PROVEA continúa con el monitoreo sobre las condiciones laborales y medio ambiente de trabajo del personal de salud en Venezuela, en contexto de la pandemia del COVID-19.
El décimo cuarto mes de pandemia por COVID-19 no ha resultado ser la excepción, las cifras de contagios y fallecidos siguen siendo alarmantes en un país azotado por la indolencia de un gobierno ilegítimo, emergencia humanitaria, crisis económica y ausencia de políticas públicas, por mencionar algunos elementos.
El número de fallecimientos de personal de salud continúa siendo alto, pero en el mes de mayo hubo una reducción significativa al pasar de 144 muertes en el mes de abril a 70 durante el mes de mayo.
En esta undécima edición de nuestro Boletín sobre Personal sanitario, condiciones y medio ambiente de trabajo en Venezuela, se documentó el monitoreo realizado en mayo, mes en el que se registró un leve descenso en los casos y muertes por COVID-19, de acuerdo a la información oficial. Mientras que en el mes de abril se reportaron 37.186 casos, en mayo hubo al menos unos 36.482 casos.
Este mes destaca el anuncio e implementación de la segunda fase de aplicación masiva de vacunas que, hasta el momento, ha sido una gran incógnita para la ciudadanía. No existe un plan de vacunación que permita conocer sec tores de población priorizados, plazos para el cumplimiento de metas de vacunación, lugares y mecanismos de seguimiento y evaluación. Persiste además la opacidad en otras aristas del asunto: número de contagiados, recuperados y fallecidos; número de personas vacunadas; centros de salud operativos, entre otros.
Es la pandemia del COVID-19, y la improvisación e ineficacia del gobierno de facto, que acrecienta la crisis del derecho a la salud en Venezuela, donde afortunadamente se cuenta con el profesionalismo y decorosa voluntad del personal sanitario que demuestra, cada día, el compromiso con la ciudadanía y el país en los momentos más aciagos.
Desde PROVEA hacemos un llamado a quienes detentan el poder a preservar la seguridad del personal sanitario, proteger su salud mental, contratar y formar a más personal, entre otros aspectos, de acuerdo con lo normado en nuestra legislación nacional y convenios internacionales.
Provea recoge en esta edición, los aspectos más resaltantes ocurridos en torno a esta temática durante el mes de mayo y reitera el propósito de denunciar las violaciones de derechos humanos de los trabajadores y la población producto de las inacciones del gobierno, así como el reconocimiento y acompañamiento al personal sanitario por tan loable labor.
Personal de salud fallecido
Sobre el personal sanitario, cifras de la organización Médicos Unidos de Venezuela, indican que el pasado mes de mayo fallecieron 70 trabajadores sanitarios, una disminución importante en contraste con abril, donde se reportó 144 fallecimientos.
Esta disminución significativa de muertes de personal de salud en el mes de mayo, puede obedecer a dos factores: el personal de salud empezó a ser vacunado e incremento, en lo personal, de medidas más estrictas de protección ante el incesante fallecimiento de personal sanitario.
Dados los datos anteriores, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), señaló que
la tasa de letalidad del personal sanitario en Venezuela se ubica en 5,45%, siendo una de las tasas de letalidad más elevadas de trabajadores sanitarios del continente. “La tasa de letalidad es un indicador que mide la relación entre los muertos y los casos confirmados de coronavirus, por lo queel 5,45 % se traduce en que de cada 100 miembros del personal sanitario que contraen coronavirus en Venezuela, cinco de ellos fallecen por la enfermedad del Covid-19”. En contraste con Chile que es de 0,15 y Bolivia la cual es la segunda más alta con 1,90. Ello indica la magnitud de la lamentable situación del personal de salud en Venezuela.
Reiteramos la gran preocupación y hacemos, una vez más, un llamamiento al gobierno de Nicolás Maduro para una vacunación oportuna, inmediata y eficaz en Venezuela. Recordando que antes de la declaración de pandemia, el país atraviesa una Emergencia Humanitaria Compleja que tiene como una de sus características más notables, una crisis en el sector salud en todas sus dimensiones.
Es urgente el reajuste de medidas de protección a los trabajadores de la salud y el cumplimiento efectivo de la legislación, como la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat).
Jornadas de vacunación politizada y sin adecuados protocolos preventivos
En Venezuela no existe un plan de vacunación acorde a las necesidades de la población. Los funcionarios del gobierno de Maduro no han informado oportunamente a la ciudadanía sobre las fases de vacunación, cantidad de vacunas ingresadas, grupos prioritarios, cantidad de vacunados, entre otros aspectos, promoviendo la violación del derecho a la salud, la vida y el acceso a la información pública.
La segunda fase del denominado Plan Masivo de Vacunación fue anunciada por, Carlos Alvarado, ministro de salud, sin conocer los resultados e impacto de la primera fase ni del propio plan que se afirma existe. La distribución de esta fase consta de 1.300.000 dosis a nivel nacional. “Hemos planificado vacunar el 70% de la población de aquí a diciembre, en la medida que vayan llegando las vacunas esperamos crear la inmunidad de rebaño. Sólo para este fin de semana se contará con 27 puestos de vacunación en todo el territorio nacional y a partir del lunes se activarán 77 puntos, los mismos tienen gran capacidad para vacunar entre 600 y 1.000 personas diarias aproximadamente”.
Además de las inconsistencias en torno a este punto, lo más grave de esta fase de vacunación es que el proceso de selección se realizará a través del Sistema Patria, monedero virtual a través del cual se gestionan los bonos económicos y pago de combos CLAP. Es una plataforma política desarrollada por el gobierno de Maduro para imponer la coacción social y ser un elemento discrecional. El derecho a la salud está consagrado en la Carta Magna y es responsabilidad del Estado “garantizarlo a todas las personas, sin distinción alguna, como parte del derecho a la vida”. La cédula de identidad debería ser el único documento e incluso en caso de no poseerse no ser factor de impedimento para ser beneficiario de la vacuna.
A este respecto, Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital, denunció la selección de personas para ser vacunadas mediante los consejos comunales. “La vacunación no puede ser competencia de los consejos comunales. Hemos recibido denuncias de que eso está sucediendo. No conformes con violar la Constitución y los Derechos Humanos de los venezolanos al vacunar mediante un sorteo del sistema Patria, ahora pretenden poner a los consejos comunales a decidir quién se vacuna”.
Se sigue incurriendo en la mala práctica del no diseño, planificación y ejecución de programas y acciones que vayan dirigidos a la población con enfoque en derechos humanos y rendición de cuentas. La improvisación del Plan Masivo de Vacunación debe ser rediseñado, debe comprender la participación de diversos actores y, necesariamente, el conocimiento de los resultados de la primera fase como mecanismo que permitirá medir indicadores, hacer seguimiento y ajustes de acuerdo a la realidad del país.
La última semana de mayo el gobierno habilitó un registro alterno en el ministerio de salud para aquellas personas no registradas en el sistema patria. De esta manera se amplió la posibilidad de vacunar a personas sin carnet de la patria.
La improvisación del gobierno en las convocatorias para la vacunación y la politización que produce hacer convocatorias por interés proselitista, genera amplias concentraciones de personas en lugares habilitados para la vacunación, sin que se garanticen las medidas de distanciamiento y otras medidas preventivas. Así, las jornadas de vacunación terminan favoreciendo contagios.
Persisten las malas condiciones de trabajo
En todas las ediciones del boletín sobre personal sanitario y condiciones y medio ambiente de trabajo de PROVEA, se ha denunciado enfáticamente las precarias condiciones que presentan los centros de salud del país y, por consiguiente, el personal sanitario. La indolencia para hacer frente a la crisis, agudizada con la pandemia, ha sido una de las características del gobierno de Maduro.
En este período, personal de salud del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes de Mérida, protestó por falta de combustible, pero también para exigir aumento salarial y dotación de insumos. Cristian Pino, médico residente, señaló que “solicitamos mejorar el sueldo de todo el personal de salud. El presidente dice que subirlo a tres dólares fue difícil, pero nuestra situación en el hospital también es difícil. La situación es deplorable. Cierran servicios y muere gente por falta de atención”.
Situación similar ocurre en el Hospital José Vasallo Cortés de Sabana de Mendoza, ubicado en el municipio Sucre, estado Trujillo, en el que un grupo de trabajadores sanitarios protestaron porque apenas reciben de 5 a 10 litros de combustible. Situación que les dificulta trasladarse a los centros de salud, considerando las deficiencias del transporte público.
Son estas algunas de las razones por la cual 70% del personal de enfermería de Ciudad Guayana, en el estado Bolívar, han abandonado sus puestos de trabajo para dedicarse a actividades informales, pues, los centros de salud son inadecuados para el ejercicio profesional así como la insuficiencia de salarios.
Del mismo modo, durante este mes, miembros del sector de enfermería se concentraron en varios estados del país para exigir un plan de vacunación y dotación de equipos, material clínico y medicinas en los hospitales
Con base a estas situaciones, se incumple lo normado en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo sobre “Regular los derechos y deberes de los trabajadores y trabajadoras, y de los empleadores y empleadoras, en relación con la seguridad, salud y ambiente de trabajo” y en otras legislaciones y decretos de emergencia, sobre la prioridad del derecho a la salud y del personal sanitario ante situaciones de emergencia.
A través de estos informes mensuales queremos contribuir a visibilizar las condiciones en que laboran las personas en el sector de la salud pública en Venezuela. Y también, hacer un llamado de ayuda y acción a las autoridades en sus distintos niveles de responsabilidad nacional, estatal y municipal como de las agencias internacionales que vienen prestando ayuda humanitaria en Venezuela.
Desde Provea, expresamos nuestra fuerza y palabras de condolencias a todo el personal de salud que está librando la batalla por la vida en Venezuela, especialmente bajo condiciones tan difíciles, también a todos los familiares que perdieron a sus seres queridos. Enviamos nuestro reconocimiento porque realizan día a día su labor, a pesar de las situaciones económicas y sociales, y los riesgos a los que se exponen por dar atención a la población afectada por la COVID-19.
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