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La coordinadora general de la ONG Unión Afirmativa de Venezuela, Quiteria Franco, sostiene que existe un temor por parte de los políticos venezolanos a impulsar cambios en el marco legal del país para establecer sanciones a quienes discriminen a personas de la comunidad Lgbti. Cree que la impunidad ante estos casos es lo que hace que continúen las violaciones a los derechos humanos por orientación sexual, identidad o expresión de género


El 7 de marzo del presente año, Carlis Robles denunció a través de su cuenta en la red Twitter @inconicarli que fue despedida del establecimiento Oro Café en el mes de enero por ser una persona trans.

Explicó Jepsen en un hilo de la mencionada red social, que entre las razones que le expusieron para despedirle, figuraron, entre otras, que entraba al baño de mujeres siendo hombre, no cortarse el cabello y “botar escarcha”.

Cuatro días más tarde, el 11 de marzo, se conoció el caso de la profesora de educación física Andreína de Faría, quien fue despedida de la Unidad Educativa Divino Niño, ubicada en la localidad de los Guayos, estado Carabobo, luego que la docente develara su orientación sexual hacia personas del mismo sexo. Aunque el colegio negó que la cesantía obedeciera a un hecho de discriminación, la coincidencia de eventos (manifestación de orientación sexual y despido) fue señalada por activistas de derechos humanos como un nuevo caso de discriminación conta las personas de la comunidad Lgbti.

⚠️ DENUNCIA PÚBLICA 🚨

Despiden a profesora de educación física en Carabobo por ser lesbiana

Este 11 de marzo, la licenciada, Andreina De Faria, quien fungía como profesora en la U.E. Divino Niño ubicada en Los Guayos, Carabobo, fue despedida por motivo de su orientación sexual pic.twitter.com/UNrE9HeXFq

— Género Conciencia (@GneroConcienci1) March 14, 2022

comunicado oficial de la U.E. «Divino Niño» pic.twitter.com/wDsJXS2heX

— U.E. DIVINO NIÑO LOS GUAYOS OFICIAL (@UE_Divino_Nino) March 16, 2022

Estos hechos son continuidad de una serie de violaciones a los derechos fundamentales de las personas de la comunidad LGBTI, como el ocurrido contra la medallista olímpica  Stefany Hernández, que, junto a un grupo de amigos, fue expulsada del local Anónimo-Narciso, ubicado en la urbanización las Mercedes, al este de Caracas, y el de la expulsión de dos hombres gays que bailaron en el local Vera Pizza, ubicado en la urbanización La Castellana, en octubre de 2021.

Y no solo se trata de despidos o expulsiones de sitios públicos, desde hace tiempo personas trans han intentado acciones legales para poder cambiarse de nombre y ponerse uno que vaya con el género con el que se identifican, como es el caso de Tamara Adrián, exdiputada a la Asamblea Nacional quien lleva 18 años esperando por una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, así como el impedimento a personas del mismo sexo de poder contraer matrimonio, como sí se puede hacer en Uruguay, Ecuador, Brasil, Colombia, Chile y Argentina.

Impunidad ha favorecido violación de derechos humanos

La coordinadora general de la ONG Unión Afirmativa Venezuela (UNAF), Quiteria Franco, asegura que el Estado venezolano se ha negado a responder a las demandas de la comunidad Lgbti atendiendo a diversos prejuicios que, por diversas razones, tienen algunas personas, ocasionando una situación de impunidad que favorece que se continúen violando los derechos humanos de estas personas.

«Las demandas de personas Lgbti desde hace tiempo no han variado, siguen siendo las mismas. Son tres, primero, la ampliación del matrimonio civil a las parejas del mismo sexo, que no se trata de un matrimonio o una figura legal diferente, ya que es el mismo matrimonio del que disfrutan las personas heterosexuales; en segundo lugar, que se les permita a las personas trans cambiar su nombre y su género en su documento de identidad, lo que le facilitaría mucho la vida, al momento de trabajar, estudiar, moverse, vivir y ser personas como cualquier otras, y, en tercer lugar, algún tipo de ley que sancione la discriminación de todo tipo, tal como lo recomienda Naciones Unidas”, detalla la activista en entrevista telefónica a propósito de la proximidad del día internacional del orgullo Lgbti, que se celebra el 28 de junio.

Resalta Quiteria Franco, que Naciones Unidas recomienda que en cada país cree un instrumento legal para proteger contra la discriminación, y que la misma debe incluir la protección contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género.

Añade que también está lo que llaman interseccionalidades, que una persona discriminada por su orientación sexual, color de piel, edad, condición social, pero todo en una misma ley.

“El Estado se ha negado a responder, todo se queda en intenciones y discursos vacíos. Se trata de demandas de hace muchísimos años, que una persona no puede ser discriminada por su color de piel, edad o condición social, o su orientación sexual, todo eso debe estar en una ley”, enfatiza Quiteria Franco, quien es licenciada en Educación, mención Idiomas Modernos, por la Universidad del Zulia, y profesora de la Universidad Simón Bolívar.

Indica que, actualmente, la acción de los activistas por los derechos humanos de las personas Lgbti se están orientando a la exigencia de políticas públicas más cercanas a la gente, y que, ante la imposibilidad de lograr avances legislativos a nivel nacional, han tenido que volcarse a lo local, pues los alcaldes, advierte, también tienen responsabilidad en la formación sobre derechos humanos y procurar el bienestar de la ciudadanía.

«Tratamos de mantener la esperanza, seguir haciendo dos cosas, acercarnos a los gobiernos locales y seguir visibilizando la negativa del Estado a mejorar la vida de las personas Lgbti», añade.

Cálculo desacertado

—¿Qué está impidiendo que se avance en el sentido de contar con leyes que garanticen los derechos humanos de las personas de la comunidad Lgbti?

—Tanto en las Asambleas Nacionales del chavismo y de la oposición ha habido resistencia a discutir estos temas. Hay un temor por parte de los políticos, que es irracional porque piensan que van a perder seguidores, votantes, si apoyan avances en derechos humanos y eso es totalmente absurdo. Tenemos ejemplos de avances en Asambleas (parlamentos) vecinas como en Argentina donde quienes no apoyaron avances legislativos de personas Lgbti no fueron electos y quienes sí lo hicieron resultaron reelectos. De manera que es un cálculo nada acertado.

En Venezuela no se conoce el número de personas que estarían a favor o en contra de instrumentos que garanticen los derechos de las personas Lgbti, por lo que ese temor es infundado. La mayor parte de la oposición viene por razones religiosas, pero el que argumente razones religiosas para negar derechos a personas Lgbti está violando el artículo 59 de la Constitución y quienes desde la Asamblea Nacional se apegan a la biblia para negar derechos están violando la Constitución.

—¿Cree que la sociedad venezolana está preparada para un debate de este tipo? Los políticos muchas veces se manejan por encuestas o por lo que creen que la gente apoya

—La sociedad no tiene que estar preparada, es decir, las personas no tienen que esperar que la sociedad esté preparada para poder disfrutar de sus derechos humanos, ya que estos no se someten a consulta ni opinión de la gente. No es un asunto de estar de acuerdo, de que no lo veo bien, que mi religión está en contra o que no me siento listo para tener un vecino gay. No depende de lo que piense el político o lo que piense la persona religiosa. Son derechos humanos que, al seguir negándolos, continúan siendo violados.

—¿Qué pasa con las demandas para poder efectuar un cambio de identidad por razones de género?

—Todas las demandas siguen a la espera. La de Tamara Adrián, como ella lo informó, cumplió la «mayoría de edad» (18 años). Desde el punto de vista legal es negación de justicia, es no contar con acceso a justicia, que las instituciones no respondan a las necesidades de la gente. Hay otras cinco demandas que introdujo otra organización en el país (siguen sin respuesta). Es la negación de derechos humanos y la imposibilidad de acceder a la justicia por parte de las personas Lgbti.

Uno diría, se dio un cambio de jueces en el TSJ, pero eso no nos otorga ningún tipo de esperanza. Se retiró la magistrada (Carmen) Zuleta (de) Merchán, quien tenía a su cargo estos recursos y que de alguna manera en 2008 había manifestado algún tipo de desacuerdo cuando se negó el matrimonio civil para parejas del mismo sexo. Ella sale y quien entra en su lugar (Tania D’Amelio) es una persona que ha estado en el Consejo Nacional Electoral (CNE), que ha impedido que se ejecute y hagan efectivos cambios de nombre de personas trans. Así que no hay ningún tipo de esperanza de que con ese cambio las demandas vayan a ser respondidas.

—En la Asamblea Nacional se anunció un derecho de palabra (a la activista transgénero Richelle Briceño) para la comunidad Lgbti. ¿Qué pasó con ello? ¿Han tenido conversaciones con el Parlamento?

—Lo que está sucediendo en la AN es otra muestra de exclusión que ha caracterizado a este gobierno. ¿Quiénes se reúnen en la AN? Primero, es dominada por integrantes del chavismo, que son las mismas personas que excluyen a organizaciones que somos críticas, que visibilizamos las fallas que hay y las violaciones a los derechos humanos. ¿Nos invitan? No, por supuesto que no, porque son intolerantes a la crítica. No tenemos ninguna participación allí. Existe una comisión que se creó para la diversidad sexual. Esa Asamblea tiene dos años de existencia, hay intenciones, palabras, las personas Lgbti estamos cansadas de discursos y buenas intenciones, necesitamos acciones, no está llevando a cabo ninguna acción que va a haber un avance legal.

Acota Quiteria Franco que, cuando se sancionan nuevas leyes, por ningún lado aparece nada que beneficie a las personas Lgbti. «No tenemos ningún tipo de esperanza».

Movimiento dividido

—¿Están cohesionados los grupos que defienden los derechos de las personas LGBTI?

—La división no es exclusiva del movimiento Lgbti, es una realidad. Se han llevado acciones en conjunto que, obviamente, las vemos de manera positiva. Sí existen las diferencias políticas e ideológicas que persisten. Públicamente participamos todas las organizaciones en una marcha, pero cuando hay discusiones en la Asamblea Nacional, donde se deciden avances legales, solo hay una parte del movimiento afecto al gobierno, allí no hay un movimiento cohesionado. No puede haber cohesión solamente para tener presencia pública, pero en lugares donde se toman decisiones son los afectos al gobierno. Así no son las cosas.

—En cuanto a la tipificación de crímenes de odio ¿cuál es la situación que usted observa?

—Para principios de este año, en los primeros tres meses, estábamos contando tres personas asesinadas, personas trans. El año pasado fueron 21 personas asesinadas, pero hay otros crímenes de odio que se incluyen, como los actos de discriminación en espacios públicos, el que se saque a personas de un restaurante, eso se cuenta como crímenes de odio, como el despido a alguien por ser una persona trans, también le están violando su derecho al trabajo.

El número de crímenes de odio es superior si tomamos en cuenta lo que te estoy mencionando: descalificaciones en plazas públicas, discriminación en ciertos espacios, prescindir del empleo, etcétera.

—¿Cuáles son las exigencias? ¿Qué está fallando?

—Todo el dilema institucional en Venezuela también nos afecta. Desde el punto de vista legal, quienes están cercanos al gobierno dicen ya tenemos una ley constitucional contra el discurso de odio, (Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacifica y la Tolerancia) la creó la Asamblea Constituyente que, sin embargo, se ha utilizado de manera discrecional para perseguir a la disidencia política, periodistas, defensores de derechos humanos. Las sanciones desproporcionadas, alejadas de estándares internacionales. A pesar de que se menciona, sí, la prohibición de discriminación por orientación sexual y se sancionan delitos de este tipo, no sirve por esta desproporción que hay y, además, la ausencia de mecanismos para recibir, procesar una denuncia y sancionar a quien comete delito. Desde ese punto de vista no nos sirve cuando se politiza o ideologiza pocos instrumentos legales que solicitamos.

—¿Por qué situación pasa una persona que denuncia violación de sus derechos humanos por orientación o expresión de su identidad sexual?

—Hay dos cosas. Se creó una defensoría nacional hace dos años. En su momento denuncié todas las irregularidades que rodearon esa designación. A este momento, no tenemos informes de gestión, ¿cuántos casos se atendieron? ¿Cuáles fueron las razones? ¿Cómo se procesó? ¿Cuánta gente se sancionó y de qué manera? Lo mismo está sucediendo con la recién anunciada Fiscalía Especial para personas Lgbti, de ambas instituciones se desconoce su personal, si están calificadas para el cargo, si tienen recursos oficinas, qué planes que tienen.

Hay total opacidad, lo ideal que se recomienda, de acuerdo a los estándares internacionales, es que todo el sistema de justicia sea transversalizado, no es la idea ir creando instituciones aparte sino que cualquier funcionario dentro Fiscalía y Defensoría esté en capacidad de atender una denuncia por discriminación basada en la orientación sexual o la identidad o expresión de género.

Priva la discrecionalidad de los funcionarios

—¿Cuál es la problemática de una persona que quiere cambiar su nombre por identidad sexual?

—Hay varias personas trans desde hace mucho tiempo que han cumplido con todos los requisitos para que se les otorgue cambio de nombre. Es un procedimiento sencillo: redactar una carta, justificar el cambio de nombre apegado al artículo 146 del Registro Civil. Se supone que en el año 2010, cuando se modificó ese artículo, era para que las personas trans pudieran cambiar su nombre, pero lo que ha privado es un juego de interpretación y la discrecionalidad del funcionario para permitir o negar el cambio de nombre.  Por ejemplo, si te llamas José María y el nombre María te ofende o te sientes vilipendiado porque es un nombre asociado a lo femenino, vas y dices que te lo quieres cambiar, eso se acepta, pero si va una persona trans y argumenta que se lo quiere cambiar porque está haciendo un procedimiento de cambio de sexo, se lo niegan. Esa sutileza quedó en el artículo, que tal como está redactado permite a cualquier persona trans cambiar de nombre, pero hace que prive la discrecionalidad del funcionario de turno.

—¿Qué necesita Venezuela como sociedad para respetar los derechos de estas personas?

—Necesitamos políticos y funcionarios conscientes de su responsabilidad como servidores públicos, que están al frente de un poder para mejorar la vida de la ciudadanía, no para que lo que lo guíen sean sus prejuicios. Requerimos políticos conscientes de su responsabilidad social, conscientes del respeto a los derechos humanos y un cambio cultural en la sociedad; no es solo el cambio legal, sino un cambio social y cultural.

«No podemos seguir diciendo que el matrimonio entre personas del mismo sexo no está bien porque no va con nuestra cultura, lo que debe privar es que sea una cultura de respeto, igualdad e inclusión. No podemos seguir utilizando las religiones que decidimos seguir para negar derechos a la ciudadanía. Necesitamos entonces políticos responsables y una sociedad consciente de que la sociedad debe ser inclusiva», asegura Quiteria Franco.

—¿Qué ha propiciado que en Venezuela se vean estos casos de discriminación?

—La impunidad. La tendencia mundial es a sancionar cualquier acto de discriminación que vulnere los derechos de una persona; es un factor que influye en el comportamiento social. Te pongo por ejemplo la ordenanza de Chacao, que es una ordenanza modelo, perfectible, mejorable, pero un modelo, y el problema es que no se aplica ni se respeta. Los que están fallando son quienes la promulgaron y están en la obligación de ejecutarla, que es la alcaldía, y también el concejo municipal.

Si vas a las dependencias públicas de Chacao no vas a ver en ningún lugar un cartel que diga aquí se prohíbe la discriminación. Quien se supone debe ejecutar y hacer cumplir su ordenanza ni siquiera la está cumpliendo en su propia casa. Hay que enviar un mensaje poderosísimo a la ciudadanía de que la discriminación no está bien, que nos separa y sale carísima a la sociedad.

Todos necesitamos de manera individual pasar por un proceso de reflexión, de deconstrucción cultural y ver que todos hemos sido víctimas de discriminación en este país, ¿hasta cuándo vamos a seguir discriminando a unas personas por una razón y otras por otras?