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Las ONG Provea y Laboratorio de Paz han venido monitoreando la situación del derecho a la vida y la libertad personal durante el llamado “estado de alarma”, decretado a partir del 13 de marzo de 2020, como respuesta a la pandemia de Covid-19 en el país. Esta normativa establece una serie de restricciones a la movilidad personal con el fin de disminuir la posibilidad de contagio de la población, así como una serie de potestades al poder ejecutivo para ejecutar una política pública de emergencia frente a la enfermedad. Aunque según la Constitución un estado de alarma debe durar 30 días, prorrogables únicamente por 30 días más, ha venido siendo extendido sucesivamente hasta el día de hoy. Sin embargo, el problema del estado de alarma no es únicamente jurídico. La ausencia de un reglamento que detalle las responsabilidades de las diferentes autoridades, y las posibles sanciones para quienes incumplan las diferentes medidas, ha generado un amplio margen para la interpretación discrecional de lo que significa una cuarentena sanitaria. Sumado a la debilidad institucional y la ausencia de una cultura democrática de mantenimiento del orden público, se han generado un contexto en el cual las violaciones a los derechos humanos han sido la norma y no la excepción. Ambas organizaciones han concluido que el principal objetivo del estado de alarma no ha sido enfrentar la epidemia de Coronavirus, sino aumentar el control de la población y elevar los niveles de censura.

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Este informe monitorea las detenciones arbitrarias ocurridas durante los meses de septiembre y octubre de 2020, para contabilizar una cifra total ocurrida en los primeros 8 meses del estado de alarma en Venezuela. Estas privaciones arbitrarias de la libertad se dividen en dos grandes bloques: Las que ocurrieron contra líderes sociales, políticos, periodistas y defensores de derechos humanos y, de manera separada, las detenciones ocurridas en el contexto de protestas.

Pare el primer grupo durante el mes de septiembre de 2020 ocurrieron 20 detenciones de manera arbitraria, mientras que para el mes de octubre se habrían realizado 37 privaciones de libertad, para un total entre los meses de marzo a octubre de 216 detenciones. De esta cifra las mujeres representan el 23.6% del total, con 51 víctimas. Los estados donde más han ocurrido estas privaciones arbitrarias de libertad son el Distrito Capital, con 51 detenciones, y Miran- da con 30 casos. El perfil de las personas detenidas nos sugiere las razones de su detención. 66 víctimas, el 30.5% del total, fueron periodistas; 56 víctimas son líderes políticos, voceros de organizaciones partidistas o funcionarios, representando el 25.9%; 29 casos de miembros del sector salud, para el 13.4%; 24 víctimas eran sindicalistas o trabajadores, para un 11.1% y, finalmente, defensores y defensoras de derechos humanos, con 15 detenciones, un 6.9% del total. Estos 5 perfiles suman el 87.8% del total de casos.

Sobre las detenciones ocurridas como consecuencia del ejercicio del derecho a la manifestación tenemos que durante el mes de septiembre de 2020 ocurrieron por lo menos 120 detenciones en manifestaciones en Venezuela. Un mes después, en octubre, se registraron 41 privaciones de libertad. En total, durante los primeros 8 meses de estado de alarma en Venezuela por lo menos se han detenido a 603 personas en contexto de manifestaciones en el país, siendo el 6.1% mujeres, es decir 37 personas. A diferencia de las detenciones por razones políticas, las privaciones de libertad por demandas sociales se focalizan en el interior del país, siendo los tres estados con mayores detenciones a manifestantes Yaracuy (80 personas), Zulia (77 personas) y Nueva Esparta (60 detenciones). El organismo de seguridad con mayores detenciones a manifestantes es la Guardia Nacional Bolivariana, con 282 casos, seguido por la Policía Nacional Bolivariana, con 44 situaciones.

Durante el mes de septiembre una persona fue asesinada en el contexto de manifestaciones. Se trata de Víctor Rivero, de 20 años, quien se encontraba protestando en Cariaco, estado Sucre, por la falta de alimentos en el sector El Porvenir del municipio Sucre. Se señala como presuntos responsables a funcionarios de la Policía del estado. Con esta situación sumarían 7 los casos de personas asesinadas en el contexto de manifestaciones bajo el estado de alarma, lo que reitera la ausencia de una política democrática de control del orden público.

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