus. En cada reporte oficial hay un señalamiento hacia ellos e incluso se llegó a afirmar que eran enviados a propósito a Venezuela por gobiernos enemigos de Maduro. De esta manera, se les expone al rechazo en las comunidades donde llegan y se produce riesgo a su integridad física.
Al cruzar la frontera, además son sometidos a una cuarentena forzosa en condiciones deplorables que mancillan su dignidad. Desde los estados Táchira, Apure, Lara, Carabobo se han recibido denuncias de las insalubres condiciones de los espacios físicos donde son obligados a pernoctar y de la mala alimentación.
De tal magnitud eran las condiciones, obligados a soportar más de 300 personas en el estadio de béisbol de San Cristóbal estado Táchira, que los adultos mayores decidieron iniciar días atrás una huelga de hambre. La respuesta de la dictadura fue reprimirlos. En un lugar con cerca de 60 niños envió una tanqueta de la Guardia Nacional y más de 30 efectivos con materiales para agredir a quienes solo reclamaban que escucharan sus peticiones.
En el estado Apure, aproximadamente 130 personas fueron forzadas a quedarse en un hotel en la población de Guasdualito. Con poco acceso al agua, con mala alimentación tienen más de un mes en ese lugar sin recibir respuesta sobre cuándo se les permitirá continuar o serán trasladados hacia los destinos finales en distintos estados.
Una situación similar han tenido que soportar cientos de familias en la Villa Bolivariana en Barquisimeto estado Lara. Un padecimiento que se recicla, porque se hace sufrir a las familias hasta que finalmente se les permite llegar a sus destinos y en la medida que van saliendo unas, se ingresa a otras familias en las mismas inhumanas condiciones.
El trato que se les viene dando a las familias humildes que retornan muestra el verdadero rostro de quienes detentan el poder de facto. Un desprecio permanente por los más humildes.
Un gobierno que agrava día tras día las condiciones de vida de los pobres. Se les agrede con operativos policiales que siembran muerte y terror. Sometidos además a una permanente escasez de agua, con frecuentes apagones y enormes dificultades para trasladarse de un lugar a otro. Un reto de sobrevivencia que agota física y mentalmente.
Maduro y su cúpula gobernante, con los malos tratos a los venezolanos y venezolanas que retornan, engrosa su ya amplio expediente de violaciones a los derechos humanos.
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Marino Alvarado
Abogado, Coordinador de Exigibilidad Legal de Provea.