Publicamos a continuación la resolución a la que el gobierno de facto de Venezuela votó en contra y en solitario, en el Consejo de Derechos Humanos, el 17 de julio de 2020. La resolución celebra el decimoquinto aniversario del Documento Final de la Cumbre Mundial 2005 que incluyó entre los desafíos de las Naciones Unidas el tema de la responsabilidad de proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. La resolución fue adoptada por 32 votos a favor, 14 abstenciones y el voto negativo de Venezuela.
Esta histórica resolución abre un proceso de discusión sobre las mejores prácticas para reforzar las políticas y estrategias nacionales destinadas a cumplir la responsabilidad de proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad, por conducto de los mecanismos nacionales y otras instancias interesadas. El proceso involucrará todas las instancias y órganos de derechos del Sistema Universal de la ONU, así como a la sociedad civil, y concluirá en septiembre de 2021 durante el 28 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.
Sectores cercanos al gobierno de facto tratan de justificar el solitario e inexcusable voto negativo a nombre de Venezuela, afirmando que la Responsabilidad de Proteger se usó como excusa en la ONU para la ilegal guerra contra Irak en 2003. Se debe aclarar entonces que ninguna resolución de las Naciones Unidas, ni en el Consejo de Seguridad ni mucho menos en la Comisión de Derechos Humanos (predecesora del Consejo de Derechos Humanos), dio base legal alguna para la ilegal guerra de Irak de 2003.
Fue en 2005 que por primera vez se aprobó la Responsabilidad de Proteger, dentro del documento final de la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas (14 a 16 de Septiembre), por unanimidad y con participación de Venezuela.
Se estableció entonces: “La aceptación clara e inequívoca de todos los gobiernos de la responsabilidad colectiva internacional de proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. La disposición a tomar medidas colectivas de manera oportuna y decisiva para tal fin, por conducto del Consejo de Seguridad, cuando los medios pacíficos demuestren ser inadecuados y las autoridades nacionales no lo estén haciendo manifiestamente”.
Prensa Provea
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