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(Comunicaciones FDDHHANZ 15/06/2022) Alcides Magallanes, director institucional de la Fundación de los Derechos Humanos del estado Anzoátegui (FDDHHANZ) con extensión en Sucre, Monagas y Nueva Esparta, dio a conocer un balance sobre las presuntas ejecuciones extrajudiciales registradas durante enero y mayo de 2022 en parte del oriente venezolano e informó que Anzoátegui fue la entidad con más casos.

El director de la ONG precisó que en estos cuatro estados se documentaron al menos 41 casos de presuntas vulneraciones a la vida, siendo Anzoátegui la entidad con más casos de esta índole (17).

A esta le sigue el estado Sucre, localidad en la que se monitorearon al menos 15 casos. Entre estos la muerte de Daniel Alejandro Lezama Ramírez de 20 años de edad, en la ciudad de Carúpano el pasado 7 de abril, en manos de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Mientras que en Monagas se contabilizaron ocho casos y en Nueva Esparta, al menos uno.

Sobre los organismos presuntamente involucrados manifestó que el monitoreo arrojó que el CICPC lidera estas actuaciones, con 13 casos de presuntas ejecuciones registradas en los cuatro estados.

Asimismo expuso que en segundo lugar, según el número de incidencias, le sigue el Instituto Autónomo de la Policía del Municipio Sucre en el estado Sucre con cinco casos. Seguido de la Policía del Municipio Simón Bolívar (Polibolívar) en Anzoátegui con cuatro casos.

El cuarto lugar y con 3 casos de presunta vulneración a la vida por cada organismo lo comparten: Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB), Policía del estado Sucre (Iapes), Polianzoátegui y el Comando Antiextorsión y Secuestro (Conas).

Mientras que el quinto lugar y con un caso por cada cuerpo de seguridad, la Dirección de inteligencia Estratégica (DIE), la Policía del Municipio Guanta (Poliguanta), una comisión mixta y la Policía del Municipio Piar (Polipiar).

En cuanto a esto, el abogado y especialista en DDHH hizo hincapié en lo necesario que es trabajar en la construcción de políticas de seguridad ciudadana eficientes, de modo que contemos con organismos promotores de valores y que respeten y garanticen los derechos de todos los ciudadanos.

Magallanes además informó que todos los casos antes mencionados son de conocimiento de la oficina de la Alta Comisionada para los DDHH de la Organización de las Naciones Unidas en Caracas, a fines de que se presenten observaciones al gobierno nacional.