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Carlos Ayala es abogado especialista en Derecho Publico y en Derechos Humanos. Autor de varias publicaciones. Fue Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (1997-98), así como Relator sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de las Americas (1996-1999); y Presidente de la Comisión Andina de Juristas (2003-2009). Fue Miembro de la Comisión Internacional designado por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, para el proceso de selección y nombramiento de la Corte Suprema de Justicia de Ecuador (2005); y Consultor de la ONU para el proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala (2009). Defensor de derechos humanos ante organismos nacionales e internacionales; asesor en derechos humanos en varios organismos internacionales (UNESCO, ONU y otros) y organizaciones no gubernamentales. Individuo Numero 28 de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, y Miembro de la Comisión Internacional de Juristas con sede en Ginebra, Suiza (2012). (Fuente)

¿Qué implicaciones tiene lo que ha declarado la Canciller Delcy Rodríguez sobre comenzar las diligencias para retirar a Venezuela de la Organización de los Estados Americanos?

En primer lugar un anuncio como ese parece más una bravuconada porque no es posible que si organizaciones internacionales como la OEA están pensando en adoptar decisiones conforme a los tratados que la rigen, simplemente si un Estado no está de acuerdo tiene derecho a que no se adopte la decisión o, en caso contrario, a irse de la organización. Salirse de la OEA no es tan fácil: implica denunciar su tratado constitutivo, y eso tiene unos pasos complejos porque si tú planteas la denuncia del tratado y la notificas ante la Secretaría General, aún tienen que transcurrir dos años para que se haga efectiva, es decir que por los dos años siguientes después de que notifiques, sigues siendo un Estado miembro de la OEA. Además, la Carta tiene la disposición de que antes de desligarte tienes que haber cumplido todas tus obligaciones internacionales.

Esto último plantea varios problemas adicionales porque salirte como Estado miembro de la OEA tiene repercusiones tanto en el área de los derechos humanos como en múltiples otras áreas de cooperación financiera, científica, cultural, ambiental, de salud, etcétera. Fíjate que, por ejemplo, en la cooperación financiera que desarrolla el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este es un Banco que es parte del Sistema Interamericano, es decir, los Estados miembros de la OEA son los que pueden ser Estados miembros del BID. Hay muchos que dicen, por ejemplo, que el interés de Cuba por regresar al Sistema Interamericano era básicamente por el tema financiero.

Además, pensando en el tema de los Derechos Humanos, sería muy grave porque después de la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Comisión Interamericana sigue ejerciendo jurisdicción sobre Venezuela bajo la declaración de derechos americana, bajo la Carta de la OEA y otros instrumentos. Esto ha permitido protecciones cautelares, informes de la comisión, etcétera.

En ese sentido, pretender escapar del Sistema Interamericano implicaría una serie de graves consecuencias que haría pensar más bien si, además con ello, no se estaría violando no solamente el derecho internacional sino el derecho constitucional venezolano, porque de alguna manera la Carta de la OEA, al contener como uno de sus órganos principales la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hace que sea un tratado que cumple, no solamente con los propósitos de fortalecer los derechos humanos de la Constitución (con la cual sería una decisión de carácter regresivo que restringirá la protección internacional. Sería abiertamente inconstitucional), sino que de alguna manera la carta de la OEA goza de esa situación especial de la Carta Magna que le da rango constitucional a los tratados relativos a derechos humanos. En este caso, no es un tratado de derechos humanos pero tiene disposiciones relativas a la protección de los DDHH como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sería un contrasentido total, una pretensión absurda de aislamiento institucional de DDHH, financiera, científica, salud, cultural intercambio educativo… eso parece algo tan absurdo como irrealizable y mucho más en pleno siglo XXI.

¿Cuál sería la actitud responsable que el gobierno debería tomar para asumir su responsabilidad ante la OEA?

El tema es que hay decisiones sobre principios, valores y objetivos como son los de la Carta Democrática Interamericana que no siempre requieren el consenso del gobierno afectado.

Esto se trata del Estado Venezolano, que históricamente ha estado vinculado al Sistema Interamericano, no del gobierno de turno. En ese sentido, debe adoptarse una posición más de Estado, teniendo en cuenta que este está integrado por todos los poderes públicos, por la población, por los distinto sectores. Y si hay principios de la Carta Democrática como el pluralismo, la separación de poderes, las elecciones, el respeto a la voluntad popular, que están siendo señalados como violados por el actual gobierno de Venezuela, lo normal es que haya una actitud de apertura, de reconocimiento de los abusos y de restablecimiento de la normalidad institucional.

¿La aplicación de la Carta implica suspensión?

En principio es importante que se entienda que la Carta democrática está activada desde el primer informe del Secretario General. Además, hay resolución del Consejo Permanente aplicándola.

Con respecto a la suspensión: No. Tiene que ver con ir gradualmente aplicando mecanismos diplomáticos para la solución de la crisis y el restablecimiento del orden constitucional. Un ejemplo de ello sería que en esa reunión de cancilleres se cree una misión de cancilleres del hemisferio que venga a Venezuela a hacer un levantamiento de la situación; a rendir informe a la asamblea de cancilleres; a proponer salidas para el restablecimiento del orden constitucional. Venezuela tendría que cooperar con esas iniciativas.

La suspensión, que por cierto es de los privilegios y no de las obligaciones, está reservada como última carta, como mecanismo ya más de reacción y castigo que como mecanismo inicial. Es como le ocurrió al gobierno de Honduras que siguió siendo un Estado miembro pero el gobierno está suspendido temporalmente mientras se restablece la institucionalidad. En este caso, pasaron casi dos años hasta que tuvieron lecciones, se firmó en Cartagena un acuerdo para normalizar la situación y así hubo de nuevo incorporación plena a la OEA.

¿Cuál es el costo político para el país de esta negativa del gobierno a aceptar el apoyo internacional para el restablecimiento del orden democrático?

Yo pienso que eso va ocasionando un aislamiento del país. En el ámbito internacional, va pareciendo un país contracorriente: que se va aislando; un país donde van ocurriendo situaciones que preocupan cada vez más a la comunidad internacional. No solamente a la OEA sino a las Naciones Unidas.

La consecuencia es la percepción de un gobierno que para no restablecer la normalidad del orden constitucional democrático ha optado por aislarse y seguir extremando esas violaciones. Indudablemente esto no ayuda ni al gobierno ni al país para que sea percibido como un Estado serio, garante de los derechos humanos, que cumple con sus obligaciones internacionales. Eso, aparte de tener consecuencias como las que mencioné, seguramente aleja y espanta inversiones, así como también tiene consecuencias en todo el orden de la cooperación internacional.


Jennifer Peralta
Prensa Provea