En un informe publicado por la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), en colaboración con Transparencia Internacional Brasil; Transparencia por Colombia y el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (CAJAR) de Colombia; Acción Ciudadana y el Centro Para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) de Guatemala, INSAPROMA, CNLCC y CNDH-RD de la República Dominicana y Transparencia Venezuela y PROVEA de Venezuela, se advierte que en muchos de los países de América Latina la corrupción se está tornando sistemática con la captura de estructuras estatales.
Este fenómeno se produce a través de la corrupción generada por el crimen organizado que busca comprar la fuerza pública, los gobiernos locales, los jueces para controlar el territorio, pero también por élites cleptocráticas que buscan llegar y mantenerse en el poder para poder desviar los fondos a su favor, e igualmente por empresas que, a través de sobornos, incumplen sus obligaciones legales u obtienen indebidamente contratos públicos o concesiones.
En el informe se describen con detalle algunos de los casos de corrupción más emblemáticos de estos países que se presentaron públicamente en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2025. El análisis de estos casos tiene como objetivo denunciar el impacto negativo que la corrupción tiene en los derechos humanos, dar visibilidad a las víctimas y contar sus historias para refutar la idea de que la corrupción no tiene consecuencias humanas directas.
La corrupción sí tiene víctimas
Al abordar la corrupción desde una perspectiva de derechos humanos, el informe insiste en que la corrupción tiene consecuencias tangibles y directas sobre la población al exacerbar las desigualdades sociales en una región en donde prevalece la mayor tasa de disparidad socioeconómica en el mundo. Las organizaciones autoras advierten de que esta situación –además de suponer un evidente lastre económico para los países de la región– incide de manera significativa en los sectores más desfavorecidos de la población, al incrementar los costes y limitar el acceso a servicios públicos fundamentales, tales como la salud, la educación y vivienda.
Esta es la situación de República Dominicana donde el derecho a una vivienda digna se violó a causa de una estafa en el barrio de los Tres Brazos; de Venezuela, donde el marco legal de emergencia favoreció la corrupción en programas sociales de alimentación como los CLAP; o en Guatemala, con la compra opaca y fallida de vacunas Sputnik V durante la pandemia, que evidenció la probable corrupción estatal que resultó en miles de muertes evitables y una grave violación del derecho a la salud.
Asimismo, la corrupción tiene un impacto negativo en el derecho de acceso a un medio ambiente sano. En el caso de la central a carbón de Punta Catalina en República Dominicana, las prácticas de sobornos –al desviar la toma de decisiones del interés general hacia intereses privados – han tenido como consecuencia la contaminación de ecosistemas por la mala construcción y la gestión inadecuada de residuos tóxicos, lo cual provocó contaminación atmosférica y afectó a derechos como la vida, la salud, el acceso al agua y el desarrollo integral de la niñez en la República Dominicana. Paralelamente a la corrupción stricto sensu, estos derechos pueden también ser afectados cuando empresas de los sectores alimentario y extractivo manipulan normas y políticas públicas mediante vacíos legales y cooptación de líderes como se describe en el caso de Colombia.
La sombra de Odebrecht
Un número considerable de los casos analizados en el informe están relacionados con prácticas de corrupción llevadas a cabo por esta empresa, la cual obtuvo contratos irregulares con varios estados latinoamericanos mediante sobornos durante un período prolongado. Los sobornos de Odebrecht han tenido consecuencias nefastas, no solo para la confianza política de la opinión pública, sino que también han causado la escasez de servicios públicos mínimos, como el acceso a la energía y al transporte.
Un ejemplo de ello son las infraestructuras inconclusas que la empresa dejó en Venezuela, donde se sobornó a políticos para mantener concesiones con el Estado. Otro es el caso Ruta del Sol II en Colombia donde las comunidades afectadas no han podido obtener reparación. En Brasil, las organizaciones firmantes explican la preocupante anulación de pruebas del caso Odebrecht que frenó numerosas investigaciones internacionales convirtiendo al país en un exportador de impunidad en la región.
Los múltiples hechos de posible corrupción descritos en este informe son solo la punta de lanza de una crisis de gran envergadura que impacta a todos los países del continente.
Recomendaciones transversales
El informe conjunto denuncia la impunidad estructural relacionada con casos de corrupción. Constituye una ruta de acción para prevenir estos actos y garantizar una lucha eficaz contra este flagelo. En este sentido, la FIDH, junto con sus organizaciones miembro firmantes y en colaboración con varios capítulos de Transparencia Internacional en la región, insta a los Estados a priorizar la lucha contra la impunidad en casos de corrupción que afecten derechos humanos; a proteger a los denunciantes y a los testigos de corrupción, así como a asegurar -en cumplimiento de la obligación de los Estados de prevenir y reglamentar- que las empresas no recurran a prácticas corruptas.
Informe completo en el siguiente archivo PDF
