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Del OLP al OLHP. De las FAES al DCDO. De las BEGV al GOES.

Un enmarañado listado de siglas, se acumulan en la extendida nomenclatura de la represión en Venezuela.

En su constante apuesta por el olvido y la impunidad, los narradores estatales no cejan en su esfuerzo por enmascarar la realidad.

En gacetas, registros y declaraciones oficiales, se apiñan montones de intentos gubernamentales para abreviar y suavizar -en cuatro o cinco letras-, el terrorismo de Estado.

En el gobierno de Maduro, la represión se crea, pero no se destruye, solo se transforma.

Pintar es un crimen

El martes 07 de junio, los jóvenes Greisdi López, Julio Pérez, Armando Gale, Ronaldo Macho y Yosmar Rodríguez, fueron arrestados ilegalmente por funcionarios de la policía del municipio Chacao (al este de Caracas), mientras participaban en una manifestación en homenaje a Neomar Lander, un adolescente de 17 años que murió – en circunstancias aún no aclaradas por las autoridades- en mayo de 2017, en medio de una protesta que exigía la renuncia de Nicolás Maduro.

Los detenidos pintaban un mural en homenaje al fallecido en el túnel de la avenida Libertador -una de las arterias viales más transitadas de Caracas-, cuando fueron sorprendidos por los policías de Chacao, al mediodía del 07 de junio de 2022.

Arrestados, los cinco jóvenes fueron seguidamente entregados a otro cuerpo policial desconocido para la mayoría de los venezolanos, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Entonces, fueron desaparecidos.

Durante casi 30 horas los familiares, allegados y abogados de los detenidos, no tuvieron ninguna información sobre ellos.

Así se estrenó el GOES.

Aplastar la protesta

Ocho años antes, su antecesora, la Brigada Especial contra Grupos Generadores de Violencia (BEGV), había hecho su debut en medio de una protesta de trabajadores de las empresas básicas de Guayana.

Creada el 25 de junio de 2014, luego del fin del ciclo de protestas conocido como “La Salida”, y a la sombra del ex ministro de Interior y Justicia Miguel Rodríguez Torres, la BEGV apareció públicamente por primera vez aplastando –en compañía de policías y militares de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB)- la huelga que protagonizaron en agosto de ese año obreros y empleados de la estatal Siderúrgica del Orinoco (SIDOR).

La BEGV había sido conformada para coordinar las acciones de los órganos del Estado “contra las actuaciones de los grupos violentos” y “establecer y requerir cualquier información en materia de seguridad de Estado, defensa, inteligencia, orden interno, relaciones exteriores a las instituciones públicas y privadas, sobre las actuaciones de los grupos generadores de violencia en cualquier aspecto de interés nacional”.

Su casi imperceptible presencia en la acción represiva en Sidor, fue anunciada por el entonces comandante del CORE 8 de la GNB, General Luis Arrayago, y por el ex gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, quienes habían encabezado una campaña de criminalización y ataques contra los trabajadores en conflicto, acusándolos de pertenecer a mafias sindicales y de estar al frente de la llamada “guerra económica”.

Tres trabajadores resultaron heridos con perdigones, 53 fueron detenidos, y numerosos vehículos propiedad de los empleados de la acería sufrieron importantes daños, luego del ingreso de militares y policías a la planta de Sidor, quienes cometieron decenas de atropellos contra los manifestantes.

Aunque entonces fue imposible individualizar los posibles abusos cometidos por presuntos agentes de la BEGV, quedó suficientemente claro –gracias a la información oficial- que esa instancia había sido responsable de dirigir la acción represiva en la siderúrgica.

Irrupción represiva

Alentado por la necesaria “irrupción definitiva del nuevo Estado Democrático y Social, de Derecho y de Justicia”, concebida en el Plan de la Patria 2013-2019, el gobierno de Nicolás Maduro pisó a fondo -luego de las protestas de 2014-, el acelerador de la represión en Venezuela.

Esa irrupción definitiva, se tradujo en la apresurada creación de nuevas instancias de control social para frenar el creciente descontento.

La Brigada Especial contra las Actuaciones de los Grupos Generadores de Violencia (BEGV); la Fuerza Choque -adscrita al Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB)-, y el Sistema Popular de Protección para la Paz (SP3) fueron algunas de las instancias creadas entre 2014 y 2015 para afianzar la represión.

En junio de 2014, a través el Decreto 1.014, la BEGV surgió como una especie de supra-policía con competencias superiores a las de los cuerpos de seguridad existentes en el país.

Entre sus atribuciones se incluyó la posibilidad de exigir y recabar información y documentación de instancias ajenas al Estado, rescatando parte de los preceptos contenidos en la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia Militar (Ley Sapo) aprobada por Hugo Chávez en 2008, y derogada días después por el propio mandatario debido al rechazo popular a la misma.

Los poderes otorgados a la BEGV causaron alarma entre las organizaciones de derechos humanos del país, debido a la amplia discreción para declarar a grupos de la sociedad como generadores de violencia, en medio del empleo constante de falsos positivos para criminalizar y adelantar juicio sobre ciudadanos que participaban en protestas o expresaban su disenso con la política oficial.

Nomenclatura oficial

En la Gaceta Oficial N° 42.352 del 05 de abril de 2022, se oficializó el cambio de nombre de la Brigada Especial contra las Actuaciones de los Grupos Violentos (BEGV), a Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES).

Pero, pese al cambio en la nomenclatura, las funciones de la antigua BEGV, ahora GOES, fueron ratificadas por la administración Maduro.

El artículo 3 del Decreto Nº 4.668 del 05 de abril de 2022, reza:

“El Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES), tiene como objeto coordinar, analizar, evaluar, organizar, dirigir, ejecutar y recabar las informaciones y acciones provenientes de todos los Órganos de Seguridad Ciudadana e Inteligencia del Estado y otras entidades públicas y privadas, para neutralizar y controlar las actividades que pudieran llevarse a cabo relacionadas con las actuaciones de grupos generadores de violencia, que permitan el ejercicio de la acción penal de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las Leyes respectivas”.

En un calco del Decreto 1.014 que creó la BEGV, la nueva medida confiere las mismas atribuciones supra – policiales al GOES.

Así, el organismo podría requerir información de cualquier institución pública, organizaciones de la sociedad civil, empresas e instituciones privadas y de cualquier particular, bajo la excusa de querer neutralizar y controlar a los grupos generadores de violencia, amparado, entre otras, en la restrictiva Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LODOFAT), aprobada en 2013.

Además, el GOES coordinaría todas las labores de inteligencia policial y militar, referidas a la seguridad del Estado en una suerte de agencia de seguridad nacional.

Una curiosa apuesta en un país acostumbrado al caudillismo y al control parcelario de las instituciones.

Ocultando el rastro

En la misma Gaceta Oficial que creó al GOES, se designó como su director a José Humberto Ramírez Márquez -un veterano funcionario cercano al ex ministro de Interior Justicia y Paz, Néstor Reverol.

Ramírez Márquez, ocupó antes los cargos de viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal. y director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) entre los años 2011 y 2013, período en el cual ese organismo lideró las estadísticas de torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes y violaciones al derecho a la vida a nivel nacional.

En 2014, estuvo al frente del Cuerpo Nacional Anticorrupción –dependiente del Sistema Popular de Protección para la Paz (SP3), dirigido por la entonces ministra Carmen Meléndez-, y participó en la fallida iniciativa promovida por Nicolás Maduro para instalar jueces y fiscales “sin rostro” contra la corrupción en Venezuela, una propuesta rechazada por organizaciones como Espacio Público y Provea.

Pero todavía la información sobre el GOES es escasa.

En sus dos principales apariciones públicas, ha sido imposible documentar información sobre sus insignias y uniformes, los funcionarios que componen el organismo, los mecanismos de selección y promoción de sus miembros, sus mandos, los recursos destinados por el Estado y su capacidad operativa.

Ello, además de obstaculizar el principio de contraloría ciudadana previsto en la Constitución Nacional, dificulta a las posibles víctimas ejercer acciones de exigibilidad para la rendición de cuentas ante abusos como los cometidos contra los jóvenes de Chacao o los trabajadores de Sidor.

Preocupa mucho pensar que estas nuevas y desreguladas corporaciones de seguridad, como el GOES, puedan convertirse en una burbuja para que los involucrados en violaciones de derechos humanos y posibles crímenes de lesa humanidad encuentren un refugio de la mirada pública.

Los mandos y agentes de las temidas y cuestionadas Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, han corrido con esa suerte.

Luego de ser interpelados por cientos de víctimas, por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, y por las organizaciones de derechos humanos, el gobierno de Venezuela optó por replegarlos.

Ellos, a pesar de los centenares de víctimas que han generado, forman parte, junto a otros, de la cambiante nomenclatura oficial.