ACERCA DEL AUTOR:
Calixto Ávila
Abogado Especialista en Derechos Humanos y Magister en Derecho Internacional Público. Representante de Provea en Europa.
Calixto Ávila | El gobierno de facto apuesta a sacar el máximo beneficio político de la visita a Venezuela de la Relatora Especial de la ONU sobre el impacto de medidas coercitivas unilaterales, la señora Alena Douhan. Sabe que ha invertido mucho esfuerzo en un discurso hacia afuera y hacia adentro del país, señalando a las sanciones impuestas por los Estados Unidos como la principal causa de la grave situación humanitaria y de derechos humanos, con el fin de excusarse a sí mismo de sus propias responsabilidades. Ese discurso ha sido uno de sus principales argumentos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y ha sido llevado ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional mediante una comunicación que originó la apertura del examen preliminar Venezuela II, por presuntos crímenes de lesa humanidad causados por esas sanciones. Pero la visita de la señora Douhan está lejos de ser un éxito para ese gobierno que tiene una enorme deuda acumulada con los mecanismos temáticos de los que forma parte la relatora, quien además parece caracterizarse por una solidez académica y una independencia de criterio.
Como es costumbre, durante esta visita el gobierno activará su aparato de propaganda para mostrar que tiene buena voluntad para cooperar con la ONU. Pero ocultará, por un lado, que se había comprometido en junio de 2019 con la Señora Bachelet, durante su visita al país, a invitar por lo menos 10 mecanismos en el término de dos años, y que el Consejo de Derechos Humanos, en su Resolución 42/L4 de septiembre de 2019, recomendó que al menos se invitara a los siguientes mecanismos temáticos: el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados; la Relatora Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación; el Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; y el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. Es claro que el criterio de selección de ese gobierno está dirigido a beneficiar sus propios intereses y no los de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos en el país. Por otra parte, no dirá nada de las 45 comunicaciones, de 84 recibidas, que no fueron respondidas por la Cancillería desde 2011, en las que diversos mecanismos temáticos de la ONU han pedido informaciones sobre casos de violaciones a los derechos humanos, muchos de ellos graves y urgentes. Se trata de ataques a defensores de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, ataques a pueblos indígenas, migrantes desaparecidos en el Mar Caribe, torturas, ataques a periodistas y medios de comunicación, falta de independencia del jueces y fiscales, la aplicación de la “Ley contra el Odio”, el deterioro del sistema de salud, la situación penitenciara, el derecho a manifestar pacíficamente, la persecución a la oposición política, entre otros. En síntesis, ese gobierno no solo elige, mediante una estrategia dilatoria, una relatora entre los 44 mecanismos similares del Consejo de Derechos Humanos, sino que además omite explicarse sobre temas que no le convienen, a pesar de tener el deber de responder según el derecho internacional.
Durante la visita, ese gobierno entregará a la relatora informaciones que durante años no han aparecido en las “memoria y cuenta” de los órganos oficiales, y que han sido negadas a la población venezolana haciendo imposible una contraloría social democrática. Pero la señora Douhan ostenta una carrera académica especialmente en la Universidad Estatal de Bielorrusia y ha realizado numerosas investigaciones y publicaciones sobre derechos humanos y derecho internacional. Sin lugar a dudas es una especialista sobre el tema de las sanciones y tiene claro su marco jurídico internacional y su impacto sobre los derechos humanos. Con ese prestigio acumulado, es difícil imaginar que una experta investigadora y académica acepte la versión oficial sin validar esa información y sin contrastarla con otras fuentes. Como experta independiente y con un mandato claramente definido en la Resolución del Consejo de Derechos Humanos 27/21 sobre Derechos humanos y medidas coercitivas unilaterales y en la Resolución 45/5, la Relatora no parece presa fácil para una Cancillería que ha hecho de la propaganda, antes que la información validada y debatida, su eje central de acción ante el sistema de las Naciones Unidas. Se preguntará la Relatora cómo se llegó a una emergencia humanitaria compleja que ha generado una migración masiva de población similar a la de Siria, sin que exista un conflicto armado, y en qué medida las sanciones son la causa de esa migración o si existen “otros” factores causales; o en qué manera afectan esas sanciones a la asistencia humanitaria y a las organizaciones humanitarias, y si esas sanciones son la causa de la suspensión del Programa de Transferencia Humanitarias por parte del sistema de la ONU en Venezuela o si están relacionadas con la detención arbitraria de los cinco trabajadores humanitarios de Azul Positivo en el Zulia. Se preguntará la señora Douhan si, como en Siria, en impacto de las sanciones puede ser comparable al impacto de 10 años de conflicto armado con respecto a 20 años de corrupción estructural que se encuentra impune en Venezuela; o si las sanciones tuvieron algo que ver con el oscuro destino de 1.004.399 millones de dólares obtenidos por Venezuela por exportaciones entre 1999 y 2015, equivalentes a 10 planes Marshall.
El informe de la relatora será presentado al Consejo de Derechos Humanos en septiembre de este año. Según el procedimiento previsto para los informes tras una visita a un país, la relatora enviará antes su informe al gobierno de facto para que se pronuncie sobre “errores de hecho” solamente. Sin duda, la independencia de criterio y el rigor académico de la relatora son esenciales para la lectura que pueda realizar sobre la situación del país. Finalmente, es claro que la sola visita de la relatora, cuando había un compromiso de invitar a diez mecanismos similares antes del mes de junio entrante, denota que en el fondo prima en ese gobierno la intención proteger sus intereses por encima de los derechos de las víctimas, evitando que esos mecanismos constaten la situación de los derechos humanos en el terreno.
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Calixto Ávila
Abogado Especialista en Derechos Humanos y Magister en Derecho Internacional Público. Representante de Provea en Europa.
