El Plan Zamora validó la acción de los grupos paramilitares del chavismo durante las manifestaciones del año pasado.

Veintiocho de las 158 muertes ocurridas en medio de las movilizaciones se atribuyen a los civiles armados progobierno. 

Lorena Meléndez G. │ @loremelendez

Paola Martínez@mpaolams

Especial para Provea

Miguel Ángel Colmenárez Milano, de 36 años, caminaba cerca de su casa la noche del 11 de abril de 2017 junto a cuatro amigos cuando se topó con sus victimarios. En la calle 60 de Barquisimeto, en el estado Lara, se habían levantado dos barricadas en medio de la ola de manifestaciones antigobierno que se habían desatado en el país una decena de días atrás. Miguel Ángel había salido para ver lo que sucedía en la calle y poco después fue rodeado por hombres armados y encapuchados. Eran los colectivos que minutos más tarde lo asesinaron.

Uno de los testigos de aquella noche relató el hecho hace un año a Runrun.es. Recordó que los atacantes arribaron en tres taxis del Gobierno y una camioneta Bronco de color negro. Estos conocían a unos supuestos guardias nacionales que minutos antes habían interrogado a la víctima y a sus amigos. Pero los colectivos no los dejaron moverse después de que los uniformados les habían entregado sus documentos de identidad. “Nos preguntaron si estábamos manifestando, porque en la calle 60 con carrera 15 había protestas en ese momento. Les dijimos que no y hasta nos agarraron las manos y nos las olieron para ver si olían a gasolina. Nos requisaron y nos quitaron los teléfonos y todas nuestras pertenencias”, afirmó el sobreviviente.

Lo siguiente que pasó fue que a los cinco amigos los tiraron al piso. Los golpearon, los insultaron y amenazaron con matarlos. Detonaron frente a ellos un artefacto explosivo y luego les ordenaron que huyeran en carrera y, en ese momento, dispararon. A Miguel Ángel lo impactaron en la espalda con una escopeta y la bala salió por su pecho. A uno más lo hirieron en el glúteo y en la pierna y a otro en el hombro.

Miguel Ángel murió esa misma noche con una herida que le desprendió las vísceras y 11 perforaciones en el cuerpo producto de la explosión previa. Fue la primera víctima –de un total de 28, de acuerdo con datos recogidos por Runrun.es–, que murió en manos de colectivos paramilitares durante las protestas de 2017, un año en el que estos grupos de civiles armados vieron respaldadas sus acciones de asedio, represión y amedrentamiento con un proyecto gubernamental que, según expertos, los amparó: el Plan Zamora, que desde el 18 de abril –poco después de la caída de Miguel Ángel– instauró la “unión cívico-militar” con el fin de acabar con el “golpe de Estado” que, para el presidente Nicolás Maduro, “la derecha” quería darle a través de las movilizaciones de calle.

El mismo día que mataron a Miguel, al noreste de Barquisimeto, un miembro de un colectivo le disparó a Brayan Principal, un adolescente de 14 años que había salido de su residencia, ubicada en la “Misión Vivienda” Alí Primera, a comprar la cena para su familia. Cuando apenas se asomó a la entrada del urbanismo, comenzó una balacera que buscaba castigar a quienes habían cerrado el acceso a la vía principal de la zona con barricadas de cauchos quemados en medio de la calle. El muchacho murió al día siguiente con el intestino perforado.

No es casual que las dos primeras víctimas de los colectivos hayan caído en Lara. Según el registro de Runrun.es, esta fue la segunda entidad en registrar el mayor número de homicidios cometidos por los paramilitares durante las movilizaciones del año pasado: seis en total. En este conteo únicamente los supera Táchira, con ocho muertes, donde solo durante el fin de semana de la elección de la asamblea nacional constituyente –cuando la oposición instó a manifestar en los alrededores de los centros de votación para intentar impedir los comicios– asesinaron a seis personas. Mérida se ubica en el tercer lugar, con cinco caídos, Distrito Capital le sigue con tres y Barinas con dos.

En el informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) se señala que la presencia de los grupos armados se confirmó en al menos 523 manifestaciones de las 6.729 que se registraron entre abril y julio del año pasado. Según la organización, en la mayoría de las movilizaciones donde estuvieron los paramilitares se reportaron heridos de bala, sobre todo en Distrito Capital, Táchira, Mérida, Lara –los cuatro estados en donde hubo mayor cantidad de víctimas fatales por estos grupos–, además de Carabobo, Miranda, Aragua y Anzoátegui.

Los ataques letales de los colectivos marcaron también la ola de manifestaciones contra Nicolás Maduro en 2014, quien ese mismo año salió en su defensa y aseguró que se habían organizado para defender a las comunidades en las que operaban. En ese período de movilizaciones asesinaron al menos a 13 personas, según el informe “Protestas y Derechos Humanos en Venezuela – Febrero a mayo 2014”, de Foro Penal: Juan Montoya, Robert Redman, Génesis Carmona, Wilmer Carballo, Giselle Rubilar, Daniel Tinoco, Jesús Enrique Acosta Matute, Guillermo Alfonso Sánchez Velásquez, Wilfredo Rey, José Cirilo Darma García, Gabriel Daza, Argenis Hernández y Miguel Antonio Parra. Con estos homicidios confirmaron, más que en ningún otro momento, que eran el brazo armado del nuevo gobierno.

Del patrón al sistema de represión

El informe “Venezuela: Manifestantes en la mira de colectivos paramilitares” del OVCS, indicó en febrero de 2015 que estos grupos estaban incluidos dentro de un patrón represivo practicado durante las movilizaciones de 2014 e ideado por el gobierno para responder ante cualquier manifestación de disidencia.

El documento estableció como características de este modelo de violencia los ataques conjuntos entre Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB) y paramilitares; el uso sistemático de sustancias tóxicas y armas de fuego; la práctica de tratos crueles, inhumanos o degradantes a manifestantes, así como de torturas y abusos sexuales; las detenciones arbitrarias, los allanamientos sin orden judicial y la criminalización de la protesta; la ejecución de ataques a quienes manifiestan durante la transmisión de cadenas presidenciales de radio y televisión; “fuertes” operativos de la fuerza pública y paramilitar ejecutados después de las 6:00 pm; agresiones a periodistas durante la cobertura de movilizaciones; persecución a dirigentes de partidos de oposición y a líderes sociales y estudiantiles.

Cuatro años después, y luego de un período más largo y masivo de protestas, el director del OVCS, Marco Ponce, advierte que el patrón es un sistema consolidado que dejó más de un centenar de víctimas fatales.

“El espectro de la represión avanza en Venezuela y hablamos de un sistema de represión donde los colectivos paramilitares tienen un rol fundamental (…) En 2017 formaron parte de la estructura del Plan Zamora que diseñó el gobierno de Maduro para reprimir y afectar los derechos humanos de los civiles. Hoy, los colectivos tienen mayor presencia en la vida política nacional y hasta en la económica”, recalcó el sociólogo, quien recordó la participación que los paramilitares tienen en el control social que se ejerce a través de la distribución de alimentos en las zonas que están bajo su mando, ya sea por medio de la entrega de las bolsas o cajas de los Comités Locales de Alimentación y Producción (CLAP), o de la “vigilancia” en las colas de los abastos y supermercados.

Mencionó también que el poder que detentan queda evidenciado en imágenes como las difundidas en febrero pasado cuando el prófugo de la justicia y líder del colectivo La Piedrita, Valentín Santana, se grabó al besar y estrechar la mano –sin soltar sus armas largas– de la alcaldesa de Libertador, Érika Farías; la jefa del Distrito Capital y ex ministra de la Suprema Felicidad, Carolina Cestari; el ministro de Cultura, Ernesto Villegas y el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral del Distrito Capital (Zodi), general de división Fabio Enrique Zavarse, durante la realización de ejercicios militares en la parroquia 23 de Enero, ante una hipotética “invasión” por parte de Estados Unidos a Venezuela.

Ponce también alertó sobre las relaciones de estos grupos con los cuerpos de seguridad del Estado. “Lo que vemos actualmente es mayor coordinación porque forman parte del sistema operativo para control y represión de las manifestaciones. Ya no son simplemente simpatizantes que están allí para agredir a manifestantes, ahora cuentan con el aval de la fuerza pública y esto es una características sustancial porque cada vez con mayor fuerza e independencia (…) Son grupos sumamente poderosos, organizados, coordinados, tienen mayor fortaleza porque forman parte del Plan Zamora, que les da protección desde el gobierno de Maduro para que puedan operar con total impunidad”, concluyó.

Hubo un par de episodios que evidenciaron la complicidad entre las fuerzas de seguridad y los colectivos el año pasado. Muestra de ello es el video que confirmó que en Barquisimeto, estado Lara, los colectivos paramilitares salían a hacer rondas desde la sede del Comando de Zona Número 12 de la Guardia Nacional en Lara. La explicación al respecto del general de División José Rafael Torrealba, comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Lara (Zodi Lara), fue que estos grupos ayudaban a los militares en las labores de recolección de escombros que quedaban en las vías a raíz de las barricadas. El episodio recuerda que, en 2014, los motorizados armados de Valencia salían con el mismo propósito desde las instalaciones militares del Comando Regional (Core) Número 2 de la Guardia Nacional Bolivariana.

El asalto armado al Parlamento por parte de los paramilitares es otro aval de la alianza. El ataque ocurrió durante la sesión del 5 de julio de 2017, día en el que se celebraba un nuevo aniversario de la Independencia de Venezuela. La excusa de los encapuchados fue aplicar “el 350” –el artículo de la Constitución venezolana que se refiere a la desobediencia civil– a la Asamblea Nacional que está en manos de la oposición. En el hecho se registraron al menos 12 heridos, entre los cuales estuvieron los diputados Armando Armas, Américo De Grazia, Nora Bracho, Luis Carlos Padilla y Leonardo Regnault, así como robos a varios empleados y periodistas que hacían la cobertura de la sesión especial.

Un audio difundido después del ataque reveló que las acciones de los colectivos se hicieron en coordinación con “Golfo Noviembre Lugo”, el comandante de la Guardia Nacional, Bladimir Lugo que está encargado de la seguridad del Capitolio.

Después del Plan Zamora

La noche del 18 de abril, Nicolás Maduro encabezó una transmisión televisiva desde el Palacio de Miraflores. Sentado a una amplia mesa de madera, flanqueado por el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, y por el vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, y frente al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López y los jefes militares de cada región de la nación, informó sobre la activación del Plan Estratégico Especial Cívico-Militar Zamora, que tendría como fin “garantizar el funcionamiento de nuestro país, su seguridad, el orden interno y la integración social”. El anuncio lo hizo horas antes de la marcha  “Venezuela en la calle contra el golpe”, también conocida como “La madre de todas las marchas”, que había sido convocada por la oposición venezolana en todos los estados de la nación para el 19 de abril, feriado en el que se celebra la Proclamación de la Independencia del país.

Aunque nunca se dieron más detalles sobre lo que significaba la puesta en marcha de este proyecto, ni se divulgaron archivos relacionados con este, Runrun.es tuvo acceso al documento en el cual se esbozaba su definición, alcance y plan de acción.

De acuerdo con este papel, el Plan Zamora no establecía directamente la ejecución de operaciones en conjunto con los colectivos paramilitares, aunque sí tomaba en cuenta la participación de “fuerzas amigas” y entre estas incluía a civiles trabajadores de los ministerios.

“Realmente, los referentes normativos en este contexto son lo de menos porque son decisiones que se toman de facto. Por la arbitrariedad que pueden conllevar, es difícil que se consiga una base normativa. Sin embargo, hay algunos artículos difusos que asoman ciertos rasgos autoritarios y de controles ilimitados por parte del Estado”, señala al respecto Keymer Ávila, profesor universitario e investigador especializado en temas de violencia.

Hubo un informe, de carácter urgente, que se envió a los distintos Comandos Estratégico- Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en horas de la noche del 18 de abril – mientras Maduro lo anunciaba– que sí precisaba que dentro de la ejecución del Plan Zamora se activaría la “inteligencia popular”.

Para entender este último término, hay que remontarse a diciembre de 2016, cuando el presidente de la República relanzó el Sistema Popular de Protección para la Paz, un mecanismo que buscaba fortalecer la alianza “gobierno-pueblo” para la planificación de políticas y planes “en materia de Seguridad Ciudadana contra cualquier amenaza interna o externa”.

Tal programa contempla un “subsistema popular” integrado por áreas en las cuáles los colectivos han tenido una importante participación: comunas, consejos comunales, organizaciones populares y de base –desde medios comunitarios hasta grupos religiosos, deportivos y culturales– para realizar tareas de vigilancia, seguridad y contraloría social”. Ejemplo de ello en la parroquia 23 de Enero, que según en OVCS concentra el mayor número de colectivos, son las comunas El Panal 2012, formada por el colectivo “Alexis Vive Carajo”, o las actividades deportivas o de vigilancia ejecutadas por el colectivo “Tres Raíces”, el mismo que era comandado por Heyker Vásquez, el funcionario de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana que resultó muerto en la operación en la que mataron al piloto rebelde Óscar Pérez.

Para Ávila, “normativamente hablando”, este sistema es uno de los indicios de cómo el gobierno empezó en los últimos años a “entremezclar temas de seguridad ciudadana con temas de seguridad nacional, a confundir a policías con militares y a insinuar o dejar la ventana abierta para la participación de civiles en este tipo de materias”. También, sostiene, lo ha hecho por medio de una serie de modificaciones a la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional, entre otros decretos y resoluciones.

Un día después de la activación del Plan Zamora, hubo tres muertos durante las manifestaciones y en dos de estos homicidios estuvieron involucrados los colectivos paramilitares. Uno de ellos fue Carlos Moreno Barón, de 17 años, a quien mataron en Caracas en uno de los 26 puntos de donde saldría la movilización con rumbo a la Defensoría del Pueblo: la Plaza La Estrella de San Bernardino.

Ana Barón, la madre de Carlos, quien vivía en la cercana parroquia Candelaria, aseguró que su hijo había salido a jugar fútbol en la urbanización Chuao, ubicada en el sureste de la capital venezolana. Sin embargo, por razones que aún desconoce, terminó en medio de la manifestación en la zona norte de la ciudad, apenas a cinco cuadras de su vivienda. Hasta allí llegó más de una decena de miembros del Frente 5 de Marzo, que iban encapuchados y a bordo de motocicletas, y que dispararon contra la concentración y lanzaron bombas lacrimógenas. El piquete de la Policía Nacional Bolivariana que había estado en el lugar, específicamente en la calle paralela a donde cayó Carlos Moreno, se había retirado minutos antes del suceso.

El mismo día que mataron a Carlos Moreno murió también Paola Ramírez, la joven de 23 años que recibió un disparo cuando era asediada por paramilitares en San Cristóbal. Aquella mañana marchaba por la Quinta Avenida, en el centro de la capital tachirense, cuando corrió para ponerse a salvo de las bombas lacrimógenas y los disparos de perdigones que la Guardia Nacional utilizaba para atacar la movilización.

La muchacha puso algunas cuadras de distancia del lugar de represión y horas después, cerca de las 3:00 pm, se disponía finalmente a salir de la zona cuando tuvo que huir de nuevo, esta vez de la persecución de civiles armados. Unos 50 hombres en moto que hacían rondas para ahuyentar a manifestantes que se mantenían en el lugar, encontraron a Paola en la Plaza San Carlos, conocida también como la Plaza de Las Palomas. Videos grabados por habitantes de uno de los edificios cuyo frente da hacia el sitio mostró cómo los hombres persiguieron a la estudiante y la agredieron para quitarle sus pertenencias. Segundos después, le dijeron que corriera.

Paola cruzó el parque mientras los colectivos caminaban con la gorra tricolor, la misma popularizada por Henrique Capriles en 2012, y el bolso negro de ella en mano. En segundos, las detonaciones comenzaron a sonar y lo próximo que la cámara captó fue el cuerpo inmóvil de la joven en medio de la calle. Murió por un impacto de una bala en su costado izquierdo.

A pesar de que existen dos teorías sobre lo sucedido, ninguna ha podido ser comprobada. La primera, respaldada por testigos del hecho de los edificios cercanos, indica que fueron los colectivos quienes dispararon a la manifestante. La segunda, que la Fiscalía General de la República ha tomado por cierta, fue que lo hizo un hombre quien, desde una terraza ubicada a más de 100 metros de distancia, abrió fuego contra los hombres que agredían a la muchacha. La bala encontró a Paola por error.

Cerca del lugar donde cayó Paola, jóvenes que habían armado una barricada fueron perseguidos por los paramilitares, quienes les dispararon con armas de fuego. Un manifestante que estuvo en el sitio el día del hecho contó a Runrun.es que los efectivos de la GNB –tal como sucedió con la PNB cuando mataron a Carlos Moreno– desaparecieron minutos antes de la llegada del grupo armado. También, vecinos del lugar sufrieron robos a varias casas por parte del grupo armado, por lo que llamaron a las autoridades y fueron atendidos por oficiales de la Policía Nacional Bolivariana, quienes tomaron la denuncia pero se rehusaron a perseguir a los culpables, pues alegaban no tener armas para defenderse, contó un testigo.

De los colectivos y el aval de los uniformados a sus acciones también habla el informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (Acnudh) sobre las protestas, publicado el 30 de agosto de 2017. Allí se indicó que los paramilitares irrumpían de forma rutinaria en las protestas “a bordo de motocicletas y portando armas de fuego”.

“El Acnudh recibió numerosos testimonios coherentes entre sí que indican que los colectivos armados operan con el consentimiento de las fuerzas de seguridad y de las autoridades locales, y en ocasiones en coordinación con las mismas. Las fuerzas de seguridad no han protegido a las personas frente a la acción de los colectivos armados, y de hecho, han abandonado el lugar a la llegada de dichos colectivos o no han hecho nada para detenerlos. Un testigo informó al Acnudh que cuando unos colectivos armados atacaron a un grupo de manifestantes, él habría pedido a un policía que los detuviera, pero él le respondió: “lo siento, pero tenemos órdenes de no actuar”, dice el documento.

Tal impunidad no solo ha beneficiado a los colectivos al momento de cometer crímenes, sino incluso cuando se abren procesos judiciales en los que están implicados. De acuerdo con el registro que lleva Runrun.es sobre los caídos en 2017, solo seis de los 28 homicidios en los cuales hay paramilitares involucrados tienen personas acusadas. Hasta ahora, ninguno de estos ha comenzado la fase de juicio. Ninguno ha sido sentenciado por su crimen.

Policías de civiles

Ávila sugiere que, más allá del término “colectivo” –el cual califica como “un continente vacío de contenido, porque puede significar cualquier cosa”–, hay que llamar la atención sobre los miembros que componen estos grupos.

“A mí me preocupa que hay grupos de funcionarios de los cuerpos de seguridad que actúan de civil (…) Es más lógico poner el acento en ese tipo de organizaciones. ¿En cuántos de estos casos no habrán actuado funcionarios sin uniforme? Porque esas botas no las tiene todo el mundo… Hasta qué punto terminan construyéndose sujetos sociales que, de pronto, no son tales. Hasta qué punto, con ese discurso (del colectivo), no se termina invisibilizando que realmente son funcionarios de los cuerpos de seguridad actuando de civil”, agrega.

El experto comenta que, incluso en aquellos colectivos en los cuáles haya tanto civiles como uniformados, o antiguos miembros de cuerpos de seguridad del Estado, el mayor peso lo tienen justamente estos últimos. “Son ellos quienes tienen el acceso a las armas, las tácticas, el entrenamiento, las motos. En el poco material de prensa y video que ha registrado la actuación de los colectivos, todo el perfil que tienen y todo lo que llevan encima pertenece a funcionarios. Eso es evidente”, recalca.

En el caso de las protestas 2017 hay, al menos, un policía detenido que sí pertenecía a un colectivo. Se trata de uno de los victimarios de Carlos Moreno: Jonathan Ramón Camacho Delgado, apodado “Jonathan 38”, de 36 años, quien fue detenido el 16 de mayo de 2017 e identificado como oficial jefe de la Policía del municipio Sucre, adscrito a la división de Patrullaje y al puesto de control permanente de la urbanización Macaracuay. Por su cargo policial, el ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Néstor Reverol, quiso implicar a Polisucre (cuerpo policial que en ese momento dependía de una alcaldía opositora) en el caso. Sin embargo, desde allí se respondió que ese día el oficial no estaba prestando servicio.