Exigimos la inmediata liberación de la presidenta de la ONG Control Ciudadano y hacemos un llamado a la solidaridad internacional y a los gobiernos democráticos del mundo, a seguir posicionándose firmemente a favor del respeto y garantía de los derechos humanos en Venezuela.
En un hecho que constituye una nueva escalada contra el espacio cívico y el trabajo de los defensores de derechos, la abogada, activista y directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, fue detenida este viernes 09 de febrero por agentes de seguridad venezolanos en el aeropuerto internacional de Maiquetía.
San Miguel habría sido detenida por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) un organismo de seguridad adscrito a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que ha sido ampliamente cuestionado por la comisión de graves abusos contra los derechos humanos contra disidentes políticos y miembros de la FANB que han permanecido bajo su custodia.
Rocío San Miguel es beneficiaria de medidas de protección aprobadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en enero de 2012, debido a los constantes ataques que ha padecido por ejercer su labor como defensora de DDHH.
A más de 60 horas desde que se conociera la detención y posterior desaparición forzada de San Miguel, aún se desconocía su paradero y las condiciones de salud en las que se encuentra, poniendo en riesgo su integridad física y psicológica. Esto preocupa especialmente ya que la sede de la DGCIM, ubicada al noreste de Caracas, se ha convertido, junto a la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), en los epicentros de la tortura en los últimos años. En ambos recintos, se concentró el 43,19% del total de casos de torturas registrados por Provea a nivel nacional entre 2018 y 2022.
Recordamos también que la desaparición forzada constituye una múltiple violación de Derechos Humanos, que pone a las víctimas en situación de indefensión y somete a sus familiares a largos periodos de incertidumbre, lo que significa en sí mismo una situación de trato cruel, inhumano y degradante.
Ya cerca de las 6:00 de la tarde de este domingo, el Ministerio Público confirmó, a través de la cuenta del fiscal general designado por la ANC, Tarek William Saab, la detención de San Miguel Sosa, aludiendo “una orden de aprehensión en su contra por estar presuntamente vinculada y referenciada en la trama conspirativa y de intento de magnicidio denominada ¨Brazalete Blanco”.
Añadió Saab que “las investigaciones continúan su curso recabando elementos de convicción de personas relacionadas a estos graves hechos dentro y fuera del país”, sin ofrecer detalles del paradero y estado de la defensora de derechos humanos.
La Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas establece que: «Todo acto de desaparición forzada constituye un ultraje a la dignidad humana. Es condenado como una negación de los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y como una violación grave manifiesta de los derechos humanos y de las libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales pertinentes«.
Asimismo, la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas destaca que la desaparición forzada viola múltiples derechos esenciales de la persona humana e impone a los Estados el deber de no practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales.
Pero al repertorio represivo mostrado por la gestión de Nicolás Maduro, se ha sumado en los últimos años el aumento de los casos de personas detenidas arbitrariamente y posteriormente sometidas a largos períodos de incomunicación en los que familiares, abogados y organizaciones defensoras de derechos humanos, desconocen el paradero o las condiciones de reclusión y respeto a la vida e integridad de las personas detenidas.
A las 11 de la mañana del lunes 12 de febrero, Juan González Taguarico, abogado de Rocío San Miguel, declaró desde las inmediaciones de El Helicoide que los abogados y familiares siguen sin tener conocimiento sobre el paradero de la defensora. Pese a las declaraciones del Fiscal a través de su cuenta de X, no tienen conocimiento sobre cuál cuerpo policial realizó la detención, ni bajo las órdenes de cuál tribunal, ni cuál Fiscalía está a cargo de la investigación, Así mismo informó que han visitado distintos centros de reclusión en Caracas y en ninguno les han confirmado la presencia de San Miguel. Frente a estos hechos, el equipo de abogados presentó el 12 de febrero un recurso de Habeas Corpus con la finalidad de que se examine la legalidad de esta detención.
Cierre del espacio cívico
Las autoridades venezolanas están profundizando su política de criminalización, persecución y eventual suspensión e ilegalización de organizaciones de la sociedad civil autónomas e independientes,
En medio de la posible adopción de medidas legislativas para restringir aún más la labor de las organizaciones de la sociedad civil, continúan los ataques y actos de hostigamiento contra defensores de Derechos Humanos, dirigentes sindicales y activistas sociales.
La arbitraria detención de San Miguel, se suma al prolongado encarcelamiento del también defensor de Derechos Humanos Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes quien ha permanecido detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) por más de 950 días, en medio de un acelerado deterioro de su salud que ha sido denunciado por sus familiares y organizaciones de derechos humanos.
La Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos de Naciones Unidas destaca disposiciones específicas para la protección de los activistas y sus derechos a asociarse para procurar la realización de los Derechos Humanos a nivel nacional e internacional.
Exigimos la inmediata liberación de Rocío San Miguel y garantías plenas par su derecho a la integridad física y psicológica. Asimismo, exhortamos a la comunidad internacional a seguir de cerca los acontecimientos en curso y adoptar de manera coordinada y decidida todas las medidas necesarias para condenar las acciones represivas y proteger a la sociedad civil.
Por último, exhortamos a la solidaridad internacional y a los gobiernos democráticos del mundo, a seguir posicionándose firmemente a favor del respeto y garantía de los derechos y libertades democráticas en Venezuela.
Prensa Provea
