Carta abierta a la administración Trump sobre la importación de diesel a Venezuela │ PROVEA

Honorable Michael R. Pompeo
Secretario de Estado
U.S. Department of State
2201 C Street NW
Washington, D.C., 20230

Honorable Steven T. Mnuchin
Secretario del Tesoro
U.S. Department of the Treasury
1500 Pennsylvania Avenue NW
Washington, D.C., 20220

Estimados Secretario Pompeo y Secretario Mnuchin:

Nosotros, un conjunto de ciudadanos y organizaciones sociales de Venezuela y los EE.UU., les escribimos con referencia a algunos informes de prensa que indican que el gobierno de los EE.UU. está planeando, a partir de octubre de 2020, eliminar algunas exenciones a las sanciones que permiten la importación de combustibles a Venezuela. De ser cierto, vemos con preocupación que esta nueva medida restringiría el intercambio de diésel por petróleo crudo con empresas de Europa y Asia, las cuales actualmente representan casi el 80 por ciento del total de envíos del crudo que sale de Venezuela.

Esta decisión tendría consecuencias devastadoras para la población. En Venezuela, el diésel es el principal combustible para la generación de electricidad y para el transporte de carga de bienes básicos, que incluyen alimentos, medicinas y suministros humanitarios. Cortar el acceso al diésel en el país podría empeorar las ya muy precarias condiciones de vida de millones de venezolanos que dependen de esta cadena de suministro. Con base en estas premisas queremos hacer de su conocimiento lo siguiente:

Entre los usos del diésel están las plantas eléctricas de respaldo usadas en casi todas las clínicas privadas y en algunos hospitales públicos del país, incluyendo las plantas eléctricas recibidas como parte de los primeros envíos de ayuda humanitaria de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Con menos diésel, estos centros de salud podrían ver paralizadas sus actividades, en medio de una crisis sanitaria por la pandemia de la Covid-19.
Para 2018, el consumo de diésel se concentraba en el transporte de carga (85%) y de pasajeros (15%). Más del 70% de la población depende del transporte público para adquirir alimentos y medicinas. De no haber diésel, los traslados de las personas de menores recursos serán los más afectados.
Los vehículos de carga pesada dependen del diésel para el traslado de insumos desde los puertos y aeropuertos a las ciudades, e igualmente el transporte de animales vivos, cerdos, aves y ganado, hacia los mataderos industriales. De no haber diésel podría producirse una paralización del transporte de carga afectando, el traslado de insumos indispensables para la supervivencia de millones de familias venezolanas.
La energía eléctrica en Venezuela, hoy en día, se genera a partir de la hidroelectricidad y de fuentes térmicas. Esta última es básicamente a partir de gas natural (Metano) y de combustibles líquidos como Fuel Oil y Diésel. Las plantas de Fuel Oil dejaron de generar hace bastante tiempo, por lo cual la generación de energía por fuentes térmicas en Venezuela, en la actualidad, dependen del diésel exclusivamente.
Las plantas de generación de energía eléctrica de las regiones de los Llanos, Amazonas y Los Andes no tienen acceso a la red de gas natural de Pdvsa. De no poder funcionar con diésel, estas zonas del país pasarán a depender exclusivamente de la energía eléctrica generada en la represa del Guri, lo cual produciría mayor demanda y congestión en las líneas de transmisión, teniendo como consecuencia mayores racionamientos eléctricos.
Ante un cierre abrupto de producción se pondría en riesgo el suministro de gas al sector eléctrico en las plantas de Corpoelec de todo el país. Otra área afectada sería el suministro de gas metano a los consumidores residenciales. Esta medida afectará el gas que usa el 7% de la población de las principales ciudades. Paralelamente, se generaría una caída en la producción de los líquidos de gas natural, afectando la producción de propano, que es usado para las bombonas de gas. A la fecha, la producción local solo abastece el 25% del mercado. Una caída mayor en el suministro sería aún más grave para la población más vulnerable, que depende de estas bombonas para la preparación de alimentos.

Los venezolanos sufren las consecuencias de la caída de la producción de petróleo, así como la escasez de combustible, alimentos y medicinas en Venezuela, generadas por años de corrupción y mala gestión del régimen de Maduro, quien ha liderado un desastre económico sin precedentes, incluyendo un colapso en la industria petrolera, que ha mermado la capacidad de refinación de combustibles que en el pasado abastecían el mercado interno.

Una solución a la crisis parece aún lejana, mientras las sanciones azotan al pueblo de Venezuela las elites políticas y militares del régimen no parecen verse afectadas por estas amplias sanciones económicas; por el contrario, Maduro y quienes lo rodean parecerían estar más afianzados en el poder.

A la luz de estas reflexiones es importante tener presentes las recomendaciones de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien ha instado a la comunidad internacional a ajustar las sanciones económicas contra Venezuela para que “más recursos puedan ser destinados al tratamiento y prevención de la epidemia”. Por lo tanto, exhortamos al gobierno de EE.UU. a renovar su compromiso con una transición democrática y negociada en Venezuela, así como a apoyar mecanismos que mejoren las condiciones de vida de la población venezolana y, por ende, sus capacidades para la exigencia de una solución a la crisis. Para ello es necesario seguir otorgando excepciones a las sanciones petroleras que permitan el intercambio de diésel por petróleo crudo, con el fin de evitar las graves consecuencias que estas acciones podrían tener en la profundización del sufrimiento humano en el terreno, en medio de una emergencia humanitaria en el país, agravado por la pandemia del SARS-CoV-2.

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