La Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero, incluyó a Venezuela en su informe sobre “El impacto del superciclo electoral de 2023-2025 en los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación”, presentado al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, este 18 de junio.
La relatora informó al Consejo sobre la represión sistemática y generalizada contra el activismo y la oposición política, las detenciones masivas, represalia, hostigamiento y la represión contra las manifestaciones pacíficas en Venezuela.
La administración de Maduro no respondió a las solicitudes de información de la relatora, pero descalificó en informe acusándola de usar únicamente “fuentes politizadas y no verificables”. “Envié una carta con un montón de solicitudes de información sobre lo que había pasado en las elecciones y no recibí ninguna respuesta”, respondió la relatora en Ginebra a ese gobierno.
En su informe, la relatora dijo que “En entornos restrictivos, la sociedad civil es crucial para exponer el fraude electoral y cuestionar las narrativas oficiales. En las elecciones presidenciales de la República Bolivariana de Venezuela de 2024, la sociedad civil contribuyó a revelar presuntas irregularidades, entre otros, en relación con la publicación de los resultados electorales, contribuyendo así a la búsqueda de la transparencia electoral”.
Afirmó que “En algunos países, las autoridades implementaron una represión sistemática y generalizada contra el activismo y la oposición política antes de las elecciones, eliminando cualquier espacio para el ejercicio del derecho a la libertad de asociación y la participación política en las elecciones. En Bangladés, Belarús, la Federación de Rusia y Venezuela la represión política ha sido generalizada, con miles de personas detenidas y torturadas, y muchas de ellas asesinadas”.
Destacó que en Venezuela “las campañas de los candidatos presidenciales de la oposición enfrentaron obstrucciones sistemáticas, por ejemplo: cierre temporal de determinadas entidades como represalia, hostigamiento y arrestos y detenciones de personas que prestaban servicios”… “La campaña de detenciones masivas en Venezuela tras las protestas que exigían transparencia electoral tuvo como objetivo sembrar el terror entre la población: se acusó de terrorismo a niños, niñas y adolescentes que fueron detenidos tras las protestas”.
Puso de relieve que “las protestas masivas posteriores a las elecciones fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad y grupos civiles armados afines al Gobierno, y se saldaron con 25 muertos y cientos de heridos o detenidos”.
Desatacó las constataciones de los mecanismos similares a la Misión de la ONU para Venezuela, señalando que “el carácter sistemático y generalizado de la represión contra opositores políticos y manifestantes, y a la gravedad de los crímenes cometidos como parte de la política de Estado, los expertos concluyeron que esa represión equivalía a crímenes de lesa humanidad en Bangladesh, Belarús y Venezuela, en estos dos últimos países incluso mediante la persecución por motivos políticos contra civiles percibidos como críticos del Gobierno o contrarios a este”.
En especial, para el caso de Venezuela, la relatora recordó que la Misión concluyó que “la represión de las protestas fue instigada por las altas esferas civiles y militares del Estado, (…) a través de declaraciones públicas de carácter amenazante”. “La impunidad y la evasión de la rendición de cuentas por la represión de las protestas relacionadas con las elecciones socavarían gravemente la participación política y las transiciones democráticas”, concluyó la relatora.
Finalmente, la relatora destacó el uso de programas espía y tecnologías de interceptación de comunicaciones como una amenaza crítica para el activismo cívico y la participación democrática. “Estas herramientas se han utilizado cada vez más, de forma indebida, para vigilar a figuras de la oposición, periodistas, activistas de la sociedad civil y manifestantes. Los titulares del mandato han alertado sistemáticamente de los peligros que conlleva el uso de programas espía para vigilar y atacar a activistas políticos y cívicos, destacando recientemente las aplicaciones móviles estatales de la República Bolivariana de Venezuela “VenApp” y “CC200”, que facilitan la vigilancia y la persecución ciudadana, pues permiten denunciar de manera anónima a quienes se percibe como opositores o protestan contra el Gobierno, calificándolos de “fascistas”.
El informe completo puede ser consultado en este vínculo Document Viewer o en el siguiente
