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Las organizaciones no gubernamentales Provea y Laboratorio de Paz han venido monitoreando la situación de los derechos civiles y políticos bajo el estado de alarma en Venezuela, la normativa promovida por el Ejecutivo Nacional para responder a la pandemia de Covid-19. El objetivo era corroborar o no si la pandemia tenía una efectiva política pública con énfasis en lo sanitario o, al contrario, se convertía en una oportunidad para restringir derechos y aumentar los mecanismos de control, dada la debilidad de la institucionalidad democrática en el país. Este seguimiento ha hecho foco en las detenciones arbitrarias, tanto por razones políticas como las ocurridas en el contexto de manifestaciones, como las violaciones al derecho a la vida en el marco de protestas.

En este reporte, correspondiente a los casos detectados durante el mes de noviembre de 2020, se registraron 9 detenciones arbitrarias por razones políticas, la menor cifra registrada a partir del mes de marzo, cuando se decretó el estado de alarma. 3 de estas detenciones fueron contra líderes políticos y 3 ocurrieron en el estado Falcón. Con estos 9 casos, el total acumulado de detenciones arbitrarias desde el mes de marzo es de 225 casos.

Para las protestas durante el mes de noviembre de 2020 ocurrieron por lo menos 14 detenciones en manifestaciones en Venezuela. De manera similar a las detenciones arbitrarias, la cantidad de casos fue una de las menores registradas durante todo el estado de alarma en el país, igualando a las detectadas en el mes de mayo. En total, durante los primeros 9 meses de estado de alarma en el país por lo menos se han detenido a 617 personas en contexto de manifestaciones en el país. Durante el mes de noviembre no ocurrió ninguna violación al derecho a la vida en el contexto de manifestaciones, manteniéndose en 6 la cantidad de personas que han perdido la vida durante protestas realizadas bajo el estado de alarma en Venezuela.

Es pronto para sostener si la disminución de estos indicadores es una tendencia, lo que confirmarán los datos a revelarse en los próximos informes. En opinión de Provea y Labora- torio de Paz hubo una decisión expresa por parte del Ejecutivo de impedir las violaciones, dado el impacto de los informes divulgados por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y, especialmente, la Misión Independiente de Determinación de Hechos, también de Naciones Unidas, quien ha venido recopilando información sobre crímenes contra la humanidad ocurridos en Venezuela.

Puede leer el informe completo AQUÍ

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