Estrategias para neutralizar al Consejo de Derechos Humanos y a la Alta Comisionada │ PROVEA

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Calixto Ávila

Abogado Especialista en Derechos Humanos y Magister en Derecho Internacional Público. Representante de Provea en Europa.

Calixto Ávila │ El gobierno de facto cuenta con estrategias internacionales para evadir sus obligaciones en derechos humanos y para intentar neutralizar a los órganos internacionales de protección. Experto en ganar tiempo y en crear cortinas de humo, invierte importantes recursos para que los derechos humanos no sean justiciables ni a nivel interno ni a nivel internacional.

Cometer violaciones sistemáticas de derechos humanos requiere como complemento la impunidad de los perpetradores y por ello se neutraliza el sistema judicial y los órganos de control a lo interno, al tiempo que se neutralizan las instancias internacionales. Prueba de lo último, es pretender arrebatarle a la población venezolana su derecho a recurrir al Sistema Interamericano, mediante la denuncia de la Convención Americana y el posterior retiro de la OEA. Ese gobierno sabe que ese trabajo no está completo si el Sistema Universal de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo y la Corte Penal Internacional, pueden ejercer su rol de instancias internacionales de acuerdo al derecho internacional que obliga a Venezuela.

Las respuestas del gobierno de facto al debate sobre la situación venezolana en el Consejo de Derechos Humanos, ponen en evidencia varios elementos de la estrategia para neutralizar a esa institución, para obstruir sus resoluciones y para limitar a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Esas estrategias no están destinadas a proteger al pueblo venezolano sino a los perpetradores de las violaciones a los derechos humanos, en una lógica que contradice el sentido de sus obligaciones internacionales, en particular el principio de la buena fe que rige los tratados internacionales.

Podemos identificar los siguientes elementos de esa estrategia, y que son puestos en obra por agentes del Estado representantes del gobierno de facto:

Descalificar al Consejo de Derechos Humanos argumentando dobles estándares, uso político de los derechos humanos y tratamiento diferenciado hacia países en desarrollo con el fin de cambiar los regímenes políticos. Como miembro del Consejo, ese gobierno no solamente está lejos de cumplir con los más altos estándares de derechos humanos, sino que además descalifica a ese órgano del que hoy forma parte.
Desviar la atención hacia otros problemas de derechos humanos presentes en países cuyos gobiernos no le son afines, guardando silencio sobre lo que ocurre en los países gobernados por sus aliados, contradiciendo su propio reclamo de que no se apliquen dobles estándares.
Hacer un uso selectivo y tergiversado de los principios de la Carta de las Naciones Unidas buscando poner el debate en términos de soberanía y no injerencia en los asuntos internos. Por una parte, deja de lado principios como el cumplimiento de buena fe de las obligaciones contraídas según la Carta y, por otra parte, busca aplicar el principio de no injerencia desconociendo que los derechos humanos no son asuntos “esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados” como dice la Carta.
Aplicar los principios de soberanía y no injerencia en el desempeño de las Naciones Unidas dentro del país, controlando y condicionando el accionar de esos mecanismos en materia de derechos humanos a nivel interno, en especial a la Oficina de la Alta Comisionada. Esta estrategia fue aplicada desde 2016 a las agencias del Sistema de Naciones Unidas dentro de Venezuela, subordinando y minimizando su accionar, lo cual contribuyó decisivamente al agravamiento de la emergencia humanitaria compleja que hoy vive el país.
Plantear, en los debates del Consejo, que existe una campaña mediática contra Venezuela al tiempo que evita dar “información objetiva y fidedigna” (según los principios del Consejo) para contribuir al “diálogo interactivo” que rige esa instancia. Ante la ausencia nacional de data oficial, ese gobierno lleva el debate al terreno de la propaganda, extendiendo a las Naciones Unidas una estrategia propagandista implementada desde hace rato a nivel interno.
Presentar la cara amable de un gobierno dispuesto a cooperar si, y solo sí, el debate se da exclusivamente en el terreno de la cooperación. Para ello impulsa paralelamente resoluciones en el Tema 2 de la agenda del Consejo, que se refiere a la cooperación con el sistema, y manipula mediáticamente sus resultados como “victorias” en el Consejo. A nivel interno, desempolva la propuesta de un nuevo Plan nacional de derechos humanos, que fue recomendado por el mismo Consejo durante el Examen Periódico Universal de 2011 y fue promulgado en 2016 sin un verdadero proceso de diálogo y convocatoria inclusivo y abierto a la participación ciudadana.
Impedir el ingreso de la Misión de Verificación de Hechos, un mecanismo aprobado por el Consejo del que hoy forma parte, y descalificar la resolución que la creó (Resolución 42/25 ) argumentado que fue resultado de una “mayoría circunstancial” y que estuvo motivada políticamente. Aunque el informe de la Misión, que opera desde de enero fuera del país, será publicado en septiembre, el representante del gobierno de facto en Ginebra anticipa desde ahora que el informe estará “plagado de mentiras”.
Delimitar el compromiso de ese gobierno de permitir la presencia de los mecanismos temáticos (relatores especiales y grupos de trabajo) a aquellos que cree que podrían ser funcionales a su propaganda y auto victimización. Sin ningún resultado tangible, durante meses ese gobierno ha anunciado que va a invitar al Relator especial sobre el derecho al desarrollo y al Relator especial sobre medidas coercitivas unilaterales, cuando existe por lo menos otros 40 mecanismos que podrían visitar Venezuela.
Lanzar falsas informaciones como que la Alta Comisionada no se ocupa de la situación de otros países, pese a que en ejercicio de su mandato debe hacerlo y efectivamente lo ha hecho. Afirmar que en sus informes no hay balance en el tratamiento de la información, que la información es sesgada y que pueden ser usados como un instrumento para una campaña mediática contra Venezuela. Además, altos voceros del gobierno de facto no dudan en tratar a la Alta Comisionada de mentirosa e inclusive en ridiculizar su figura llamándola Alta “como-si-nada” .
Realizar expediciones punitivas contra los sectores victimizados que son mencionados en los informes y exaltar a los victimarios, durante las horas o los días siguientes a la presentación de los informes de la Alta Comisionada. Así, Maduro anunció todo el apoyo a las FAES luego de que se pidiera su disolución, y recientemente fueron detenidos arbitrariamente diputados de la Asamblea Nacional luego que el último informe diera cuenta de los ataques contra ese sector de la población.

La estrategia para obstaculizar el Sistema Universal y dilatar su accionar no es producto de la improvisación y por el contrario pone en evidencia un discurso bien articulado. Sin embargo, no es algo nuevo para los miembros del Consejo que han visto similares libretos en otros gobiernos que niegan a sus pueblos el derecho a los recursos internacionales. De allí que el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, resulte de vital importancia para el funcionamiento del Sistema Universal. Consciente de ello, el mismo Sistema de las Naciones Unidas cuenta con un mecanismo para proteger a la sociedad civil que acude a la ONU. Se trata de un mecanismo de alto nivel regulado en septiembre de 2019 en la Resolución de la Asamblea General 42/28, el cual involucra al Subsecretario General de Derechos Humanos de la ONU y al Presidente del Consejo de derechos Humanos.

Es claro que solo con una sociedad civil independiente es posible que los sistemas internacionales de derechos humanos puedan proteger a los pueblos contra el autoritarismo y contribuyan efectivamente a la recuperación de la democracia.