Calixto Ävila | A finales del mes pasado, la capitana del barco Sea-Watch 3, Carola Rackete, decide que para proteger la vida de un grupo de 42 migrantes rescatados en el Mediterráneo era necesario llegar a las costas de Italia, tras esperar 17 días en el mar sin recibir asistencia y sin que se le permitiera llegar a puerto seguro. El ministro del interior italiano, Matteo Salvini, un líder considerado como populista, de derecha, euroescéptico y anti-inmigración, afirma que los miembros de la tripulación deben “ser detenidos y punto”. Salvini había emitido el “decreto Salvini”, ya en vigor, para criminalizar las acciones de las organizaciones que rescatan a migrantes y que puede convertirse en ley en el parlamento italiano. La capitana Rackete fue detenida y acusada de resistencia y violencia contra una nave de guerra y trata de personas, entre otros cargos. Una jueza italiana que conoció el caso, desestimó esos dos cargos y ordenó la libertad que se hizo efectiva inmediatamente, afirmando que la capitana había actuado en cumplimiento de su deber de proteger la vida de los migrantes. El ministro se declara indignado y ofendido pero acata la decisión y respeta la investidura de la jueza.

A miles de millas náuticas de allí, el líder sindical Rubén González se encuentra detenido en una de las peligrosas cárceles venezolanas. Rubén decidió desde hace años asumir la defensa de los trabajadores de Ferrominera del Orinoco, lideró y organizó manifestaciones pacíficas en las que fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad de un gobierno de facto que se reivindica como gobierno obrero y representante del Socialismo del Siglo XXI. El 29 de noviembre 2018, Rubén fue detenido en una alcabala por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), sometido a un inconstitucional proceso judicial en la jurisdicción militar bajo acusaciones de ataque al centinela, ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada, y finalmente fue enviado a la cárcel de La Pica en el estado Monagas. En el año 2009, Rubén había sido detenido por dirigir una huelga exigiendo el cumplimiento de la convención colectiva. Tras un largo proceso judicial, que duró cinco años, fue declarado no culpable de todos los delitos imputados y se le otorgó libertad plena. De esos cinco años de proceso, el dirigente sindical pasó año y medio tras las rejas. Hoy se encuentra nuevamente detenido. El gobierno de facto del Socialismo del Siglo XXI entrega a los sindicalistas a jueces militares y manda a poner presos a los jueces que deciden con independencia y en derecho. La jueza María Lourdes Afiuni es histórico testimonio de ello.

El reciente informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos afirma que “sucesivas leyes y reformas legislativas han facilitado la criminalización de la oposición y de cualquier persona crítica al Gobierno mediante disposiciones vagas, aumentos de sanciones por hechos que están garantizados por el derecho a la libertad de reunión pacífica, el uso de la jurisdicción militar para personas civiles, y restricciones a ONGs para representar a víctimas de violaciones de los derechos humanos”. El caso de Rubén González encaja perfectamente en este contexto descrito por la Alta Comisionada. La persecución contra este líder sindical es consecuencia de la ruptura de la democracia en Venezuela, el debilitamiento del Estado de derecho y en especial de la falta independencia del poder judicial y sus instituciones. El informe de la Alta Comisionada lo dice con claridad: “durante más de un decenio, Venezuela ha adoptado e implementado una serie de leyes, políticas y prácticas que han restringido el espacio democrático, debilitado las instituciones públicas y menoscabado la independencia del poder judicial”.

El gobierno de facto, sus voceros y sus pregoneros han descalificado el informe de la Alta Comisionada, así como otros dos informes emitidos bajo la administración del anterior Alto Comisionado. Ejerciendo su derecho de réplica, el gobierno de facto también ha presentado un documento con observaciones a ese informe durante las sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Pero el informe de la Alta Comisionada es bastante sólido y será muy difícil que ese gobierno contraargumente seriamente. Por el contrario, durante años ha construido una retórica propagandística, superficial, llena de adjetivos y adverbios, que no sirve para responder con datos concretos que sustenten sus alegatos en las Naciones Unidas. Ese gobierno está pagando ahora el precio de haber implementado una política para ocultar informaciones públicas y para evitar rendir cuentas con transparencia a la sociedad venezolana.

Fuera país, la credibilidad de ese gobierno se derrumba como lo evidenció el debate sobre el Informe de la Alta Comisionada en Ginebra. No solo a nivel de los Estados sino a nivel de los movimientos sociales y políticos de otros países. En últimas, en Venezuela se están cometiendo crímenes que lesionan la conciencia ética de la humanidad y, por tanto, apoyar a un gobierno de facto y antidemocrático, que vulnera los derechos humanos de la población, plantea un ineludible dilema ético. Basta con mirar los casos de la capitana Carola Rackete en Italia y del sindicalista Rubén González en Venezuela, para rendirse ante la evidencia de que si no se respetan la democracia, las garantías constitucionales y el estado de derecho, entonces los gobiernos, independientemente de sus alegadas ideologías, terminan violando sistemáticamente los derechos humanos y oprimiendo a sus propios pueblos.

ACERCA DEL AUTOR:

Abogado Especialista en Derechos Humanos y Magister en Derecho Internacional Público. Representante de Provea en Europa.