Venezuela: crece la desigualdad y continúan los abusos
Informe Anual de Provea revela mayores retrocesos en derechos sociales y la continuidad de los abusos contra los derechos humanos
Caracas, 11.05.2022.- Provea presentó este 11 de mayo, la 33ª edición de su Informe Anual sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela correspondiente al período enero-diciembre de 2021. En este informe se registran los principales avances, retrocesos, obstáculos y amenazas para la realización de 14 derechos humanos en nuestro país.
Entre enero y diciembre de 2021 los hechos que tuvieron influencia en la situación de los derechos humanos en Venezuela se agruparon en cuatro tendencias: 1) el afianzamiento de la crisis de la institucionalidad democrática, a pesar de la realización de las elecciones parlamentarias, junto a una erosión de la representatividad de las fuerzas políticas polarizadas; 2) el ajuste económico de Nicolás Maduro que está generando una desigualdad histórica; 3) la actuación de los organismos internacionales obligó a las autoridades a tomar decisiones para intentar evitar el escalamiento de sus mecanismos de protección y monitoreo, y 4) amenazas y hostigamiento a la sociedad civil e intentos de mayor clausura del espacio cívico.
Persisten los retrocesos en derechos sociales
Entre enero y diciembre de 2021 los hechos que tuvieron influencia en la situación de los derechos humanos en Venezuela se agruparon en cuatro tendencias: 1) el afianzamiento de la crisis de la institucionalidad democrática, a pesar de la realización de las elecciones parlamentarias, junto a una erosión de la representatividad de las fuerzas políticas polarizadas; 2) el ajuste económico de Nicolás Maduro que está generando una desigualdad histórica; 3) la actuación de los organismos internacionales obligó a las autoridades a tomar decisiones para intentar evitar el escalamiento de sus mecanismos de protección y monitoreo, y 4) amenazas y hostigamiento a la sociedad civil e intentos de mayor clausura del espacio cívico.
En 2021, 94,5% de las personas consultadas por la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) estaba en situación de pobreza y, de estas, 76,6% en pobreza extrema. De hecho, los indicadores de la pobreza multidimensional asociados a la seguridad alimentaria y nutricional se vieron afectados por los relacionados con educación y los servicios públicos como agua y electricidad.
Para enero de 2022, el salario mínimo integral en Venezuela era el equivalente a 10 bolívares digitales en razón de la nueva expresión monetaria, es decir, $2,18 de ingreso al mes, el más bajo de Latinoamérica.
La pensión de los adultos mayores pasó en mayo de Bs. 1,8 a Bs. 7 bolívares digitales. Como contrapartida, las remesas familiares se han transformado en uno de los motores de la economía de Venezuela y ya representan al menos el 10% del PIB, un dato que supera unas cinco veces el ingreso por venta de petróleo.
Las brechas entre empleados públicos y privados se ampliaron. 58% de los trabajadores del sector privado están en condición de pobreza extrema, mientras que en el sector público la cifra alcanza 75%.
En el sector privado, solo 10% no es pobre, y en el sector público, solo el 4%. La crisis de movilidad afectó aún más las ocupaciones y oportunidades laborales de los pobres.
El hambre en Venezuela continúa en ascenso y con pronóstico desfavorable. La FAO ha estimado un incremento de la proporción de personas que sufrirían de hambre en Venezuela, a saber: 33,2% en 2019-2021, 38,4% en 2021-2023 y 61,7% en 2028-2030.
Desde el punto de vista cualitativo, entre 2019-2020 y 2021 la inseguridad alimentaria, en sus formas leve y moderada, estuvo alrededor de un tercio cada una, y uno de cada cuatro hogares refirió inseguridad alimentaria severa, específicamente la relacionada con experiencias asociadas al hambre.
Esto fue más acentuado en los hogares en pobreza extrema, que redujeron el gasto en alimentos en 13,3% en este mismo periodo.
El acceso económico a los alimentos continúa siendo precario debido al incremento constante de precios y el bajo poder adquisitivo de los hogares.
La Sociedad Venezolana de Pediatría reveló que el 20% de los niños menores de 6 seis meses sufren de desnutrición.
La reducción de las capacidades del sistema sanitario público continuó intensificándose en 2021. Tras 22 meses de pandemia generada por el Covid-19 –y el estado de colapso estructural en el que se encuentra hace más de seis años–, el sistema mostró una caída operativa de servicios que alcanzó hasta 70% en 2019 y más de 80% entre 2020 y 2021.
Provea registró un total de 71.186 denuncias de personas que sufrieron vulneraciones del derecho en los centros de salud públicos de Venezuela, un incremento de 340% con respecto al año anterior.
En materia educativa, aun cuando no hay cifras oficiales de matrícula de los sistemas de educación básica y universitaria, las estimaciones de organizaciones independientes muestran que la conjunción de la educación a distancia y los efectos de la Emergencia Humanitaria Compleja disminuyeron la asistencia escolar: la tasa de escolaridad de 2021 según la Encuesta Nacional sobre Juventud (ENJUVE) es la más baja desde 2014; según la Encuesta Nacional de Establecimientos Educativos, 682.000 niños abandonaron la escuela básica desde 2018 y de acuerdo a los resultados de la ENJUVE, 821.000 jóvenes de 15-19 años y 880.000 de 20 a 24 años abandonaron la educación formal en los últimos dos años.
Las mujeres siguen víctimas de la desigualdad
En el Informe Anual 2021, Provea incluyó un capítulo especial sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres venezolanas, donde se registraron abusos, inconvenientes y amenazas para la realización de sus derechos.
Un tercio de las venezolanas se encuentra fuera del mercado laboral y, entre las ocupadas, apróximadamente el 52% se encuentran en el mercado informal. 68% de las víctimas de redes de tráfico en Venezuela son mujeres, 1 de cada 5 víctimas son niños, niñas y adolescentes y 7 de cada 10 personas son niñas mujeres.
La desigualdad laboral y política sigue afectando a las mujeres venezolanas. En los comicios electorales de 2021, de 2,730 postulados para 335 alcaldías, solo 496 fueron mujeres (18%), resultando electas apenas 60 alcaldesas (18% de alcaldías). De las 183 personas postuladas para las 23 Gobernaciones, 20 fueron mujeres y de ellas solo 2 fueron electas (8,7%). Un 56,4% de las mujeres trabajadoras de la Administración Pública recibe una menor remuneración frente a los hombres en las mismas ocupaciones.
Venezuela posee una de las tasas de embarazo adolescente más altas de la región alcanzando el 85,3%. Según AVESA, el 58,6% de las mujeres consultadas no pueden pagar el costo de una consulta médica ginecológica y su tratamiento, de 10 solo 3 han recibido asesoría médica y educación formal suficiente sobre Infecciones de Transmisión Sexual y métodos anticonceptivos y de prevención.
A pesar del escrutinio internacional, los abusos siguen generando víctimas
En 2021 las instancias internacionales de protección de los Derechos Humanos, mantuvieron su mirada sobre Venezuela. La gravedad de las violaciones documentadas, les han obligado a afianzar el monitoreo e investigación sobre lo que viene ocurriendo en el país.
En una decisión histórica, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Sr. Karim Khan, anunció el pasado 04.11.2021, su decisión de abrir una investigación sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Esta es la primera decisión de esta naturaleza que se dicta en el continente y constituyó, en opinión de Provea, un paso gigantesco en el camino de las víctimas para obtener justicia.
No obstante, durante 2021 continuaron los abusos.
La alta letalidad en el accionar de la fuerza pública continuó en 2021. Policías y militares produjeron la muerte, en todo el territorio nacional, de 1.414 personas. Siendo nuevamente resultado de una política de Estado, de violaciones masivas y sistemáticas del derecho a la vida, y evidencia de manera categórica que la actuación de los agentes del Estado sigue contrariando las normas nacionales e internacionales sobre el uso diferenciado y progresivo de la fuerza, obviando la obligación de no causar privaciones arbitrarias de la vida.
Estamos ante una situación de miles de presuntas ejecuciones extrajudiciales, las cuales pueden constituir crímenes de lesa humanidad, competencia de la Corte Penal Internacional (CPI).
Luego de un alentador descenso registrado en 2020, un nuevo incremento en el número de víctimas de torturas, genera honda preocupación.
Entre los meses de enero y diciembre de 2021, Provea registró un total de 241 víctimas de torturas, un aumento de 148,4% respecto al número de víctimas reportadas en 2020, y el segundo registró más alto de los últimos 33 años.
Sumado a ello, el aumento de las técnicas de abusos basadas en la humillación y reducción física y psicológica de las víctimas, mediante las agresiones sexuales, genera especial preocupación.
En el 60,9% de las denuncias de torturas recogidas en el presente Informe Anual, las víctimas dijeron haber sufrido algún tipo de abuso sexual, que en varios casos incluyó violación.
El CICPC, fue señalado como responsable en 155 denuncias de torturas –con igual número de víctimas- para alcanzar el 64,3% del total de denuncias registradas en 2021.
Finalmente, las diversas acciones adoptadas en el ámbito de la justicia para evadir la acción de la Corte Penal Internacional fueron infructuosas y confirmaron que el Estado venezolano carece de voluntad genuina de investigar y sancionar a los responsables de los crímenes cometidos de conformidad con los principios del Estatuto de Roma.
:::::::::::::::::::::::::::
El prólogo de este Informe Anual fue escrito por Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
