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En los próximos días la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) debe decidir si el Examen Preliminar que actualmente se realiza sobre nuestro país, en el cual se analizó la posibilidad que han ocurrido crímenes contra la humanidad en Venezuela a partir del año 2014, da paso a una investigación concreta o se desestima. La fiscal Fatou Bensouda anunció a finales del año 2020 que antes de culminar su período tomaría una decisión al respecto. Karim Khan, quien ha sido seleccionado como nuevo fiscal general de la CPI, asumirá su cargo a finales de junio.

Si la CPI abre una investigación formal sobre Venezuela sería un acontecimiento histórico en América Latina. Quedaría reivindicada la valentía de las víctimas, quienes a pesar de todos los obstáculos y amenazas tendrían la posibilidad de obtener justicia a través de los mecanismos internacionales de protección.

Esta Fiscalía, radicada en La Haya, ha recibido información de denuncias de persecución política, ejecuciones extrajudiciales, torturas, desaparición forzada y abusos sexuales. La CPI investiga penalmente responsabilidades individuales, a diferencia de otros organismos que dilucidan la responsabilidad estatal. En esta fase, en el caso de que ocurra, el rol de las víctimas seguirá siendo clave.


En el contexto de crisis que vive Venezuela, las organizaciones de promoción de derechos humanos mantenemos un esfuerzo continuo en el registro y documentación de las violaciones sistemáticas de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población a fin de acompañar a las víctimas y darle visibilidad a estos atropellos ante la comunidad nacional e internacional.

En este sentido el Boletín Crisis en Venezuela, surge como un espacio semanal en el que como movimiento de Derechos Humanos, reunimos las situaciones que actualmente reflejan la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela.

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